Las múltiples acusaciones, un procesamiento confirmado por siete casos de tormentos, secuestros y un homicidio y una causa camino a obtener sentencia en juicio oral no fueron suficientes para que la Cámara Federal de San Martín hiciera otra interpretación jurídica del fallo de la Corte Suprema, que le reconoció al represor Luis Patti el derecho a reclamar su banca de diputado y la consecuente inmunidad parlamentaria. En cambio, los camaristas ordenaron su liberación por entender que goza del amparo de los fueros previstos para los legisladores electos. Tras pasar los últimos cinco meses preso en la cárcel de Marcos Paz, tampoco el humo que afectó la visibilidad en las rutas impidió que a las 19 subiera a una camioneta 4x4 negra con destino a Escobar. En su resolución, la sala I de ese tribunal “suspendió los efectos de la prisión preventiva –con expresa prohibición de abandonar el país– hasta que se cumpla con el recaudo” del desafuero. Ese pedido sería formulado en las próximas horas por el juez que ordenó, en primera instancia, su detención en el caso Gonçalves, Muniz Barreto y otros. A partir de entonces, esta pelota –que va y viene, avanza y retrocede– pasará en forma automática al Poder Legislativo.

“La Cámara de Diputados tiene ahora la oportunidad histórica de demostrar cuánto le importan los derechos humanos, la cuestión ya no es jurídica, sino política, por lo tanto con urgencia debiera pronunciarse en comisión, luego juntar los dos tercios para desaforarlo y al día siguiente Patti volverá a Marcos Paz”, expresó a Página/12 Pablo Llonto, abogado de la familia Muniz Barreto. En el plano de las responsabilidades por la excarcelación del ex comisario, Llonto no dudó en señalar que “la culpa es de los cuatro jueces de la Corte, entre ellos Raúl Zaffaroni, y cada día de libertad que tenga es un premio que le dieron a un genocida”. De todos modos, prefirió enfocarse hacia lo que viene. La Cámara de Diputados no volverá sobre sus pasos, es decir, no aceptaría tomarle juramento. Y si se prolonga el proceso de desafuero la causa que lo llevó tras las rejas se verá afectada. “El riesgo inmediato es que se fugue, no sería el primer procesado que lo hace (N.d.R: Patti estuvo prófugo en la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi) y hay que actuar rápido para atenuar el espanto que ya se instaló en la gente que testimonió y se jugó para que vaya preso”, agregó el letrado.

Eva y Alberto Marciano, ambos docentes y víctimas de Patti, estaban en su casa de Del Viso cuando vieron por televisión los flashes rebotando en los vidrios de la camioneta que se alejaba del penal. “Fue realmente muy fuerte sentir este revés, tantos años de mantener el relato de lo que vivimos, lograr una causa activa que lo detuvo, y ahora de nuevo la desconfianza en esa Justicia, tener que explicar que no sale porque sea inocente”, dijo Eva Marciano en diálogo con este diario, imaginando cómo hablará hoy frente a sus alumnos. “Su detención repercutió en esta zona, en la gente que se vio afectada por su accionar, aparecieron muchos querellantes nuevos y esto hace replantear todo, los que se animaron hoy sienten de nuevo soledad, cuesta reponerse... ¿Quién los cubre si este anda suelto?”, agregó esta mujer que estuvo detenida con su marido, Gastón Gonçalves, Enrique Tomanelli y otros militantes de la Juventud Peronista en un camión celular frente a la comisaría de Escobar. Tras un mes desaparecidos, fueron torturados en el Pozo de Banfield, y luego siguieron presos durante seis años.

¿Del penal al recinto?

En la puerta de los tribunales de San Martín, el abogado del ex comisario dijo que estaban “muy contentos”. Patti ya tenía preparada la valija y estaba listo para abandonar, por ahora, el llamado “pabellón de lesa” que compartió con variados represores. “La Cámara le tiene que tomar juramento si no habrá un conflicto de poderes”, expresó el letrado Luis Velazco. Gregorio Badeni, el constitucionalista que logró el fallo favorable en la Corte, opinó que sería “irrazonable que la Cámara pretenda desconocer” las decisiones judiciales. En plan demócrata, Patti afirmó que “no es una pelea por una banca sino por el derecho al voto”. Sin embargo, el presidente de la Cámara baja, Eduardo Fellner, consideró “imposible” la asunción del represor en la banca que ganó con las 400 mil adhesiones obtenidas el 23 de octubre de 2005 (ver aparte). Los “pattistas” anunciaron que se presentará para reclamar ingresar al cuerpo de legisladores nacionales. En caso de algún impedimento, su escribano tomará nota.

Los camaristas Juan Lugones, Jorge Eduardo Barral y Hugo Fossati recordaron que para la Corte el Congreso no tiene el poder de negar la incorporación a un candidato electo, “aun cuando el rechazo del diploma se basara en la participación del electo en actos de terrorismo de Estado”, por lo cual “no existe impedimento para que ejerza el mandato popular mientras no se dicte condena judicial”. En consecuencia, resolvieron que es aplicable a Patti el artículo 69 de la Constitución que establece que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado”. Y suspendieron su prisión preventiva teniendo en cuenta la ley 25.320, según la cual sólo un desafuero puede permitir el arresto. Esta Cámara tiene tradición de fallar a favor de los represores, tal como ocurrió cuando declaró constitucionales las leyes de impunidad y válido el indulto al general Santiago Riveros. Sin embargo, un funcionario judicial recordó que es la misma Cámara que ratificó el procesamiento y prisión de Patti, y lo acusó por el homicidio del militante Gastón Gonçalves, revocando la falta de mérito del juez federal Alberto Suares Araujo.

“Hay que respetar a la Justicia, mi padre tendrá que defenderse y si comprueban los delitos por los que está acusado tendrá que pagar como cualquier persona”, declaró Luis Patti hijo. Claro que un ciudadano común no contaría con la inmunidad parlamentaria que con tanta energía exige su padre para prolongar el efecto de las anuladas leyes de impunidad en su prontuario.