Venezuela puede esquivar el peligro de una guerra civil, pero eso no excluye el horizonte que parece más inminente con el paso de los días y la escalada de la tensión: el de un gran derramamiento de sangre. Las dos partes se detestan mucho más que lo que tienen para proponer de manera positiva, sus contradicciones internas quedan subsumidas en una polarización tan emocional como irracional: los pobres aman a Chávez aunque Chávez aplicó políticas neoliberales y aumentó la marginación y la miseria; la clase media, los ricos y la “aristocracia obrera” de los trabajadores sindicalizados lo acusan de construir un Estado totalitario criptomarxista, cuando si eso fuera cierto ellos no estarían manifestándose en Plaza Altamira y otros lugares finos de la capital sino en la panza de los tiburones del Mar Caribe. Más que una dictadura, la situación se parece a la anarquía: oficiales superiores en actividad acampan en Plaza Altamira contra Chávez pero Chávez no puede arrestarlos ni darlos de baja porque la propia Constitución Bolivariana que él hizo aprobar y de la que está tan orgulloso les concede libertad deliberativa; mientras la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, integrados por sendas bandas de oportunistas que deciden según sople el viento, se sacan chispas en “interpretaciones” de una Constitución reconociblemente caótica para decidir cuándo y cuántos referendos o elecciones contra Chávez pueden convocarse ya.
Dentro de este cuadro, la oposición escaló geométricamente su ofensiva en las últimas dos semanas. Después de haber fracasado con el intento de golpe militar en abril, ahora están desarrollando un intento de golpe de Estado económico cuyo epicentro es el mismo que dio inicio al golpe de abril: los gerentes antichavistas del monopolio estatal energético Petróleos de Venezuela (PDVSA). Y luego de una “huelga general” de acatamiento irregular y diaspórico, ahora intentan la paralización industrial y económica de facto por medio del cierre de la provisión de energía, que en unos días cayó en alrededor de un 60 por ciento, y del bloqueo comercial del país por medio de la inmovilización de la flota petrolera de la Marina Mercante, que también en unos días redujo de 2.800.000 barriles a sólo 80.000 el flujo de exportaciones diarias a Estados Unidos. Viniendo desde el centro de una economía en que el petróleo representa el 55 por ciento de los ingresos fiscales, el 80 por ciento de las divisas y el 25 por ciento del PBI, es fácil entender la rápida propagación de la medida de fuerza: las estaciones de servicio agotan sus existencias de combustible, hay desabastecimiento en los supermercados, y aumenta la paralización del transporte. Vale decir, no se trata de una huelga general sino de un lock-out patronal en regla, muy reminiscente a los paros de camioneros que ayudaron al desencadenamiento del golpe militar contra Salvador Allende en 1973. Como para subrayar el parecido, Estados Unidos terció el viernes en la disputa haciendo suyo el reclamo opositor de elecciones anticipadas, imposibles dentro de una Constitución que sólo permite un referéndum revocatorio a mitad del mandato de Chávez, en agosto de 2003.
En este forcejeo, ninguna de las partes parece estar diciendo enteramente la verdad. Si Chávez está tan seguro del apoyo popular, ¿por qué no accede a un referéndum consultivo, que deje al desnudo el bluff de la oposición? Y si la oposición está tan segura de la inevitabilidad de su triunfo en las urnas, ¿por qué está tratando de sacar a Chávez por la fuerza, sin esperar a agosto? La situación de los actores armados presenta otras incógnitas. Después del fracaso del golpe de abril, el Ejército parece haberse replegado en una actitud de institucionalidad y prescindencia, pero no la Guardia Nacional y las distintas policías, que respaldan a Chávez. En un momento se especuló con la militarización de PDVSA, pero no se produjo, y la Marina de Guerra venezolana fue incapaz de retomar el control de la flota petrolera inmovilizada. Los Círculos Bolivarianos, bandas de lúmpenes organizados al servicio de Chávez, nadiesabe qué pueden hacer. Y la estrategia de la tensión es peligrosa, en una sociedad civil en que la portación individual de armas es un fenómeno generalizado.