Desde Montevideo

La llegada a Uruguay de seis ex detenidos de la cárcel de Guantánamo (foto) en carácter de refugiados es una decisión ya tomada por el gobierno de José Mujica, a la espera de ajustar aspectos de procedimiento con Estados Unidos. Y, sobre todo, de que pasen las elecciones. El tema se tornó debate en la campaña, con el manifiesto rechazo a la iniciativa por parte del candidato Luis Lacalle Pou, quien sugirió que los detenidos que sean liberados vayan al país del Norte. “Estados Unidos podría aceptarlos perfectamente en su territorio, si el Congreso no lo aprueba, es un problema de ellos”, sostuvo el rival de Tabaré Vázquez.

Ex preso político en condiciones deplorables por más de diez años durante la dictadura uruguaya, Mujica aceptó recibir a los ex detenidos del polémico penal por razones humanitarias. Es sabido que organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron que los sospechosos de terrorismo que el gobierno de George W. Bush detuvo en Afganistán e Irak y envió a la cárcel ubicada en la base naval en Cuba no recibieron un juicio justo y fueron torturados con técnicas como el submarino (ahogamiento). Se calcula que 155 continúan presos de los 800 que pasaron por el penal de máxima seguridad. Barack Obama, quien desde que está al frente de la Casa Blanca, en 2009, no ha podido cumplir su promesa de cerrar Guantánamo, ha planteado a varios países de la región (entre ellos Colombia, Chile y Uruguay) que reciban a detenidos cuya liberación no representa una amenaza.

Milton Romani, hasta septiembre embajador de Uruguay ante la OEA, afirmó a Página/12 que la decisión del Ejecutivo uruguayo se inscribe en una larga trayectoria de su país en dar asilo. “Uruguay es tierra de asilo. En 1930 le dimos refugio al militante anarquista Simón Radowitzky, quien con 18 años había atentado contra el jefe de la Policía de Buenos Aires, Ramón Falcón, y estuvo preso en Ushuaia más de veinte años, hasta que el presidente Yrigoyen lo indultó y lo condenó al destierro.”

La oposición criticó al gobierno por no dar detalles de las condiciones del acuerdo entre Mujica y Obama. Javier García, diputado del Partido Nacional, dijo a este diario que no entiende bajo qué figura legal se aceptó recibir a los ex detenidos. “Las relaciones internacionales deben estar fundadas en el derecho. No tenemos información de qué se acordó, a cambio de qué y cuál es el estatuto por el que el gobierno justifica esa decisión. Uruguay no puede ser una cárcel extrajudicial de ningún país. Si estas personas tienen que ser liberadas, que Estados Unidos los admita en su suelo o que estén libres en sus países de origen.”

Romani sostuvo que no se trata de un canje y que la información será dada más adelante. Y aclaró: “Un país que recibe no pregunta por qué no los albergaron en otra parte. Es un aporte para resolver una situación de ignominia. Son presos ilegales, que no han sido condenados. Cuando sean recibidos, se los va a apoyar con el idioma y con su inserción laboral, como lo hacemos con los refugiados sirios”.

Aunque no se trata de lo mismo, el gobierno uruguayo se congratuló de la buena experiencia que tuvo con los refugiados sirios, que llegaron al país el 9 de octubre. Fue la primera vez que Uruguay organizó la llegada de 40 personas que escapaban de la violencia en Siria, donde los rebeldes pelean contra el gobierno de Bashar al Assad, y Estados Unidos y sus aliados combaten a los jihadistas del Estado Islámico. La ciudadanía uruguaya realizó donaciones para esas familias y se pudieron ver imágenes de maestros y alumnos jubilosos de recibir a los nuevos estudiantes en una muestra colectiva de solidaridad.