La llegada y detención de más de 47 mil niños indocumentados en la frontera sudoeste de Estados Unidos genera una industria migratoria que se traduce en nuevos albergues privados y también en el manejo de casos migratorios. En los últimos dos años y medio el South Texas Pro Bono Asylum Representation Proyect (ProBar) se cuadruplicó y pasó de 369 casos en 2011 a 1600 en la actualidad. De acuerdo con datos de la Women’s Refugee Commission, con sede en Washington, se estima que en el país hay alrededor de 40 refugios privados con financiamiento federal, pero que la crisis humanitaria desatada este año abrió un número indeterminado de centros. El mayor flujo de inmigrantes que desató la crisis (75 por ciento) se concentra en el Valle del Río Grande, que colinda con la franja fronteriza de Tamaulipas, dijo el lunes un panel de la Administración Obama a periodistas. En esa zona es donde se ha instalado el mayor número de albergues en la última década. Entre 2001 y el 2014 se triplicó el número de centros de 4 a 13 con capacidad total para 1600 camas en el área. Y otros dos centros se están habilitando, uno en San Benito y otro en Edinberg. Activistas advirtieron que el incremento del flujo de niños indocumentados y los procesos a los que son sometidos cuando son detenidos, originaron una industria migratoria que crece en presupuesto, pero no mejora sus condiciones humanas ni legales.