En medio de una huelga general que pasará a la historia por su masividad, y que demostró en la calle un ascenso superlativo del descontento popular, el Parlamento de Portugal votó ayer un presupuesto de austeridad sin precedentes. El plan, aprobado con los votos de los legisladores del gobierno socialista y el principal partido de la oposición conservadora, intentará hacer frente a la crisis económica que recorre toda Europa y que también hace sentir sus inevitables consecuencias políticas. Por este mecanismo de urgencia, el gobierno luso intentará recortar el déficit del 9,3 por ciento al 4,6 por ciento del Producto Interno Bruto y reducir la deuda pública en 20.000 millones de euros en los próximos cuatro años. Y para que esto ocurra, el plan prevé una importante rebaja salarial con su consiguiente alza de impuestos (el IVA llegará al 23 por ciento), eliminación de casi 25 mil empleos en el sector público, disminución de las prestaciones sociales, congelamiento de las pensiones y recortes del gasto e inversión estatal.

Su aplicación inmediata pondrá en marcha una importante reducción del poder adquisitivo en un país donde los que tienen aún la suerte de conservar un trabajo fijo poseen un salario inferior a los 800 euros.