Grupos de defensa de los derechos humanos llamaron a juzgar a los responsables del programa de torturas de la CIA, después de que el Senado publicara un extenso informe. Para las organizaciones humanitarias, el documento muestra que los métodos secretos usados por la CIA para extraer información de los detenidos tras el 11S violaron repetidamente la legislación internacional y los derechos humanos elementales.

“Es un informe estremecedor y es imposible leerlo sin sentir una inmensa indignación de que nuestro gobierno esté implicado en estos terribles crímenes”, dijo Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión por los Derechos Civiles estadounidense (ACLU, por su sigla en inglés). “Los funcionarios gubernamentales que autorizaron actividades ilegales deben ser juzgados”, afirmó la ACLU en un comunicado.

Amnistía Internacional señaló que el informe deja claro que la CIA actuó ilegalmente desde el primer día y que los brutales interrogatorios no fueron operaciones espontáneas fuera de control. “El programa dio luz verde para cometer crímenes penados por la ley internacional contra la tortura y las desapariciones forzadas, impunemente. Es hora de asumir responsabilidades, incluida una profunda investigación, juicios y resarcimiento a las víctimas”, aseguró Steven Hawkins, director ejecutivo de la representación estadounidense de AI.

En tanto, el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, afirmó que el informe muestra que los repetidos argumentos de que se necesitaban medidas duras para proteger a los estadounidenses son una ficción. Roth reconoció que el gobierno del presidente Barack Obama puso fin a muchas de las prácticas descriptas crudamente en el documento. Pero advirtió: “A menos que este importante proceso de búsqueda de la verdad lleve a enjuiciar a los responsables, la tortura seguirá siendo una opción política para los futuros presidentes”.

Pero resulta dudoso que alguien sea juzgado. Un alto funcionario del Departamento de Justicia dijo que desde 2009 realizó dos investigaciones sobre maltrato a detenidos y decidió que no hay pruebas suficientes para lograr una condena. Los investigadores que revisaron el informe del Senado no hallaron nueva información que no hubieran considerado antes de tomar sus decisiones, agregó el funcionario.