Por P. L. *

Al Catatumbo llegó primero la guerrilla que el Estado. Es zona histórica del Ejército de Liberación Nacional, pero después se instalaron el Ejército Popular de Liberación y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y, a mediados de 1999, los paramilitares. Quienes impusieron su ley con masacres, asesinatos selectivos –más de 500 muertos–, desplazamientos masivos. Con la llegada de los paras empezó la disputa por el control del negocio de la coca, monopolizado hasta entonces por las FARC.
La guerra empezó en Tibú, un municipio junto a la frontera venezolana, un corredor estratégico por el que sale coca y entran armas, y se ha ido extendiendo hacía Occidente. Hasta hace unos años, el ELN sostuvo una campaña para evitar que otro municipio se contaminara del cultivo. Los campesinos vendían el ganado para meterse al negocio, pero los elenos decomisaban la semilla y la quemaban. Al mismo tiempo, miembros del Ejército y la policía pactaban con los labriegos el precio por dejar pasar los camiones con la semilla. “Al final, cuando las FARC empezaron a ganarse a los seguidores del ELN, éstos, sin cambiar su discurso anticoca, ingresaron al negocio”, dice un conocedor. En 1996 se hablaba de menos de 10.000 hectáreas de la hoja; el año pasado, antes de iniciarse la fumigación, la cifra estaba en más de 30.000. Ambos bandos manejan controles –listas de campesinos y hectáreas cultivadas– para evitar que vendan al enemigo la mercancía.
Para algunos la coca empezó a crecer en Convención y Teorama por culpa de la acción paramilitar: “Ellos nos robaron ganado, cosechas, animales. No tuvimos más camino que acudir a este cultivo ilegal”. Otros no aceptan esta disculpa. Tienen claro que los cultivos financian a todos los grupos armados; sienten que unos y otros los utilizan, los engañan. Y temen que se repita la historia de siempre: las arcas de guerrilla, paramilitares y narcotraficantes crecerán al igual que la corrupción.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.