Los abogados de 14 familias iraquíes que acusan a las tropas británicas de ocupación de la muerte de sus parientes iniciaron ayer ante la Alta Corte de Londres un proceso judicial contra el gobierno de Tony Blair. La Asociación de Abogados por los Intereses Públicos, que representa a las familias, solicitó a la Corte que autorice una investigación judicial independiente de las alegaciones y que, en caso de culpabilidad, se castigue a los responsables y se obligue al Ministerio de Defensa a pagar la correspondiente indemnización. Este negó toda responsabilidad, pero el abogado que lleva el caso, Phil Shinery, señaló a la prensa a la salida de la Alta Corte que la respuesta oficial es “totalmente inaceptable”. Ayer, la enviada personal de Blair a Irak, la diputada laborista Ann Clwyd, denunció un nuevo caso de violación a los derechos humanos en la prisión de Abu Ghraib.
“Normalmente la ley de derechos humanos se aplica en el territorio nacional, pero hay excepciones, y una de ellas es cuando el Estado ejerce el poder efectivo en otro Estado. En estos momentos somos un poder de ocupación. De modo que a efectos prácticos, la ley que se aplica en territorio británico debe aplicarse también en Irak”, indicó Shinery. Los abogados de la familia aseguran que la mayoría de los iraquíes que representan fueron asesinados mientras se encontraban en sus casas o realizando sus labores cotidianas. En otros casos presentados ayer, se documenta que varios de ellos murieron a causa de los maltratos recibidos cuando se encontraban bajo custodia de fuerzas británicas. Los casos más sonados son los siguientes: Baha Mousa, detenido en el hotel donde trabajaba. Según su padre “tenía la nariz quebrada, moretones en el estómago y las piernas, le habían despellejado las muñecas, la frente y debajo de los ojos”. Ahmed Jaber Khareem Ali, de 17 años, arrestado por las tropas británicas, golpeado y luego arrojado al agua para que cruzara a nado el río Shatt al-Basra. Al Jabr Mousa (sin parentesco con el anterior), maestro de escuela primaria arrestado en su casa y que apareció muerto con todo tipo de moretones y magulladuras en el cuerpo.
Según dijo Clwyd, los soldados estadounidenses colocaron arneses y correas de burro a una mujer de más de 70 años y la obligaron a caminar en cuatro patas con jinetes encima como si estuviera arrastrando un carro. “Estuvo detenida durante seis semanas antes de que la pusieran en libertad sin formularle cargo alguno. Durante este tiempo la insultaban continuamente, le decían que era una burra y la hacían comportarse como tal”, señaló la diputada. El testimonio de Clwyd lleva una doble carga no sólo por el puesto que ocupa sino porque fue una de las pocas diputadas de izquierda que apoyó la intervención militar en Irak para poner fin a las violaciones a los derechos humanos del régimen de Saddam Hussein.