Desde Santiago

Chile es el único país de América latina donde todas las universidades son pagas, desde las más prestigiosas como la Universidad de Chile, hasta la más mediocre, sin importar si son públicas o privadas. Las masivas manifestaciones callejeras que protagonizaron los estudiantes en 2011 y jaquearon al gobierno de Sebastián Piñera, pusieron en primer plano que el modelo educativo se rige por el lucro y las reglas de mercado. Ya en 2006, durante el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, los secundarios habían reclamado cambios sustanciales de un sistema que consideran desigual. Y es por eso que una de las principales promesas de campaña de la líder de Nueva Mayoría ha sido garantizar una “educación gratuita y de calidad”.

La Universidad de Chile, que es pública, alberga al 3 por ciento del alumnado general y, a la hora de pagar una carrera, no presenta mayor diferencia con un establecimiento privado como el de la Universidad Las Américas (pertenece al consorcio norteamericano Laureate International Universities), en cuyo interior al pasar un hall se accede a un patio de comidas con mesitas al aire libre y un cajero automático. El estudiante de Ingeniería industrial Fernando Peralta, de 32 años, contó que su carrera dura siete años, cuesta unos siete mil dólares anuales y cada año la cuota aumenta un 1,7 por ciento. “El modelo educativo está pensado para los que tienen dinero; lo demás terminamos endeudados”. Es que el 70 por ciento de los estudiantes tiene que recurrir a un crédito –estatal o bancario– para poder estudiar, lo que los deja ahogados por años. Fue gracias a las manifestaciones de hace dos años, que al menos el gobierno redujo el interés que se aplica al crédito estatal del 6 al 2 por ciento.

En otra de las mesas, una estudiante de la carrera Educación diferencial, de 25 años, dijo que gasta casi todo el sueldo en la cuota. “Son 200 mil por mes (400 dólares) y mi salario es de 127 mil. Así no me queda otra que vivir con mi mamá”, se quejó Denery Mallea. A su lado, su amiga Geraldine Díaz dijo que espera que cambie el sistema educativo y que no sean sólo promesas de campaña. “Como futuras profesoras de chicos con dificultades queremos un cambio y que la educación sea más inclusiva.” Geraldine dijo que su candidato era Marco Enriquez Ominami, porque “es el único que sacó los cálculos para decir que puede garantizar una educación gratuita. Tiene un plan de acción, es joven y más actualizado”.

La Ley General de Universidades, sancionada en 1981 durante la dictadura de Pinochet, delineó la privatización del financiamiento de la enseñanza superior. Luis Eduardo González, investigador del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), señaló que este modelo educativo divide a la población estudiantil. “Un 60 por ciento estudia en universidades estatales y el otro 40 por ciento en universidades privadas. En ambos casos, se otorgan becas –muy pocas– y créditos como incentivos para pagar. Más de la mitad de esa población está muy endeudada.”

La discriminación por estratos sociales no es exclusiva de la enseñanza superior. Durante el gobierno de Bachelet los estudiantes secundarios apodados “los pingüinos” –por el color de sus uniformes– reclamaron una mejor calidad de la educación y menor cantidad de alumnos por aula. Como el primario y el secundario son obligatorios, en ambos rige la gratuidad. Sin embargo, existen colegios a los que el Estado les permite que reciban un aporte de los padres, y eso genera una diferencia entre las familias que pueden y las que no pueden hacerlo.

Hay colegios privados exclusivamente para un 10 por ciento más rico de Chile, que suelen ser los de mejor calidad. El resto de la población opta por los colegios públicos (municipales), a los que van los sectores más populares o los colegios particulares privados (que reciben subvención del Estado), a los que asiste la clase media y media baja. El experto señaló una de las fallas del sistema. “Cualquier persona puede abrir un colegio. ¿Cómo se financia? Recibe una subvención estatal por alumno presente en la escuela. De este modo, los colegios tratan de aumentar la cantidad de alumnos por clase. Algo que deteriora el nivel de la enseñanza.”

Ni los gobiernos de la Concertación ni la derecha ofrecieron reformas estructurales del modelo. Por eso, mientras varios ex líderes estudiantiles como Camila Vallejo se presentan como alternativas de renovación de la política, para pelear su lucha desde el Congreso, los alumnos estarán prestos a volver a las calles si a partir de marzo no se allana el camino para un cambio de fondo.