Un tramo fundamental de la causa sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mismo que usó la Cámara de Casación Penal para trabar su reapertura durante los cuatro años posteriores a la anulación legislativa de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, finalmente fue elevado a juicio la semana pasada. Así lo dispuso el juez federal Sergio Torres en una resolución que envía al banquillo a nueve represores acusados por 80 casos de secuestros, torturas y desapariciones en el centro clandestino que conducía Emilio Eduardo Massera. Entre ellos figuran Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta. El expediente ya está en manos del Tribunal Oral Federal No 5 (TOF 5), que lo juntará con otros casos de la ESMA que esperan sentencia. Con este nuevo escenario, a comienzos del año que viene se realizaría el primer gran juicio oral sobre los crímenes cometidos en el emblemático campo de tormentos y exterminio de la Armada.

Los casos que Torres elevó la semana pasada estaban en condiciones de ser llevados a juicio en septiembre de 2003, cuando la Cámara Federal ordenó desarchivar las megacausas sobre violaciones a los derechos humanos como consecuencia de la anulación de las leyes de impunidad resuelta por el Congreso. Pero el represor Raúl Scheller apeló y la Cámara de Casación omitió pronunciarse sobre el tema hasta que tuvo que hacerlo por orden de la Corte Suprema en octubre del año pasado, que advirtió que semejante demora reflejaba una “gravedad inusitada”. El caso se convirtió en el símbolo de las trabas de Casación para enjuiciar a los responsables de los crímenes dictatoriales.

Finalmente Torres pudo firmar el 8 mayo la elevación a juicio de nueve integrantes de la patota de la ESMA: el capitán de fragata Jorge “El Tigre” Acosta, el ex teniente Alfredo Astiz, el prefecto Juan Antonio Azic, el médico Carlos Octavio Capdevilla, el ex jefe de Operaciones Adolfo Miguel Donda (tío de la diputada Victoria Donda, nacida en cautiverio precisamente en la ESMA), el prefecto y ex jefe de Operaciones Navales Manuel Jacinto García Tallada, el vicealmirante Oscar Antonio Montes, el oficial Raúl Enrique Scheller y el teniente Antonio Pernías. La lista original incluía también al prefecto Héctor Febres, el primero que llegó a juicio por crímenes en la ESMA, aunque el proceso terminó abruptamente días antes de la sentencia con su muerte por envenenamiento. Febres no estaba preso en una cárcel común sino en una sede de la Prefectura, donde gozaba de condiciones de privilegio.

Por el campo de concentración que funcionó en la ESMA pasaron más de cinco mil víctimas. La megacausa a cargo de Torres tiene 124 implicados, de los cuales 50 se encuentran procesados con prisión preventiva, según los últimos datos recogidos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Alrededor del 50 por ciento de los detenidos está alojado en el penal de Marcos Paz y un porcentaje similar cumple arresto domiciliario. El organismo ha planteado que por la magnitud del caso y por representar con claridad el plan de exterminio de la última dictadura, sería necesario realizar un solo juicio sobre la

ESMA, algo prácticamente imposible a esta altura, señalan, en la medida en que el expediente se fue haciendo por partes, separando hechos puntuales y grupos de imputados.

Antes del juicio a Febres, de hecho, la fiscal de la Procuración General Mirna Goransky, asignada a la megacausa ESMA, le pidió a la Corte que usara sus facultades de superintendencia para ordenar la unificación de las causas. Pero no hubo respuesta.

Hasta ahora, el Tribunal Oral 5 recibió expedientes muy específicos vinculados a la Marina. Uno es el que se refiere al asesinato del escritor y periodista Rodolfo Walsh. Por este crimen fueron procesados una decena de represores, entre ellos, Astiz, Acosta y el fallecido Febres. También están listos para enjuiciamiento Donda, por trece hechos aparte, Capdevilla por uno y Montes por dos. Incluso fue cerrada y elevada parte de la investigación sobre la apropiación de bienes de los desaparecidos, para lo cual los represores de la Marina montaron una estructura paralela a la que se dedicaba a la tortura y el exterminio.

Fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que, esta vez, la intención del tribunal oral es “acumular” todos estos casos en un solo juicio que se iniciaría en el primer semestre de 2009. Luego se realizaría, al menos, un segundo proceso sobre la ESMA. Estos juicios se diferenciarían del flaco expediente de Febres. Serían representativos de lo ocurrido en la ESMA ya que incluirían una cantidad importante de represores y de víctimas.

La resolución firmada por Torres la semana pasada incluye un relato pormenorizado acerca de 80 casos de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones cometidos por los grupos de tareas de la ESMA, que fueron reconstruidos con los relatos de los sobrevivientes. También se describen las responsabilidades de cada uno de los genocidas que irán al banquillo, varios de ellos verdaderos iconos del terrorismo de Estado.

Entre los hechos descriptos se incluye el secuestro de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y el grupo de fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, en diciembre de 1977, que se reunían en la Iglesia Santa Cruz en busca de sus hijos desaparecidos. Astiz se había infiltrado entre ellos haciéndose pasar por hermano de un desaparecido y fue una pieza determinante en el operativo con que la Armada intentó desarticular ese naciente movimiento de derechos humanos en plena dictadura.

Cuando el represor Scheller cuestionó en 2003 la reapertura de la megacausa ESMA ante la Cámara de Casación, el planteo quedó en manos de la Sala IV de ese tribunal conocida también como “sala militar”. Desde un comienzo, los abogados Rodolfo Yanzón y Mónica González Vivero, representantes de víctimas de la ESMA, advirtieron sobre los malos precedentes de los camaristas de esa sala para avanzar en juicios por violaciones a los derechos humanos. Por si quedaban dudas, el propio ex presidente de la Cámara, Alfredo Bisordi, llamó “delincuente terrorista” a la ex detenida desaparecida Graciela Daleo. Casación, como mostró este diario en febrero del año pasado, se convirtió en el principal obstáculo para llegar a los juicios. Desde el año pasado, renunciaron varios camaristas en proceso de juicio político y la situación de Bisordi –a quien el Gobierno no le aceptó la renuncia– todavía está en veremos.

La apelación de Scheller y su indefinición se convirtieron en un caso emblemático de aquella máquina de impedir y podría decirse que recién ahora comienza el fin de un proceso en el que los organismos de derechos humanos vienen luchando por desatar el nudo.