Mientras la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia recibió esta semana una copia completa de la investigación de la Masacre de Trelew para analizar las apelaciones de los cinco marinos procesados, el Juzgado Federal de Rawson se trasladará a Buenos Aires el 7 y 8 de marzo para indagar a otros cuatro imputados. El último en confirmar su voluntad de declarar es Eduardo Aguirre Obarrio, ministro de Defensa del dictador Alejandro Lanusse. Su abogado José María Orgeira se presentó el lunes ante el juez Hugo Sastre con certificados médicos para justificar su ausencia a la citación original.

La causa tiene cinco procesados con prisión preventiva. El contraalmirante Horacio Mayorga y los capitanes Luis Sosa, Emilio Del Real y Rubén Paccagnini están en el penal de Marcos Paz. El cabo primero Carlos Marandino, por razones de seguridad, está en una comisaría de Rawson. El único prófugo es el teniente Roberto Bravo, dueño de la firma RGB Group en Miami, que brinda servicios al Pentágono. El juzgado espera una respuesta de Interpol, que dispone de varias direcciones donde ubicarlo.

El lunes 7 el juez Sastre indagará en Buenos Aires al general Eduardo Betti, jefe de la zona de emergencia dispuesta por Lanusse después de la fuga del penal de Rawson, y al capitán de navío Jorge Enrique Bautista, responsable del sumario interno elaborado por la Armada para respaldar la versión oficial. El cabo Marandino admitió ante el juez que le ordenaron mentir ante Bautista para encubrir el fusilamiento.

El martes 8 el juez le tomará declaración al brigadier mayor Ezequiel Martínez, ex secretario de Planificación de Lanusse, y al ex ministro Aguirre Obarrio. Como miembros de primera línea del gobierno de facto en 1972 ambos están denunciados como autores mediatos de los fusilamientos y el juez ya dispuso su arresto domiciliario. El día anterior a la masacre los comandantes de las Fuerzas Armadas se reunieron con Lanusse y parte de su gabinete, incluido Martínez, mientras en otro salón funcionarios chilenos le informaban al canciller Eduardo McLoughlin que el presidente socialista Salvador Allende había facilitado el viaje a Cuba de los presos que habían huido de Rawson. Martínez tiene dos semanas para repensar qué ocurrió aquel día.

Aguirre Obarrio y Orgeira son abogados de oficio. En el Juicio a las Juntas de 1985 defendieron al almirante Isaac Anaya y al teniente general Roberto Viola, respectivamente. “Por mí que a la primera junta le den 25 años. Lo que no veo es cómo va a hacer el fiscal para probar la conexión de los ex comandantes (en referencia a la tercera junta) con los hechos”, razonó Aguirre Obarrio. Aquella vez le fue bien: la Cámara absolvió a Anaya. Ahora le toca ocupar el banquillo de los acusados.