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La doctrina Champerty postula que “... ninguna persona natural o jurídica (...) puede comprar documentos de crédito vencidos (...) con la intención y el propósito de interponer una acción o un proceso judicial con respecto a la misma”. Así lo expresa la Ley del Poder Judicial de Nueva York en la Sección 489. Esa doctrina prohíbe la compra de deuda con el objetivo de iniciar reclamos legales en la jurisdicción de Wall Street, donde se dirimen conflictos sobre deuda soberana. Si existe esa norma, ¿por qué el fondo buitre Elliott de Paul Singer ganó en primera y en segunda instancia el juicio contra Argentina? Porque hubo un antecedente de Elliott contra Perú por bonos en default donde la Cámara de Apelaciones de Nueva York se pronunció a favor del primero anulando la aplicación de esa doctrina sobre deuda soberana. El caso peruano sirve para ampliar el conocimiento sobre el litigio Elliott-Griesa contra Argentina.

Romina Kupelian y María Sol Rivas explican en Fondos buitre. El juicio contra Argentina y la dificultad que representan en la economía mundial que en el mismo distrito sur de Nueva York donde opera Thomas Griesa, el juez Robert W. Sweet, que tiene una elevada valoración entre colegas y abogados estadounidenses (una nota promedio de 8,8 puntos en el sitio therobingroom.com), había emitido un fallo a favor de Perú sobre la base de la doctrina Champerty. La sentencia describió los hechos y fundamentos que llevaron a ese tribunal a desestimar la demanda de Elliott. Sweet dictaminó que “el Tribunal se ve en la obligación de concluir que el propósito que tuvo Elliott en este caso constituyó una violación de la ley. Elliott tuvo la intención de demandar al Perú antes de decidirse a comprar la deuda. Su propósito fue el de mantenerse al margen de los acreedores que habían aceptado la reestructuración establecida por el Plan Brady y valerse de la vía judicial para exigir el pago íntegro. Tenemos, pues, que el único propósito de Elliott fue entablar el juicio”.

El fondo buitre de Singer apeló e inició acciones de lobby para que el Poder Legislativo neoyorquino aprobara una serie de modificaciones a la doctrina Champerty. Perú buscó apoyo de otros países y distintas organizaciones para que no avanzara esa propuesta. El contexto para conseguir respaldos no era favorable por la hegemonía neoliberal, que incluía su país. El lobby buitre fue más amplio alcanzando a jueces: que la ley no fuera reformada, en cambio el veredicto de la Cámara de Apelaciones dio por anulada esa doctrina en litigios sobre deuda soberana.

Los argumentos de ese fallo son tan extravagantes como los de Griesa y los camaristas sobre el pari passu (igualdad de trato a acreedores), magistrados que determinaron que se viola ese principio si todos los acreedores no cobran sin importar que unos reciban más que otros en condiciones diferentes. Kupelian y Rivas detallan que los jueces de la Corte de Apelaciones en el caso Perú revisaron el fallo de Sweet y consideraron que el accionar de Elliott no violaba la doctrina Champerty. El argumento fue tan insólito como el de Griesa: sostuvieron que la compra de bonos con la intención de demandar al deudor sólo tiene el objetivo de cobrar la deuda, y que la demanda de Elliott para cobrar fue ‘accidental y contingente’. Semejante sofisma fue adornado con la preocupación de los magistrados por el impacto negativo en los países que quieran acceder a financiamiento en el mercado de deuda si se hubiese mantenido el fallo de primera instancia. La interpretación fue que violar la doctrina Champerty era entablar una demanda sin ninguna otra motivación más que el litigio en sí mismo, no para cobrar. “No tenía lógica”, evalúan Kupelian y Rivas, como no la tiene ahora el pari passu de Griesa. Las especialistas afirman que “es notorio que fuera de este caso (en primera instancia con el juez Sweet), en la historia de pleitos sobre deudas soberanas –incluidos los juicios en los que Elliott ha sido parte–, los tribunales neoyorquinos no hayan encontrado en el accionar de los fondos buitre la presencia de la práctica de Champerty y hayan desestimado todas las denuncias de los Estados parte sobre violaciones de la Sección 489”.

