Los gobernadores opositores de cinco de los nueve departamentos de Bolivia dijeron ayer que el proyecto de Constitución impulsado por el presidente Evo Morales y aprobado el domingo no tiene validez y confirmaron que en cuatro de los departamentos aplicarán las autonomías regionales al margen de esa norma. En una reunión celebrada en Cochabamba, los prefectos de esa región y de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando afirmaron en una declaración escrita que no reconocen “vigencia legal alguna” a ese proyecto, porque es el resultado “de vulnerar la ley y carece de toda legitimidad”. La reunión se convocó “de emergencia” en la madrugada y asistieron los gobernadores de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; de Santa Cruz, Rubén Costas; de Tarija, Mario Cossío; de Beni, Ernesto Suárez; y de Pando, Leopoldo Fernández. El proyecto de Constitución del oficialismo fue aprobado por la Asamblea Constituyente en la ciudad andina de Oruro, en ausencia del principal partido opositor, la alianza conservadora Poder Democrático y Social, que lo ha rechazado por supuestas ilegalidades y atropellos cometidos en el proceso. La norma tiene 411 artículos, que fueron leídos en cinco bloques temáticos y después votados a mano alzada y todavía falta su ratificación en referendo. En el documento firmado ayer, los prefectos subrayaron que la consulta que corresponde hacer es un referendo sobre la continuidad de sus mandatos y el del presidente Evo Morales. La propuesta de Morales establece que él y los prefectos deberán dejar sus cargos si el “no” a su continuidad supera en porcentaje y en un voto a los sufragios favorables obtenidos en las elecciones de 2005. Pero los gobernadores reunidos ayer indicaron que se someterán a ese referendo revocatorio “bajo las reglas universales de la democracia, que prevé que la voluntad del pueblo se expresa por la mitad más uno de los votos”. Además dijeron que a partir del sábado se empezarán a aplicar las autonomías “de derecho”, de acuerdo con el artículo 4 de la actual Constitución, en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, donde ese régimen fue aprobado en un referéndum celebrado en julio de 2006.