El Tribunal Supremo de Justicia declaró el pasado lunes inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional propuesta por la derecha de la Asamblea Nacional. Maduro determinó que la ley iba en contra de la Constitución y mediante cadena nacional comunicó: “Están aprobando una ley para proteger asesinos, criminales, narcotraficantes, terroristas”. El instrumento legal abarca hechos desde 1999, incluyendo el golpe de Estado de 2002. En caso de ser aplicada, dejaría sin efectos las sanciones penales de unos 50 delitos como por ejemplo la estafa inmobiliaria o el uso de armas de fuego y explosivos. El objetivo del proyecto es la liberación de decenas de políticos presos.