Las razones de las protestas impulsadas por los estudiantes chilenos se inscriben en la complejidad de un sistema que golpea y se ensaña con los sectores más vulnerables. En la educación secundaria, los colegios se dividen entre gratuitos y municipales, y aunque en ambos casos no se paga ningún tipo de arancel, la trampa reside en que en aquellos municipios con mayores recursos los estudiantes pueden acceder a una formación de mejor calidad. Precisamente, una de las demandas de los estudiantes es que el gobierno de Piñera trabaje en la desmunicipalización de esos establecimientos, que no dependen directamente del Estado, sino de cada región. Luego están los colegios secundarios particulares con fines de lucro y sin fines de lucro, a quienes el Estado subvenciona. A este cuadro se agregan los colegios privados, que se autofinancian, con cuotas mensuales que ascienden a los 200 mil pesos chilenos (unos 450 dólares mensuales aproximadamente). Pero ése es sólo la punta de un conflicto de mayores ribetes.

La pirámide comienza a angostarse más cuando los jóvenes terminan sus estudios secundarios. Todo aquel que decide ingresar a la universidad debe rendir una Prueba de Selección Universitaria (PSU). Los estudiantes que se manifiestan por estos días señalan que los jóvenes que viven en zonas con mejores recursos cuentan con mejores chances de obtener buenos resultados en esa prueba, con lo que se generan enormes desigualdades que ensanchan la brecha social al momento de ingresar a la universidad.

Los estudiantes que sortean el PSU favorablemente tienen la posibilidad de ingresar a instituciones de prestigio como la Universidad de Chile, de Santiago, de Concepción o de Taracapa. Si desaprueba el examen, el estudiante se ve condicionado a ingresar a una universidad privada. Dependiendo de qué carrera elija, los aranceles promedian los 500 dólares mensuales, tanto en la universidad pública como en la privada. Carreras tradicionales como Medicina, Abogacía, Derecho o Arquitectura se encuentran entre las más caras.

Según datos consignados por la asamblea de estudiantes chilenos exiliados en Buenos Aires, tanto en la educación municipal como en la subvencionada por el Estado, el apoyo por alumno no supera los 60 mil pesos chilenos (unos 150 dólares aproximadamente). En muchos casos, los arreglos de los colegios e insumos son pagados con el dinero de los docentes.

Existen dos formas de pago para que los estudiantes costeen sus estudios: el crédito corto se recibe directamente del banco prestador, y en el crédito con aval el Estado es el garante en un convenio que firma con los bancos privados y los jóvenes y la universidad. El reclamo de los estudiantes es que, al tener que pagar cualquiera de esos créditos, el costo de la carrera se duplica. En los últimos tiempos, un grupo de cientistas políticos chilenos comenzó a utilizar el término apartheid para referirse a la distancia entre las diferentes clases sociales promovida por una oferta educativa dispar para colegios privados y gratuitos.