Kupelian y Rivas cuentan que luego de que se pronunciara la segunda instancia judicial, el caso fue remitido al primer tribunal para que éste determinara la indemnización. Se inició una larga etapa donde el gobierno peruano intentó revertir, sin éxito, la decisión de la Cámara. En junio de 2000 se resolvió que Perú debía pagar a Elliott 56 millones de dólares, quedando pendiente definir el importe por los intereses compuestos, lo que podía implicar un incremento de 16 millones. Además, la resolución judicial dispuso que Elliott podía ejecutar la sentencia contra bienes de Perú y del Banco de la Nación destinados a uso comercial ubicados en los Estados Unidos. Si bien la defensa interpuso mociones contra el fallo, éstas fueron denegadas. “Ante estas circunstancias y en virtud de las numerosas notificaciones de embargos que el gobierno de Perú estaba recibiendo desde distintos países, y especialmente teniendo en cuenta que Elliott había obtenido restricciones judiciales sobre los fondos destinados al pago de intereses de bonos Brady”, el gobierno peruano inició conversaciones con Elliott a fin de negociar un monto a pagar y que se dejaran sin efecto las acciones legales. El importe que se acordó fue de 58 millones por todo concepto, ejecutando el pago el 30 de septiembre de 2000.

La Comisión Investigadora del área de delitos económicos y financieros del Congreso de Perú elaboró un extenso documento sobre el caso Elliott, presentado en julio de 2003. Una de las conclusiones fue que el fondo de Singer compró por 11 millones de dólares deuda peruana a Swiss Bank y demandó por 66 millones de dólares, ganando el juicio en segunda instancia y embargando las cuentas peruanas, para terminar cobrando los mencionados 58 millones de dólares (una ganancia de 527 por ciento). “Este caso saca a relucir las complejidades del sistema financiero internacional donde fue posible que Elliott Associates LP, de Nueva York, pudiera comprar bonos en el momento del cierre de las operaciones para el Plan Brady y luego se aproveche de argucias legales para demorar el registro de la deuda y el gobierno del Perú no tome nota de la compra”, señala el informe.

Un hombre clave en este caso fue Jay Newman, quien también lidera la estrategia contra Argentina. En octubre de 1995, Elliott contrata a Newman, experto en instrumentos de deuda en los mercados emergentes. Kupelian y Rivas cuentan que ese financista ingresó al negocio de deuda soberana en 1983, cuando empezó a trabajar en Lehman Brothers en el área de la deuda del tercer mundo hasta 1988. Después brindó sus servicios en distintos fondos de inversión especializados en la compra de títulos públicos de economías emergentes –entre ellos, Dillon Reed, Morgan Stanley y Percheron Fund–. En 1993 comenzó a asesorar a la compañía Water Street Bank & Trust Limited, convocando a Michael Straus, quien, para ese entonces, había sido apoderado judicial de distintas firmas en unos trece juicios sobre deudas soberanas. Siguiendo las recomendaciones de Newman y Straus, Water Street compró deuda de Polonia, Ecuador, Costa de Marfil, Panamá y el Congo. Luego entabló demandas contra cada uno de esos Estados reclamando el pago íntegro por los títulos adquiridos. En 1995, Water Street se liquidó, pero siguieron en ese negocio al interesarlo a Paul Singer. Newman y Straus se incorporaron a Elliott Associates y conformaron el equipo de inversión especializado en deuda soberana.

Con tribunales neoyorquinos amigables para forzar interpretaciones de leyes (doctrina Champerty) o principios (pari passu), Perú fue la primera presa de esos financistas en Elliott, y ahora tiene en sus garras a la Argentina, que para sorpresa de Griesa, Singer & Newman todavía le sigue dando pelea.

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