El jefe de la Policía Federal, Roberto Giacomino, negó ayer que vaya a renunciar por la muerte de Ezequiel Demonty, consideró “aberrante” decir que obligar a chicos a arrojarse al Riachuelo era una práctica habitual de los efectivos de la comisaría 34ª, del barrio de Pompeya, y restó credibilidad a las denuncias de los dos testigos clave del caso, quienes revelaron en los últimos días que están recibiendo amenazas de muerte vía telefónica para que no hablen contra los uniformados. “No lo creo, pudo haber sido un bromista”, señaló Giacomino. Sin embargo, los dos chicos, de 14 y 18 años, que sobrevivieron al accionar policial están escondidos desde el sábado, lejos de sus domicilios particulares, por temor a represalias, según pudo saber ayer Página/12. Para brindarles protección, tomó intervención el titular de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito de la Procuración General de la Nación, Eugenio Freixas. “Están asustadísimos”, confió a este diario una fuente que estuvo en contacto con ellos durante el fin de semana. Incluso, para facilitar la denuncia de “abusos policiales” en la jurisdicción de la 34ª –que según múltiples testimonios no serían aislados–, el gobierno porteño impulsa la creación de una fiscalía descentralizada en la zona sur de la ciudad.
Los dos amigos de Ezequiel que se salvaron de morir ahogados en las contaminadas aguas del Riachuelo ingresarán, probablemente, a un programa de protección de testigos de la Procuración en las próximas horas. La Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito evaluará el riesgo al que están expuestos y en virtud de ello, dispondrá las medidas necesarias para preservar sus vidas. “Cortala con hablar contra la policía porque sos boleta”, fue uno de los mensajes anónimos que recibieron los dos chicos, tal como informó este diario.
En la madrugada del sábado 14, después de que los policías de la 34ª les gritaron “¡Naden, naden, porque, si no, tiramos!”, el menor, de 14, se tomó a una rama y flotó hasta que los uniformados desaparecieron. Entonces, nadó hasta la otra orilla. El mayor, de 19, lo hizo antes. Ezequiel, contaron, nadó en diagonal, hacia la desembocadura del río y no lo vieron más. Su cuerpo, sin vida, apareció flotando el sábado a la mañana, a unos tres kilómetros de donde lo habían obligado a tirarse. Ese mismo día, los dos amigos de Ezequiel se mudaron a otros domicilios, para estar más protegidos.
“No lo creo, lo dudo, pudo haber sido un bromista”, fue la respuesta que dio el jefe de la Federal en relación con las amenazas de muerte contra los dos sobrevivientes. “De todas maneras, les vamos a dar todas las seguridades”, agregó Giacomino, durante una entrevista realizada en una edición especial del noticiero de Canal 9. “No pido perdón porque el perdón lo da Dios. Es imposible que alguien pueda aceptar las disculpas”, aclaró Giacomino. A su vez, negó haber pensado en renunciar y consideró “aberrante” decir que obligar a chicos a arrojarse al Riachuelo era una práctica habitual de los efectivos de la comisaría 34ª, del barrio de Pompeya.
Sin embargo, decenas de testimonios recibidos en los últimos días tanto por el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, Gustavo Lesbegueris, como por Luz Martínez, quien fue maestra de Ezequiel y colabora con el Plan de Prevención del Delito del gobierno porteño, dan cuenta de numerosos “abusos policiales” en la zona. “Se nos acercó mucha gente que nos dijo que los policías les pegan, que los insultan, que los detienen permanentemente, que los verduguean. Hablan tanto de la jurisdicción de la 34ª como de la 38ª (Bajo Flores). Todos quieren denunciar los hechos, pero tienen miedo”, comentó ayer Lesbegueris. Ante este panorama, el defensor planteó la necesidad de crear una fiscalía en esa zona de la ciudad.
Según reveló a Página/12 el director del Plan de Prevención del Delito del gobierno porteño, Claudio Suárez, hace tiempo que vienen conversandocon el Ministerio Público de la Nación sobre la necesidad de ampliar a la jurisdicción de la comisaría 34ª y 36ª (Pompeya y Soldati) el programa de descentralización de las fiscalías que ya funciona en el barrio de Saavedra, por el cual el ejecutivo de la ciudad se hace cargo de los gastos operativos de la oficina. “Venimos impulsando la creación de esa fiscalía a partir del relato de la gente sobre la situación que se vive en la zona, para que ante un hecho de abuso policial tengan garantías de que el caso no quedará impune”, informó Suárez.
En los últimos tiempos se registraron muchas denuncias sobre casos de gatillo fácil y maltrato policial a jóvenes en los barrios de Villa Lugano, Soldati y en la zona del Bajo Flores. Tres de esos casos fueron denunciados por este diario en abril de este año. Las víctimas fueron Daniel Barbosa y Marcelo Acosta, ambos de 17 años, y Omar Alvarez, de 21. En los tres casos los familiares responsabilizaron al sargento de la Federal Rubén Solanes, quien cumplía funciones en la Brigada de Investigaciones de la comisaría 52ª. Ninguna de las denuncias pudo avanzar, en parte porque la etapa sustancial de la instrucción estuvo en manos de la policía de la misma seccional. La mamá de Barbosa sigue recibiendo llamadas nocturnas con amenazas contra su vida.
En la causa que investiga la muerte de Ezequiel hay 12 policías involucrados. Al menos 10 están detenidos. Cuatro de ellos señalaron como máximo responsable del operativo que terminó con los tres chicos sumergidos en el Riachuelo al oficial subinspector Gastón Somohano, hijo del comisario retirado Osvaldo Somohano, quien fue jefe de la Policía Bonaerense entre 1990 y 1991. El relato de los hechos que hicieron los dos sobrevivientes ante el fiscal Marcelo Romá y la jueza de instrucción María Cristina Bértola fue ratificado por cuatro de los uniformados detenidos. Los tres chicos estaban en la puerta de una remisería del Barrio Illia, en Pompeya, cuando llegaron varios patrulleros de la 34ª. Les pegaron y después a cada uno lo subieron en un auto con un destino negro: el Riachuelo.