Lo que se aprobó ayer fue una versión light de lo que proponía el Congreso catalán. “El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido, de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación,” dice el preámbulo del estatuto aprobado ayer. Sin embargo, esta declaración no tiene validez legal alguna ya que no se consigna más adelante en el cuerpo del documento. Esta fue una de las modificaciones más importantes que impuso las Cortes Generales en Madrid. Sí, en cambio, se mantuvieron cuestiones culturales como la utilización oficial del idioma catalán –junto al castellano– para tareas administrativas y comerciales, al igual que dentro del sistema educativo. Además, el gobierno catalán recibirá mayores ingresos en concepto de impuestos, podrá determinar su propia política migratoria y tendrá el control sobre la gestión de los puertos y aeropuertos –excepto aquellos de interés nacional–. El estatuto es muy detallado sobre las competencias de Cataluña para evitar una eventual interpretación restrictiva del Estado central. No obstante, en todo momento se deja claro que el autogobierno debe lealtad al gobierno español.