El Consejo de la Magistratura designó ayer al consejero Mariano Candiotti para investigar la denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra el juez federal cordobés Oscar Valentinuzzi, sospechado de favorecer a “una organización delictiva dedicada a blanquear transacciones de cereal utilizando a personas indigentes”. La diputada y consejera Diana Conti propuso el envío urgente de “asesores del Consejo” para que se trasladen al juzgado y “recabar las pruebas para sostener la denuncia”, en lugar de optar por el mecanismo habitual que consiste en pedir la remisión de la documentación requerida al juzgado investigado. Conti destacó que “la denuncia se produce en “el contexto de extrema gravedad que está viviendo el país” y que sería necesario adoptar medidas que eviten la posible “dispersión de las pruebas”. La maniobra en la que estaría involucrado Valentinuzzi –que fue adelantada el domingo en PáginaI12– se habría llevado a cabo mediante la utilización, con anuencia judicial, de personas de bajos recursos o indigentes para hacerlos ingresar al Registro de Granos que otorga cartas de porte a través de las cuales se blanqueaba dinero del negocio negro de granos.