Hay una creciente –y justificada– preocupación a raíz del aumento de la violencia urbana en San Pablo, principalmente en la periferia de la mayor y más importante ciudad de Brasil. Pero en al menos otros dos puntos del vasto mapa brasileño –Salvador, en Bahía, y Florianópolis, en Santa Catarina– se verifica un crecimiento similar en el número de homicidios violentos. Y en los tres casos, hay aspecto en común: parte significativa del número de muertes se debe a la acción de la policía. A raíz de esa constatación se empieza a discutir la viabilidad de la política de seguridad pública llevada a cabo en la mayoría de los estados brasileños.

El caso de San Pablo, por el tamaño y la importancia política y económica, es el que más llama la atención. Pero conviene no olvidar que en Bahía se registró un fenómeno impactante: en 2000, la media de homicidios violentos era de 12,9 para cada cien mil habitantes. En 2012, esa media alcanzó 61 homicidios para cada cien mil habitantes, o sea, un aumento de cinco veces en doce años. La ineficacia de la política de seguridad pública queda evidenciada. La acción de la policía se basa principalmente en una implícita ley de exterminio, lo que no hace más que acelerar la espiral de violencia.

En Santa Catarina se repitió este mes lo observado en San Pablo: del interior de cárceles y presidios parten las instrucciones para desatar actos de violencia urbana, como quema de autobuses y ataques indiscriminados a policías civiles y militares. Cesar Grubba, secretario de Seguridad Pública del estado reaccionó, al principio de la ola de ataques, anunciando que las autoridades estaban “preparadas para dar la debida respuesta” y que aumentaría el número de efectivos en las calles. Los responsables por la oleada de ataques intermitentes no se enteraron y siguieron actuando. Las autoridades niegan enfáticamente que en los presidios de Santa Catarina existan organizaciones criminales bien estructuradas como en San Pablo, sede principal del PCC (Primer Comando de la Capital). Desde adentro de los presidios viene otra información: mientras sigan padeciendo malos tratos, torturas, truculencias y arbitrariedades, los presos organizados seguirán ordenando ataques en las calles. En cuatro días, entre el 12 y el 15 de noviembre, fueron lanzados 26 ataques en siete municipios de Santa Catarina. Una rápida y sorpresiva investigación del Ministerio Público local confirmó la existencia de casos de tortura en los presidios. Y entonces las mismas autoridades pasaron a reconocer la existencia de una bien estructurada organización criminal con ramificaciones en todos los presidios del estado.

En San Pablo, la caída del secretario de Seguridad Pública, Antonio Ferreira Pinto, considerado un “duro”, cuya acción desbordó los límites de la represión, abrió espacio para que quedaran expuestos algunos aspectos de los métodos de la policía local. Antes que el nuevo secretario, Fernando Grella, expusiese sus proyectos, se reveló que la mayor parte de las víctimas tuvo sus prontuarios policiales, o sea, sus fichas criminales, levantadas en los archivos. Fueron blancos elegidos para morir en acciones sumarias practicadas por policías civiles y militares. Según aumenta el número de víctimas en supuestos (y nunca comprobados) enfrentamientos entre criminales y las fuerzas de seguridad, aumenta la respuesta ordenada, desde los presidios, por el PCC. Estudiosos y especialistas en seguridad pública critican duramente la estrategia adoptada por el gobierno de San Pablo, de partir para la confrontación directa (y, ahora se sabe, de ejecuciones sumarias y selectivas) en lugar de privilegiar los sectores de información e inteligencia para desarticular las acciones organizadas y llevadas a cabo por el PCC. Desde octubre, el número de homicidios ronda los trescientos.

Geraldo Alckmin, el gobernador de San Pablo, hombre conservador, muy allegado al Opus Dei y a los sectores más retrógrados del catolicismo, insiste en decir que la organización criminal es mucho menor de lo que se cree, y mucho menos organizada. Dice que su poder es limitado.

En el día en que anunció el cambio en la Secretaría de Seguridad Pública hubo doce asesinatos. En los días siguientes hubo más muertes, tanto de personas con antecedentes criminales como trabajadores comunes. Y hubo también una respuesta ordenada desde los presidios, o sea, policías civiles y militares fueron muertos en emboscadas.

No hay señales de cambio en el horizonte. No hay indicios de coordinación alguna entre las autoridades provinciales y federales. La policía seguirá matando, los criminales seguirán respondiendo. Y la espiral de violencia, como toda espiral, parece no tener fin.