Tras el desalojo de IMPA, la policía reprimió a los trabajadores de ésa y otras empresas recuperadas que se habían reunido en la puerta de la fábrica para reclamar su reapertura. Ocurrió cerca de las once del mediodía, frente al edificio de Pringles y Querandíes, donde se habían juntado unas 300 personas. Hubo dieciséis detenidos y dos heridos.

Desde el martes, cuando la metalúrgica fue desalojada, los integrantes de la cooperativa que la gestiona acampaban en la puerta. Ayer se había convocado además más gente porque estaba previsto que se realizara una reunión en los Tribunales con el juez en lo Comercial Víctor Hugo Vitale –-el que dictó la quiebra de la empresa– para que revisara la medida.

“Lo que le estamos planteando al juez es que llegamos a un acuerdo de pago con los acreedores, por lo que queremos volver a entrar para trabajar”, señaló Pablo Piñeyro, uno de los trabajadores de IMPA. Piñeyro relató que mientras en el juzgado un grupo llevaba adelante esa discusión, frente a la fábrica él y sus compañeros permanecían “con bombos, cantando, cuando la infantería empezó a avanzar para hacernos retroceder. Avanzaron con un camión hidrante y balas de goma y siguieron corriéndonos hasta a quince cuadras, deteniendo a los marcados por el agua del hidrante”.

Los dieciséis arrestados fueron llevados a la comisaría 11ª, con cargos de resistencia a la autoridad, lesiones y daños. La Federal dijo que reprimió porque los trabajadores tiraron piedras contra los policías. De los dieciseis detenidos, siete son trabajadores de IMPA y nueve de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la mayoría de ellos integrantes de la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados.

El origen de este conflicto viene de la gestión de los antiguos dueños de la metalúrgica. IMPA fue recuperada por sus trabajadores en 1998. Tenía entonces una deuda de cinco millones de pesos, de la que la cooperativa se hizo cargo. En la actualidad quedan impagos un millón y medio. El desalojo se produjo luego de que dos de los acreedores se presentaran en el juzgado para pedir la quiebra y remate de la fábrica. El juez había ordenado un primer operativo para sacar a la gente de la fábrica la semana pasada, tras dictar la quiebra, pero el desalojo fue impedido por los trabajadores.

Tras ese episodio, el viernes pasado IMPA llegó a un acuerdo con los acreedores, a quienes pagó incluso una primera cuota. El juez recibió una copia del convenio, pero mantuvo la quiebra. La policía volvió el martes a la noche, cuando había sólo cuatro personas dentro –la cooperativa suponía que el problema había quedado atrás– y los sacaron con facilidad.

Ayer por la tarde, las conducciones de IMPA y de la CTA llamaron a una conferencia. El secretario general de la central, Hugo Yasky, repudió la represión: “Nunca se justifica y mucho menos cuando se está defendiendo la dignidad del trabajo”. Señaló también que la cooperativa, en la que trabajan 90 personas, ya había pagado la deuda en un 90 por ciento y le dictaron el desalojo “cuando resta sólo un pequeño tramo para salir de la convocatoria de acreedores. Lo que están haciendo es una aberración contra la gente que quiere trabajar. Si vivimos en una democracia, en un país donde todavía existe la justicia, esto no puede suceder”.

Facundo Taboada, abogado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo que asumió la defensa de los trabajadores, dijo que el juez Vitale tiene una actitud incomprensible al mantener la quiebra. Los trabajadores convocaron a una nueva movilización frente a la fábrica para hoy a las 15.