El juez federal Norberto Oyarbide no quiere investigar más la importación irregular de superautos con franquicias diplomáticas. Ayer firmó una resolución en la que se declara incompetente y dispone que se unifiquen todas las actuaciones en el Juzgado en lo Penal Económico a cargo de Jorge Brugo, que viene analizando los mismos hechos como una maniobra compleja de contrabando. Ese es el delito que está en juego, según la conclusión a la que llegó Oyarbide después de haber tomado ya cinco indagatorias y realizado algunas medidas de prueba.

La declaración de incompetencia es una mala noticia para los imputados en esta historia: Brugo es el juez que ordenó detener por este caso a Jorge Matas, el ex titular de Franquicias de la Cancillería. Matas fue luego excarcelado por la Sala A del fuero en lo Penal Económico, pero allegados al expediente no descartan que haya nuevas detenciones. El contrabando tiene una pena mínima de cuatro años de cárcel y una máxima de diez. Oyarbide investigaba la trama como una posible asociación ilícita, cuyo piso es de tres años de prisión.

La decisión de Oyarbide responde a un planteo que había hecho el propio Matas con la aspiración de que él se quedara con el expediente. El ex funcionario decía que no debían indagarlo dos veces por los mismos hechos porque eso violaría sus garantías. Según el juez, por el llamado “principio de especialidad” lo que se discute en la causa es contrabando y no pueden intervenir dos juzgados al mismo tiempo. El fuero competente, según este razonamiento, es el penal económico.

La resolución también dice que las pruebas en estudio son coincidentes y que dividir la causa implica un perjuicio para que tenga un trámite rápido, según explicaron allegados a la pesquisa a PáginaI12. La defensa de Matas, a cargo de Diego Pirota, apelaría en los próximos días y la definición quedaría a cargo de la Cámara Federal porteña.

Ambos jueces, en rigor, venían con la lupa puesta sobre lo mismo: una red de importación de autos para supuesto uso diplomático que terminaban comercializados en el mercado interno. Las franquicias para traer los vehículos libres de impuestos –al cincuenta por ciento de su valor– las facilitaba la Cancillería a distintas representaciones extranjeras y autorizaba la nacionalización en tiempo record. Algunos de los vehículos importados incluso están prohibidos para diplomáticos, como las camionetas Hummer y los deportivos Porsche y Lamborghini. En esta maquinaria participaban, además, intermediarios y concesionarias. La denuncia ante Oyarbide, que fue la primera, la había hecho la propia Cancillería. En el fuero penal económico, en cambio, se presentó unos días después la Aduana.

Oyarbide había indagado a dos empleadas de Franquicias de la Cancillería que trabajaban con Matas, María Cristina Santander Rodríguez y su hija Marisol Rodríguez, y a un empleado de la mesa de entradas, Roberto Zárate Barrios, el intermediario Pablo Rodríguez y el ex titular de Ceremonial –de quien dependía Franquicias–, Marcelo Pujó. La declaración de Matas estaba sujeta a la pulseada por la competencia. Brugo ya lo indagó y lo procesó como responsable del contrabando de once vehículos, la mayoría camionetas Hummer, cuya circulación está prohibida en el país. Ya avanzó sobre los compradores famosos que habrían adquirido los superautos a sabiendas del entramado ilegal: citó a indagatoria al folklorista Oscar “El Chaqueño” Palavecino y a directivos de Marique Automotores que habrían intervenido en la operación. Puso fecha para las Rodríguez. Y ahora analiza una lista de diplomáticos implicados.