EL MUNDO • SUBNOTA › LA RECONCILIACION CIERRA UN FRENTE DE CONFLICTO
Pocos días antes de las recientes elecciones presidenciales en Nicaragua que le dieron el triunfo al ex guerrillero sandinista Daniel Ortega, en los momentos más candentes de la campaña electoral, su partido sorprendió con la propuesta de prohibir el aborto terapéutico. En fina sintonía con el inesperado anuncio, la Iglesia organizó una marcha para borrar del Código Penal la prohibición legal que aparecía en su redacción original desde 1848. La marcha culminó en la Asamblea Nacional, donde Ortega y otros miembros de su partido, el FSLN, recibieron a los líderes de la Iglesia con los brazos abiertos: no sólo aceptaron su proyecto de ley, sino que además brindaron asesoramiento jurídico para que saliera aprobado con la mayor celeridad posible.
El apoyo dado a la ley más retrógrada en términos de derechos reproductivos en toda la región evidencia, si no una metamorfosis política y religiosa, al menos un aggiornamiento en las trayectorias de Ortega y el Frente Sandinista.
La gesta guerrillera de los sandinistas –alimentada por intelectuales marxistas y curas tercermundistas– contra la dictadura somocista lucía la impronta de una transformación radical de las estructuras del país. El triunfo de 1979 se tradujo por en un divorcio absoluto con la jerarquía eclesiástica, a la que los sandinistas atribuían una connivencia tanto con la dictadura como con los grandes sectores económicos oligárquicos. Pero las derrotas de Ortega en las presidenciales de 1990, 1996 y 2001 dejaron su huella. Para el Frente Sandinista, la triple oposición formada por la empresa privada, la Iglesia Católica y el gobierno estadounidense impedían su triunfo electoral. Del afán de vencer estas resistencias surge una estrategia política de acercamiento, de neutralización o de alianza, según fuera posible, con los adversarios tradicionales.
En los últimos años se ha producido una neutralización de las oposiciones más fuertes de la iniciativa privada a través de una política de alianzas con el ex presidente liberal Arnoldo Alemán, y en el caso de la Iglesia Católica, a través de un acercamiento con el cardenal Miguel Obando y Bravo, quien durante la revolución había apoyado activamente a los contras. El día de la toma de posesión de Ortega, Obando recitó no ya una simple invocación religiosa, sino una especie de homilía político-religiosa antilaicista, que estuvo arropada por los inequívocos y recurrentes ademanes de pleitesía que Ortega viene brindándole en los últimos años.
En una encuesta reciente incluida en el libro Religión y Política, la experiencia de Nicaragua, que saldrá próximamente a la luz, el sociólogo Manuel Ortega y su grupo de investigadores preguntan, entre muchas otras cuestiones, ¿cómo considera la población nicaragüense la reconciliación de Daniel Ortega con la Iglesia Católica? ¿Acto de fe personal o acto político? La conclusión a la que llegan es que la respuesta, aun de los católicos y de otras iglesias, está totalmente dividida. La mitad de la población piensa que es un acto fundamentalmente de oportunismo político, y la otra mitad que no, con lo cual el tema de la reconciliación de Ortega con la Iglesia es visto por la población como un elemento absolutamente polémico.
Lo que sí parece incuestionable es que, sin tener en cuenta cuáles pueden ser las intenciones personales, este tipo de acercamientos se explican en parte por el rol, el peso y la influencia que tiene la institución católica en la cultura general de la población nicaragüense. En este sentido, todo apunta a que el Frente Sandinista ha entendido que en la correlación de fuerzas políticas y en la conquista y mantenimiento del poder se hace necesario buscar alianzas, acercamientos o, al menos, neutralizar en última instancia fuerzas tan importantes como las fuerzas religiosas. Ahora Ortega y su gobierno tienen una nueva oportunidad para tomar medidas políticas en los ámbitos de mayor urgencia social como lo son la pobreza, el hambre, la educación y la salud. Esta semana dieron el primer paso con el anuncio de la gratuidad educativa y sanitaria.
Informe: Diego Rodríguez.
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