Una de las ideas que más comentan los estudiantes, los académicos y algunos políticos chilenos para salir de la crisis educativa es la convocatoria a un plebiscito. Convocar al pueblo a que diga qué tipo de enseñanza quiere para los secundarios y universitarios. Apoyan esta iniciativa los movimientos sociales, los universitarios y profesores, el ex presidente y referente de la Concertación Ricardo Lagos, así como el ex candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami. Sin embargo, puertas adentro de La Moneda la propuesta genera una fuerte resistencia. Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional (RN), partido del presidente Sebastián Piñera, ya dijo que llamar a un plebiscito sería “peligrosísimo”.

El referéndum vinculante no está contemplado en la Constitución heredada de Pinochet. Por eso, el primer paso para que este plan se ponga en marcha es que el Congreso reforme la Carta Magna. Aquí se presenta un nuevo escollo a sortear: la desconfianza que el movimiento estudiantil tiene de todos los políticos, tanto de derecha como de izquierda. Jorge Pavez, ex presidente del Colegio de Profesores de Chile, insistió en este punto en diálogo telefónico con Página/12. “Las políticas educativas se articularon entre la derecha y la Concertación. La demanda de reformas estructurales hoy está fuera de las políticas del gobierno de Piñera. Existe una profunda desconfianza de que el cambio se haga dentro de los actuales marcos institucionales y con una clase política en evidente crisis. Independientemente de si lo permite o no la Constitución, cada vez toma más cuerpo la idea de que la voluntad popular se exprese”, afirmó el académico que trabaja en la Universidad Central de Santiago y ayer participó de la masiva movilización.

Como un estudiante más, Pavez no ocultó su escepticismo ante las intenciones de la clase política de su país. “Unos 51 diputados de la Concertación respaldan las demandas de los estudiantes, pero esperan que se reestablezca el diálogo cuanto antes. La derecha no se plantea siquiera la posibilidad de una consulta porque no contempla ninguna decisión por fuera de los marcos institucionales vigentes.”

Entre los referentes de la derecha gobernante, Carlos Larraín hizo pública su negativa a hablar de la consulta, así como su bronca por el apoyo de los diputados opositores al movimiento estudiantil. “El plebiscito no está contemplado en la Constitución y para eso vamos a tener que convocar al Parlamento, el mismo que no quiere ejercer sus funciones. No nos pueden someter a esa gimnasia, es una abdicación de sus responsabilidades y sé que hay personas de la Democracia Cristiana (DC, Concertación) que no están en esa postura”, declaró el senador y presidente de Renovación Nacional a radio Agricultura. Larraín dijo más: “Yo le tengo terror a un plebiscito, no sólo miedo; en el actual ambiente es peligrosísimo, una cosa disolvente, claramente subversiva”. El dirigente incluso está lejos de querer buscar una salida por la vía legislativa. “No nos va a doblar la mano una manga de inútiles subversivos que están instalados, muchos de ellos, desgraciadamente, en un Parlamento que no supimos ganar”, dijo días atrás.

Algunas voces de políticos de peso se hicieron escuchar a favor de una consulta popular, entre ellas la del ex presidente Ricardo Lagos. “La Constitución no puede consagrar que el Estado sea subsidiario de la educación. Tiene que haber una forma de llamar a plebiscito para zanjar los temas de mayor interés. No hay que tenerle miedo a la ciudadanía, la ciudadanía es más inteligente”, dijo, citado por el diario digital El Mostrador.

El ex candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami coincidió con Lagos. Pero aclaró que la posibilidad del plebiscito sí está contemplada en el texto constitucional. “Vivimos una crisis de democracia representativa. Tenemos que ir por el camino de la democracia deliberativa. Es decir, hay una mayoría cotidiana que se expresa que está por encima de la mayoría electoral. Frente a la mayoría cotidiana corresponde el plebiscito. Contrariamente a lo que dicen los medios chilenos, existe un artículo interpretativo en la Constitución que propone acotar los referéndum a nivel de las intendencias y a casos de pelea ‘brutal’ entre Ejecutivo y Legislativo. Entonces una mayoría parlamentaria podría ampliar el horizonte de la consulta. Yo creo que Chile debe plebiscitar si aprueba una educación gratuita o no y si deben pagar más impuestos los más ricos para financiar la educación”, dijo a esta cronista.

Cuando se le preguntó por qué es partidario de una universidad con aranceles diferenciados en vez de gratuidad, Enríquez-Ominami respondió que la clave es el financiamiento. “El arancel diferencial es la fórmula que elijo, junto a una reforma tributaria viable, que afecte a los minerales, los alcoholes y la hidráulica. Supone recaudar cientos de miles de dólares con los que podríamos financiar aranceles diferenciados, es decir, paga más el que gana más. Hoy en día no existe ningún estudio en Chile que diga cómo se financia la gratuidad completa. Pregunto: ¿esa gratuidad se la cargamos a quién? ¿Los chilenos estamos de acuerdo con gravarles a las empresas un 35 por ciento de impuestos? Aun gravando a las empresas el 25 por ciento, sólo se logran 2500 millones de dólares anuales y no alcanzan para financiar a casi un millón de estudiantes. Y por último, ¿por qué en 21 años no se ha hecho un plebiscito? Porque no tenemos correlación de fuerzas suficientes.”

La frase conduce al punto inicial. El movimiento estudiantil está buscando cambiar las estructuras que se mantuvieron desde la vuelta a la democracia.

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