La Legislatura porteña les cerró las puertas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a los represores condenados por crímenes de lesa humanidad, al aprobar un proyecto que les impide ocupar cargos públicos. La iniciativa, redactada por Raúl Fernández, fue sancionada en general y los legisladores acordaron diferir su tratamiento en particular para incorporar al articulado las propuestas hechas por el kirchnerista Juan Cabandié en otros dos proyectos que redactó con el mismo propósito.

“Es un paso trascendental vedar el acceso a cualquier puesto de funcionario político a aquellos vinculados con lo que fue el esquema de la represión durante la dictadura, sobre todo en un gobierno que no está muy preocupado en evitar que eso suceda”, destacó Fernández.

Su proyecto tiene sólo dos artículos. El primero establece que “aquellas personas que hubiesen sido condenadas por delitos vinculados con violaciones a los derechos humanos” no podrán ser designadas al frente de ministerios, subsecretarías, direcciones generales y organismos descentralizados, ni tampoco en sus respectivas plantas de gabinete. La misma prohibición pesa sobre quienes “no habiendo sido condenados, hubiesen sido beneficiados por las leyes” de Punto Final y Obediencia Debida.

El segundo artículo prevé que antes de designar a los titulares de esos cargos el Ejecutivo tendrá que certificar sus antecedentes . “A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos o el organismo que en el futuro lo reemplace, deberá requerir un informe al Archivo Nacional de la Memoria que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación”, precisa el texto.

El referente de Encuentro Progresista presentó el proyecto al enterarse de que el capitán de navío retirado Pedro Florido se desempeñaba como asesor en la Procuración General porteña. Se trata del agente de inteligencia y abogado habitué de la ESMA que, como reveló Página/12, devino en alma mater del “Grupo de Contención” de la Armada, encargado de brindar asesoramiento a los represores con causas abiertas en la Justicia.

Florido fue rápidamente desplazado por la administración de Mauricio Macri, pero el proyecto de Fernández –quien además pidió informes sobre ese nombramiento– quedó en pie y anteanoche fue aprobado por la Legislatura. Lo acompañaron con su voto afirmativo los 43 legisladores presentes en ese momento en el recinto, entre los que había kirchneristas, macristas, de la Coalición Cívica y de los demás bloques minoritarios.

Cabandié venía trabajando sobre dos proyectos en el mismo sentido. Para no desaprovechar que Fernández había conseguido que el suyo fuera tratado sobre tablas con chances de ser aprobado en la sesión del último jueves, ambos acordaron lo que finalmente ocurrió: tras su aprobación en general, la iniciativa quedó “reservada en Secretaría” con la idea de consensuar un único texto con las propuestas de los dos.

“Hay voluntad de lograr un consenso”, señaló el nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo y subrayó: “Nosotros buscamos ampliar los alcances de la ley para no volver a encontrarnos con funcionarios como Florido”. Cabandié extiende la prohibición sobre quienes “existan pruebas suficientes de participación en graves violaciones de derechos humanos” y quienes “hayan usurpado cargos públicos” o desempeñado funciones políticas durante la dictadura, además de impedir el ingreso de los represores a la planta de empleados permanentes de la administración porteña.