Página/12 En Brasil

Desde Brasilia

“Este gobierno deja un legado importante en materia de derechos humanos, tal vez fue el que logró más avances después del fin de la dictadura, instaló el debate sobre la verdad y la justicia, y está abriéndose el camino para la revisión de la Ley de Amnistía, o mejor dicho autoamnistía” heredada de los militares, plantea Rosa Cardoso, integrante de la Comisión Nacional de la Verdad. El hablar pausado y a veces susurrado de la enjuta doctora Cardoso disimula la firmeza de carácter de esta abogada que con menos de treinta años, a principio de los años ’70, aceptó la riesgosa tarea de defender a la guerrillera Dilma Rousseff, presa por alzarse en armas contra la dictadura. Durante la charla con Página/12 Cardoso afirma que “nunca dudó” del compromiso de la presidenta, con quien mantiene una larga amistad, en esclarecer los delitos cometidos por la dictadura, y confiesa sentirse recompensada cuando ve a jóvenes militantes distribuyendo panfletos con la foto de Dilma cuando estuvo presa junto al lema de campaña “Corazón Valiente”.

–¿Cuánto influyó la voluntad política de Dilma en los avances logrados por la Comisión?

–Está claro que tener el respaldo político de la presidenta es una ventaja grande para un trabajo tan complicado. La presidenta se comprometió desde el inicio del gobierno (2011) a trabajar con seriedad, sin partidismo, a favor de la verdad y la justicia. Envió al Congreso un proyecto que, gracias a un meticuloso trabajo político, logró el consenso de los partidos para la creación de la Comisión Nacional de la Verdad.

Ahora, pasados casi cuatro años, el gobierno no puede medir concretamente todo lo que se ha logrado. Hay conquistas reales que están allí, los testimonios de militares, los documentos, la reconstrucción de crímenes. Se logró bastante, falta más, pero tuvimos que enfrentar presiones muy diversas que buscaron obstruir nuestra tarea. La mandataria no interfirió en la Comisión, pero está claro que lo que se hizo tuvo el respaldo y la autoridad moral de la presidenta. Los pasos dados en estos años nos permiten confiar en que sigamos avanzando en derechos humanos, un tema que va desde los crímenes de la dictadura al derecho a la vida y a la integridad física en un país como Brasil, donde la tortura es un flagelo cotidiano. Creo que está quedando una herencia para que evolucionemos de una democracia formal hacia una democracia sustantiva, pero ésta se construye a lo largo de varios gobiernos. Ahora el próximo paso es concluir nuestro informe y presentárselo a la presidenta para lo lea detenidamente.

–El Club Militar se pronunció por la candidatura de Aécio Neves para terminar con la sovietización.

–No voy a formular opiniones sobre la campaña porque hasta que termine de funcionar la Comisión soy funcionaria pública temporaria y como tal tengo prohibido pronunciarme.

–La opinión del Club Militar ¿traduce la posición de los militares en actividad?

–Creo que la mayoría de los militares en actividad, de los generales, no está interesada en hacer pronunciamientos contra el gobierno o sobre la amnistía; ellos tienen preocupaciones más pragmáticas como la modernización de las fuerzas armadas, la fabricación de armamentos y otros temas similares.

–¿La Comisión de la Verdad se pronunciará sobre la amnistía en vigencia desde 1979?

–Esta semana se reúne la Comisión y desde ya le anticipo que la mayoría de los miembros coincide en que nuestro informe final incluya la recomendación de revisión de la Ley de Amnistía; esto será uno de los puntos más importantes del trabajo, indudablemente. Varios integrantes de la Comisión llegamos a un consenso en recomendar la revisión, es una posición coherente con todo lo que se expresa en la Justicia de Transición. Mantener en vigor a la Ley de Amnistía, o de autoamnistía, no se condice con las normas emanadas del derecho internacional, no respeta lo que surge de los fallos de las cortes internacionales, no respeta la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son los antecedentes que fueron tomados como paradigmas en la Comisión. Le recuerdo que la Corte Interamericana se pronunció hace 4 o 5 años sobre las desapariciones de guerrilleros en Araguaia (años ’70, región amazónica) y recomendó castigar los crímenes de lesa humanidad como tortura y desaparición, que son imprescriptibles. Brasil debe cumplir esas determinaciones de la Corte porque es firmante del Pacto de San José de Costa Rica, por lo que tiene fuerza de ley interna.

–¿Cuál fue el impacto de la Comisión en la sociedad civil?

–Hemos visto una importante movilización de la ciudadanía, se logró la sensibilización de la opinión pública no sólo por efecto de lo que hizo la Comisión Nacional de la Verdad, sino por el trabajo de decenas de comisiones creadas en los estados, en universidades, alcaldías, en sindicatos, las cuales continuarán funcionando luego de que nosotros presentemos nuestro informe final el próximo 10 de diciembre. Esas agrupaciones seguirán en la tarea de garantizar que se progrese en la derogación o revisión de la autoamnistía dejada por los militares. Es importante aclarar que la Comisión Nacional de la Verdad no es la única responsable de los logros que se conquistaron en estos cuatro años. Antes de nosotros hubo un largo camino recorrido, que se inició hace décadas con el movimiento encabezado por las víctimas y por los familiares, que dieron los primeros pasos en momentos muy duros, incluso durante la dictadura.

–El alto mando del ejército no autorizó la entrega de documentos sobre torturas en reparticiones militares.

–El general Enzo Peri (comandante del ejército) volvió atrás en esa decisión, que al principio nos pareció inapropiada. El luego explicó que no quiso obstruir las investigaciones y que está interesado en aportarlas.