Es momento de matizar el término de moda, expropiación. Pongámosle sujeto a tan polémica palabra, ¿expropiación, a quién? ¿para quién? La expropiación implica inexorablemente que otro sujeto se apropia de algo. Se expropia aquello que ha sido previamente ya expropiado a favor de otros. Este es el caso de Bolivia, en donde, como en tantos otros lugares, el neoliberalismo optó por expropiar al pueblo sus servicios básicos para pasarlos a manos de empresas privadas trasnacionales. No obstante, estas expropiaciones fueron traducidas por el relato hegemónico en clave de modernización del Estado, racionalidad económica, competencia perfecta o eficiencia de asignación.

La expropiación a los bolivianos de los servicios básicos, entre ellos la electricidad, se produjo bajo el programa neoliberal de (des)ajuste estructural y de planes de (des)estabilización. A través de estas privatizaciones, Bolivia se convirtió, según el propio BID, en el mejor alumno de la clase con el valor más alto del ridículo índice de Avance en Reformas Estructurales (0,7 frente al 0,58 del promedio latinoamericano). La realidad optó por contradecir a los indicadores neoliberales. El pueblo boliviano rechazó ese patrón acumulador de riqueza basado en esta doble cara: expropiación a la mayoría y apropiación por una minoría. Esto dio lugar a una elevada concentración de la riqueza en manos de unos pocos.

El gobierno de Evo Morales comenzó a cristalizar todas las nuevas demandas de una Bolivia justa y soberana, en aras del vivir bien de todos en detrimento del exclusivo vivir mejor de unos pocos. Para ello, en los primeros meses de su presidencia, proclamó el 1º de mayo del 2006 el decreto supremo que abría un proceso de nacionalización de los hidrocarburos, que dio paso a que los ingresos públicos procedentes de esta partida se triplicaran en el año 2011 respecto del 2005. Luego, fue el turno de la mina de estaño de Huanuni, y de la empresa de fundición Vinto, entre otras. Otro 1º de mayo, esta vez en 2008, el Estado adquirió el 100 por ciento de la telefónica Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), filial de la italiana Telecom. En 2010, nacionalizó cuatro empresas eléctricas, consiguiendo actualmente que tres cuartas partes de la generación de electricidad sea pública.

En esta secuencia, este 1º de mayo del 2012, Bolivia recupera la empresa transportadora de electricidad a través de la promulgación del decreto supremo 1214, que nacionaliza las acciones de la Red Eléctrica Internacional SAU, subsidiaria de la Red Eléctrica Española, en la Empresa Transportadora de Electricidad SA. Señálese, y así evitamos el falso discurso de la defensa del interés de los españoles, que la empresa expropiada sólo tenía el 20 por ciento de las acciones en manos del sector público. Este decreto boliviano se sustenta en el artículo 378 de la Constitución Política del Estado que considera como facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética.

Esta medida es producto de una nueva estrategia, no improvisada, de recuperación de los recursos naturales y garantía de los servicios básicos. Bolivia ha decidido poner punto y final a una política de expropiación del patrón económico a favor de los dividendos trasnacionales. Este país apuesta de nuevo por revertir dicha política entreguista, apropiándose de su propia soberanía. Para ello, opta por la construcción de un Estado integral que supere su condición histórica de “aparente”. Capaz de ser dueño de sus propios recursos, de producir, satisfacer necesidades y repartir un mayor excedente entre todo el pueblo boliviano.

Esta vez le toca a la electricidad, a la que el neoliberalismo no sólo la expropió sino que la deterioró sistemáticamente no invirtiendo casi nada. Bolivia sigue por la senda de recuperar su aparato productivo básico a cambio de expropiar todo lo que el capital monopólico se adueñó bajo la imposición neoliberal. Bolivia apuesta soberanamente por un nuevo régimen de acumulación más justo, que reparte su excedente de una doble manera: a) en el corto plazo a través de políticas sociales para la mayoría del pueblo boliviano, y b) más estructuralmente, en el medio y largo plazo, a través de inversiones públicas productivas que distribuyan riqueza. Por ahora, en lo inmediato, algunos datos confirman los resultados positivos de este Estado más protagónico que participa ahora en el 34 por ciento de la generación de valor agregado (frente al 17 por ciento anterior). Aunque aún falta mucho por hacer, en 5 años (2005-2010), la pobreza se redujo del 60,6 por ciento al 49,6 por ciento, y la pobreza extrema del 38 por ciento al 25 por ciento; en el 2005, el 10 por ciento más rico del país tenía 128 veces más ingresos que el 10 por ciento más pobre, y en el 2009, esta brecha es de 60. Son muchas las políticas sociales redistributivas (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, y Bono Juana Azurduy) y las políticas educativas y sanitarias. Todo ello acompañado de un sustancial aumento de los salarios reales. Aún queda por dilucidar si se conseguirán los retos de transformación estructural en el medio y largo plazo. No obstante, con medidas como éstas que implican la apropiación de Bolivia por parte de los propios bolivianos, las cosas van por buen camino.

* Doctor en Economía, director para América latina, CEPS.