La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) aseguró ayer que más de 150.000 personas debieron abandonar sus hogares y que otras 600.000, sin contar muertos ni heridos, se vieron afectadas por la ofensiva que Israel realiza en la Franja de Gaza. En un informe, la organización palestina denunció que la operación militar de Israel cuenta “con la impunidad otorgada por la comunidad internacional” y reclamó el fin del “castigo colectivo” implementado contra civiles de Gaza. También alertó sobre la situación la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (Unrwa) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La OLP dijo que el “criminal asalto” contra el superpoblado enclave palestino sobre el Mediterráneo causó 192 muertos y 1410 heridos desde su inicio, hace ocho días. Los ataques aéreos y de la marina israelí dejaron además 520 viviendas “parcialmente demolidas”, daños edilicios en 72 escuelas, tres hospitales, cinco centros de salud y 64 mezquitas.

Según el documento, alrededor de 170.000 personas fueron desplazadas en el marco de la operación militar, mientras otras 600.000 fueron indirectamente afectadas por los ataques debido a la destrucción de infraestructura eléctrica y de agua potable. El informe de la oficina de prensa de la OLP incluye un listado con los nombres y la edad de los fallecidos.

En tanto, la Unrwa denunció también ayer que los últimos bombardeos del ejército israelí contra Gaza provocaron en su mayoría la muerte de niños (foto) y mujeres y la destrucción de 560 hogares. El portavoz de esa agencia de la ONU, Sami Mshasha, explicó desde Jerusalén que “la ofensiva israelí ha dejado a su paso una estela de muerte y destrucción” y agregó que 47 edificios públicos gestionados por la Unrwa fueron destruidos durante la operación israelí.

“Hasta la fecha hemos tenido que albergar a 17.000 personas que se han quedado sin hogar y las estamos reinstalando en edificios públicos”, explicó Mshasha, que anunció que la agencia tiene planes de contingencia para poder acoger hasta 50.000 personas. “Hemos proporcionado a las autoridades israelíes las coordenadas explícitas donde están situados estos edificios para que no haya bombardeos allí, dado que en esta ofensiva han destruido medio centenar de instalaciones de la ONU”, agregó.

El portavoz recordó a Israel las normas de la Ley Humanitaria Internacional (LHI) y las Convenciones de Ginebra y enfatizó que los civiles son las principales víctimas de sus bombardeos. “La destrucción es masiva –señaló el portavoz– y no hay que olvidar que la Franja era ya un lugar totalmente precario a causa de las últimas ofensivas israelíes de 2008 y 2009, pero también por el bloqueo al que está sometida desde hace ocho años.” “El sufrimiento de estos ocho días se suma al de los últimos ocho años”, sostuvo.

Por su parte, Nada Doumani, portavoz del CICR, explicó en rueda de prensa que los bombardeos “están devastando la ya de por sí frágil estructura de distribución de agua”. “La muerte de varios técnicos municipales mientras arreglaban los servicios de agua demuestra la peligrosidad de llevar a cabo reparaciones vitales”, indicó Doumani.

La vocera explicó que cientos de miles de personas carecen ya de agua potable y que el problema puede afectar a la población total de la Franja –1.500.000– si no se reparan y reestablecen los servicios con prontitud. Al igual que Mshasha, Doumani recalcó que bajo la LHI todas las partes en conflicto deben distinguir entre objetivos militares y civiles y entre combatientes y civiles.