Cuando el 31 de marzo, el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció las compensaciones para los productores más chicos de granos por diferencias de retenciones y por flete, la suposición lógica era que el conflicto se encaminaba a una solución. Sin embargo, el beneficio fue rechazado por las entidades rurales, sin demasiadas explicaciones acerca de por qué no los satisfacía, cuando aparentemente el 80 por ciento de los productores quedaban mejor posiciones que antes de las retenciones móviles. La auténtica razón de la insuficiencia de la medida es que, para recibir compensaciones, los productores deben figurar en el padrón tributario y registrar sus operaciones. Apenas una minoría cumple el requisito. La actual controversia entre los exportadores de trigo y el organismo responsable de autorizar el registro de operaciones de venta al exterior, la Oncca, pasa justamente por ese plano: la diferencia entre unos y otros sobre el grano disponible para exportación es de nada menos que de cuatro millones de toneladas, el 25 por ciento de la cosecha total estimada. Sería la proporción de la producción no declarada que, casi como una extorsión, sólo se “blanquearía” en caso de que se autorice su exportación. De ir al mercado interno, permanecerían en el “circuito negro”, hasta su venta al consumidor como pan, facturas, harina o fideos.

Se estima que en el país hay alrededor de 50 mil productores de trigo. Sin embargo, el año pasado el registro de la Oncca de quienes se presentaron a pedir alguna compensación no llegaba al 10 por ciento de ese universo. Se adujo, desde la vereda de la dirigencia agropecuaria, que los trámites para la acreditación de las compensaciones eran “muy complejas” e inalcanzables para el pequeño productor. Pero se eludía, prudentemente, admitir que una amplia mayoría no está registrada como contribuyentes.

“La producción de granos constituye un sector muy grande de la economía argentina, pero un alto porcentaje del mismo se maneja de manera irregular”, advirtió Ricardo Echegaray, titular de la Oncca (Organismo Nacional de Control Comercial Agropecuario), en diálogo con Página/12. “Las compensaciones, conceptualmente, siguen siendo la herramienta para optimizar el desacople entre los precios internacionales en alza y el valor de la materia prima para el mercado interno. Pero el productor debe saber que, para compensar, el requisito principal no es llenar un formulario o hacer un trámite, sino estar en regla con el sistema tributario.”

La apreciación de Echegaray calza perfectamente con lo que sucede en el mercado triguero. Tanto las estimaciones privadas como la de la propia Secretaría de Agricultura coinciden en que la última cosecha (2007/08) arrojó una producción de 16,2 millones de toneladas. “Cuando nosotros nos hicimos cargo del Oncca, a principios de abril, teníamos que de esa cosecha se habían exportado seis millones”, relata el titular del organismo. “Como la demanda interna para molienda y elaboración de productos de panadería y de pastas se calcula en poco más de seis millones de toneladas, los exportadores nos reclamaban que autoricemos la venta al exterior de las cuatro millones de toneladas restantes”.

El problema es que esa cantidad de trigo, supuestamente “disponible”, no aparece en las existencias declaradas por los distintos operadores del sector. Sumando lo que dicen tener los molinos y acopiadores, en sus propias instalaciones o ya compradas pero aún en campo del productor, no pasan de 5,1 millones de toneladas. Como aún se necesitan 4,7 millones de toneladas para la molienda destinada al mercado interno de aquí hasta el ingreso de la nueva cosecha, apenas quedarían disponibles 400 mil toneladas para exportar. Prudentemente, sólo se autorizó la apertura del registro de exportadores por 100 mil: el 2,5 por ciento de los cuatro millones que pretenden los exportadores.

Lógicamente, la suposición que hacen todos, autoridades y analistas privados, es que no se trata de un error tan grosero de estimación de la cosecha, sino que existe trigo no declarado en varios puntos de la cadena comercial. Este podría estar en manos de productores que aún no vendieron, en poder de acopiadores que no los declararon, en manos de otros intermediarios e incluso de molinos que no informaron de su existencia. Intentando descifrar su localización, la Oncca obligará a los productores a declarar qué cantidad de trigo tiene almacenada en silobolsas. Seguramente no será una solución definitiva, puesto que gran parte de los productores no están registrados y, por tanto, seguirán en las sombras. Ellos y su trigo. El paso siguiente sería la inspección física de campos, especialmente cercanos a los molinos, en búsqueda del trigo perdido.

Mientras el trigo no se declare, la decisión de la Oncca es mantener cerrada la exportación. Aunque con ello se corra el riesgo de que el trigo no registrado entre en un “circuito negro”: pase por la molienda sin ser declarado, se produzca harina y se venda a la industria panificadora o de pastas sin declarar. La presión de los exportadores es que sólo abriendo el registro se asegura su blanqueo, y sólo en su última etapa. Pero si se habilita su exportación y resulta que el stock disponible no existe, antes de que entre al mercado la nueva producción de trigo se produciría una situación de desabastecimiento y salto en los precios internos.

La existencia de una importante franja de producción de granos “en negro” ha sido una palanca que, en definitiva, siempre resultó funcional al interés de los exportadores. Y en la coyuntura actual, un paredón que impide la aplicación de políticas de Estado a través de las compensaciones. La Oncca va al rescate del instrumento.