EL PAíS • SUBNOTA › LAS CORPORACIONES DEL CAMPO DICEN NO CREERLE MáS AL GOBIERNO Y ACEPTAN HABLAR SóLO CON CFK
Las entidades ruralistas defendieron su decisión de continuar con el lockout. Afirmaron que a esta altura la única interlocutora es la Presidenta. El Gobierno los acusó de querer imponer su criterio a cualquier costo.
La primera jornada del relanzado lockout agropecuario, sin fecha cierta de finalización, mostró a ruralistas intransigentes en su reclamo contra las retenciones móviles y al Gobierno que los acusó de pedir audiencia con la presidenta Cristina Fernández mientras al mismo tiempo decretaban la continuidad de la medida de fuerza. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue categórico: el Ejecutivo “no va a negociar con un paro”, descartó, tras lo cual insistió en que el esquema móvil de los derechos de exportación de granos es innegociable. Luego dijo que sólo será posible dialogar con el sector acerca del impacto de ese sistema en el mercado de futuros.
Desde la mañana, en diferentes puntos del país, productores se congregaron en rutas, hicieron movilizaciones y asambleas, mientras el discurso se endurecía. El titular de Carbap, Pedro Apaolaza, acusó al Gobierno de no brindar “garantías” en la negociación para finalizar el conflicto. En esa línea se ubicó también el vicepresidente de Sociedad Rural, Hugo Biolcatti, quien calificó de “nula” la confianza en alcanzar un punto de acuerdo, aunque reiteró que “realmente hay una voluntad” del sector para solucionarlo. El dirigente aseguró que no pretenden obtener todo lo que se pide. “Simplemente pedimos que se nos cite a conversar y negociar sobre temas concretos”, agregó. Más conciliador fue Néstor Roulet, vicepresidente de Confederaciones Rurales, quien consideró que sólo la presidenta Cristina Fernández “puede ser la que destrabe” la situación y reclamó “hechos concretos” y “pautas claras” para “seguir produciendo”.
Randazzo, por su parte, ratificó que sigue “inamovible” la decisión del Ejecutivo de mantener las retenciones. “El Gobierno, con respecto a la movilidad de las retenciones, tiene una posición tomada”, remarcó el ministro y explicó que en la mesa de negociación sólo “estaba en discusión el mercado a futuro”. Criticó la continuidad del lo-ckout e hizo hincapié en la “contradicción” de que “al mismo tiempo que convocan a un paro, le piden una reunión a la Presidenta”. “Quieren imponer su criterio, no plantean el diálogo. Han producido desabastecimiento, incremento de precios, un sector al que, en los últimos cinco años, le ha ido muy bien”, agregó el funcionario.
La metodología del lockout siguió con los mismos lineamientos que se anunciaron hace nueve días, aunque su renovación, al menos hasta el próximo miércoles, empezó a generar malestar en otros sectores económicos, en particular entre los transportistas. Biolcatti defendió la protesta al asegurar que “no es un paro que perjudique a la población”. Sin embargo, el ministro Randazzo dudó sobre la “suavidad” del lockout y aseveró: “Producen inconvenientes en las rutas, trastornos; empieza a notarse desabastecimiento nuevamente. No diría que es tan suave el paro. Genera una situación de angustia en el pueblo argentino, en general innecesaria”.
Lo cierto, más allá del cruce de opiniones, es que ayer los transportistas cerealeros continuaban con el corte de la Ruta Nacional 9, en la ciudad de Bell Ville. Los conductores “autoconvocados” interrumpían el tránsito de todos los camiones con cargas provenientes del agro en ese distrito. “Necesitamos trabajar, es necesaria una solución urgente, porque esta situación nos está perjudicando a todos”, manifestó a los medios locales uno de los voceros de los transportistas, Martín Elías. Mientras tanto, en varias rutas del interior cordobés los ruralistas continuaban con cortes selectivos y también con campañas informativas a la vera de la rutas. En Entre Ríos, la Federación del Transporte Automotor de Cargas (Fetac) inició un operativo de corte de rutas para impedir el paso de todo tipo de camiones, en protesta por las pérdidas que genera el lockout agropecuario en el sector. Los camioneros impidieron el paso en el túnel subfluvial que vincula Paraná con Santa Fe, en Federal, en Villaguay, en Gualeguaychú, Chajarí y Concordia.
El lockout se cobró además al tercer funcionario del gobierno entrerriano de Sergio Urribarri. Fue el secretario provincial de la Producción, Héctor Motta, que presentó ayer su “renuncia indeclinable” por los conflictos con el sector. Motta, un poderoso empresario avícola de la zona de Crespo, fundamentó su dimisión en “razones de índole pública derivada del desencuentro entre argentinos”. La renuncia se suma a los alejamientos de los subsecretarios de Asuntos Agrarios, Oscar Montero, y de Producción Animal, Marcelo Barrera. Los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán también reclamaron el levantamiento del paro, de manera de poder restablecer el diálogo. Pero hasta el momento, no parece estar en la cabeza de los dirigentes terminar con el lockout.
El titular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, defendió ayer la política oficial de retenciones móviles a los granos porque se trata de “un instrumento distributivo”. El dirigente gremial reconoció no obstante que el Gobierno debió darles un “trato diferenciado” a los pequeños y medianos productores. “El Gobierno tendría que darles un trato diferenciado y creo que ahí cometió un error”, remarcó el jefe de la CTA. Frente a ese reclamo, el Gobierno instrumentó un mecanismo de compensaciones para pequeños productores, pero las entidades ruralistas lo consideran burocrático. Ante eso, el Ejecutivo retruca que el problema es la alta evasión en el sector. “No se puede discutir la justicia de que existan retenciones, porque en la Argentina y en muchas partes del mundo es un instrumento para poder distribuir la riqueza, otra discusión es cómo distribuye el Gobierno y si lo hace en la medida necesaria”, consideró.
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