El nuevo gobierno de Venezuela habla de “llenar un vacío de poder”. No es una interpretación: Daniel Romero, flamante procurador general, declaró ayer que Hugo Chávez renunció y que su vicepresidente Diosdado Cabello “abandonó sus funciones”, por lo que, en esa versión, es lógico que una junta cívicomilitar se haga cargo del gobierno por un año y suspenda todos los poderes públicos. Ante un golpe de Estado, la cuestión de si Chávez renunció o no puede parecer trivial. Sin embargo, sin haber renunciado (como dicen sus familiares y allegados) y detenido cuando no se le formuló ningún cargo en la Justicia, Chávez seguiría siendo el presidente de Venezuela y las fuerzas armadas estarían cometiendo un delito. Y esto, que aún puede parecer anecdótico, deja de serlo cuando, en base a estas “irregularidades”, la OEA y el Grupo de Río no parecen dispuestos a reconocer al nuevo gobierno (ver pág. 5).
“Estamos ante una situación que no se puede calificar sino de golpe de Estado y quiero anunciarlo de esta manera porque esto tiene una repercusión internacional”, dijo ayer el fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, horas antes de ser destituido en el cargo. “Estamos ante una situación de un golpe de Estado que ha ocurrido en Venezuela. Se ha roto el hilo constitucional”, declaró casi al mismo tiempo el contralor general Clodosvaldo Russian, en lo que fueron sus últimas palabras en el cargo. María Gabriela Chávez, hija del ex presidente venezolano, denunció en comunicación telefónica con la televisión cubana que su padre “en ningún momento” renunció. “Lo que ha ocurrido en Venezuela es un golpe de Estado de derecha que quieren tapar con mi renuncia”, le habría dicho telefónicamente el propio Chávez.
El inspector general de las fuerzas armadas, general en jefe Lucas Rincón, informó en la madrugada de ayer que le había pedido la renuncia a Chávez y que éste había aceptado y después firmado. Pero no se mostró ni se divulgó el texto de la renuncia ni las razones judiciales por las que permanecía detenido en Fuerte Tiuna, la guarnición militar más importante de Caracas. Rodríguez denunció que las Fuerzas Armadas lo mantienen incomunicado y no ha permitido contacto con fiscales del Ministerio Público. El abogado Alfredo Ruiz, coordinador de la organización no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, dijo ayer que no podría considerarse válida una renuncia presentada por una persona luego que se encuentre detenida e incomunicada. El analista Luis Vicente León, de la firma Datanálisis, estimó que “ahora mismo se tendrán que buscar cuáles son las vías para darle mayor solidez institucional al gobierno de Carmona”, y sugirió que las irregularidades actuales podrían ser cubiertas con el derecho a la desobediencia civil, consagrado en la Constitución bolivariana.