“Desarrollar los valores espirituales y principios éticos que permitan desempeñar con responsabilidad la función policial.” Esa será una de las funciones del Instituto Superior de Formación Policial que planea Mauricio Macri, según dice el proyecto de ley de creación de la nueva policía porteña. Para dirigir esa institución, el jefe de Gobierno tiene en mente al ex comisario Norberto Ramis, quien proviene del riñón de Jorge “Fino” Palacios. Ramis viene trabajando en el equipo del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, junto a un militar, un gendarme y un prefecto retirados. Todos aportan su experiencia para la academia y para la futura ley, que los habilita a incorporar a ex miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad como flamantes policias PRO.

Luego de un largo tira y afloje con el gobierno nacional para conseguir el traspaso de la Policía Federal con los fondos, Macri definió en marzo de este año que iba a crear una fuerza propia, lo que incluía una academia para entrenar a los nuevos cadetes. Como adelantó PáginaI12, Palacios viene intentando colar a su tropa en esa academia. Y con bastante éxito, hasta ahora.

Un equipo muy fino

En su paso por la Comisión de Seguridad de la Legislatura, Montenegro explicó que para esa institución buscará el asesoramiento de la UBA, que los profesores accederán por concurso y que se va a dictar “derecho constitucional, derecho administrativo y derechos humanos”.

–¿El director del Instituto tiene rango policial o puede ser un funcionario civil? –le preguntó la kirchnerista Silvia La Ruffa.

–Va a ser un funcionario civil –aseguró Montenegro.

En aquella sesión, sentado no muy lejos del ministro, estaba quien es mencionado en el macrismo como el favorito para ocupar ese cargo: el comisario retirado Norberto Ramis. Desde el entorno de Montenegro, sin embargo, desmienten que sea el elegido: “Está trabajando con nosotros por la experiencia que tuvo en formación, pero no lo vamos a poner a él de ninguna manera. Va a ser un civil, un académico, un ex rector de una universidad de renombre. Eso la va a diferenciar de otras academias”, dicen.

En algo tienen razón: Ramis tiene una extensa experiencia en la Federal, ya que entró a esa fuerza en octubre de 1970 y pasó –en una carrera que atravesó dos dictaduras– por el escalafón de Inteligencia en la Superintendencia de Investigaciones y por la Dirección General de Personal e Instrucción, entre otros. En los noventa, era conocida su amistad con Roberto Puccio, un comandante de la Gendarmería menemista. Ambos estaban vinculados con la Universidad Católica de Salta, donde solían refugiarse algunos de los represores de la Federal.

Ramis era comisario general cuando fue dado de baja en una purga, poco después de que el presidente Néstor Kirchner ordenara la expulsión de Palacios. Ramis se desempeñaba como director de Interior, pero venía de la estratégica Superintendencia de Investigaciones, que conducía Fino. Kirchner los removió a ambos en 2004, en un descabezamiento que incluyó 107 altos oficiales. El detonante fue la transcripción de un diálogo entre Palacios y el reducidor de autos Jorge Sagorsky, quien fue acusado por el fiscal Jorge Sica de ser parte de la banda que mató a Axel Blumberg. Y también por otra charla telefónica de Palacios con su camarada de la Federal Carlos Gallone, un represor que está siendo juzgado en un juicio oral por la Masacre de Fátima, entre otros crímenes que se cometieron en la Superintendencia de Seguridad Federal durante la dictadura.

Robusto, pícaro y de eternos contactos con la política, el poder de Palacios creció en los noventa junto al juez Juan José Galeano, luego de que el ministro del Interior, Carlos Corach, lo dejara a cargo de la Unidad Antiterrorista y de la investigación por el atentado en la AMIA. Con el jefe de la Policía Roberto Giacomino, llegó a ser el número dos de la fuerza, frente a Investigaciones.

Tras ser pasado a retiro, Palacios fue procesado por la jueza María Romilda Servini de Cubría por “homicidio imprudente” en la causa por los asesinatos del 20 de diciembre de 2001. Ese día, Palacios no estaba de servicio, pero se acercó a la Plaza “por una cuestión moral”, según dijo luego. “Mi función era la preservación de objetivos judíos”, aseguró.

Servini se apartó luego de la causa por “los comentarios respecto de las amistades de Jorge Palacios y Rubén Santos con varios miembros del Poder Judicial”. Mientras teje acuerdos con Macri, Palacios mejoró su situación en la causa y viene haciendo todo lo posible por quedar desvinculado definitivamente.

La relación entre Macri y Palacios no es nueva: hasta mediados de 2007, Fino fue el jefe de seguridad de Boca Juniors. Este año logró desplazar a los macristas que habían trabajado en el proyecto de seguridad que Macri exhibió en la campaña pasada. El proyecto de la policía correspondía los diputados Cristian Ritondo y Eugenio Burzaco. El último sonaba como candidato para conducir el Ministerio de Seguridad hasta que Macri eligió al entonces juez federal Montenegro, que llegó al Gobierno de la mano de la vicejefa, Gabriela Michetti. Por estos días, Burzaco comenta en privado sus críticas con las políticas de Montenegro y su cohorte de asesores que provienen de las purgas de la Federal. “Me ganaron la interna los comisarios”, suele decir Burzaco.

Además de Ramis, trabajan con Montenegro en el armado de la currícula de la academia policial, tres oficiales retirados del Ejército, Gendarmería y Prefectura. Al militar lo aportó el legislador macrista Martín Borrelli: es el teniente coronel Carlos Pérez, quien trajo su experiencia en el reclutamiento para el Colegio Militar de la Nación. Se trata de un militar de unos 45 años, con una posición muy crítica hacia la conducción actual del Ejército. Su último destino habría sido en el Comando Antártico. Lo acompaña el comandante mayor de Gendarmería José Mario Peralta, quien también tuvo a su cargo la formación de los gendarmes, y otro retirado de prefectura, que es asesor del jefe de Gabinete de Montenegro, pero no trabaja en el tema de policía.

No es extraño que a Montenegro lo asesoren miembros de las fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas: después de todo, el proyecto de ley que presentaron permite el traspaso de militares a las fuerzas policiales.

Represor se busca

–Me parece un retroceso que haya miembros de la Fuerzas Armadas –lo cuestionó La Ruffa a Montenegro.

–Pero un militar que sepa tirar tiros puede ser –le contestó el ministro de Justicia y Seguridad.

Así es: el proyecto de ley presentado por el gobierno porteño para crear la policía metropolitana como un “brazo de la ley y el orden” incluye un artículo controvertido: “Pueden ser incorporados quienes hayan sido integrantes de Fuerzas Armadas o de Seguridad. La reglamentación determinará los niveles de equivalencia en función a los grados en los cuales corresponda”, reza su artículo 14, que permitirá la entrada de militares retirados, entre los que una buena parte tiene causas abiertas por crímenes de la última dictadura. La ley no establece ningún mecanismo para excluir a represores.

“Es un retroceso enorme –ratificó La Ruffa ante PáginaI12–. Para la primera policía que se va a crear de cero desde la restauración democrática piensan incorporar personal de las Fuerzas Armadas.” “Desde el Frente para la Victoria, nos vamos a oponer terminantemente”, adelantó. A las críticas, curiosamente, se sumó el legislador macrista Cristian Ritondo, quien también integra la Comisión de Seguridad. “Ese es un punto con el que no estoy de acuerdo. La Ley de Seguridad Interior demarca claramente qué son las fuerzas de seguridad y qué son las Fuerzas Armadas. Un hombre con entrenamiento en las Fuerzas Armadas no tiene capacidad para hacer seguridad”, remarcó.