Dos libros de la biblioteca llamaron la atención de los investigadores. Estaban uno al lado del otro: Mi lucha, del dictador Adolf Hitler, y Nadie fue, del ex titular de la Side Juan Bautista “Tata” Yofre. Era la casa de Iván Velázquez, agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El ex Señor 5 le había dedicado el libro de puño y letra. El hallazgo se produjo en una serie de allanamientos ordenados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, en la causa que apunta a una red de espionaje cibernético a funcionarios, legisladores, periodistas y artistas. El hackeo habría llegado al canciller Jorge Taiana, al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y a la propia presidenta Cristina Kirchner. Por eso, el delito investigado es violación de secretos políticos o militares. El juzgado ya tendría elementos para llamar a indagatoria a Yofre y Velázquez, así como al general retirado Daniel Reimundes, al responsable del portal Seprin Héctor Alderete, y a otro agente de la PSA, Pablo Carpintero. También analiza la presunta vinculación del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, con los espías.

El expediente lleva un año y medio de trámite, durante el cual se acumularon más de cincuenta carpetas con e-mails y cientos de horas de escuchas telefónicas. De allí surgen importantes indicios de que la banda habría operado para traficar información con fines comerciales y para conspirar políticamente. Velázquez y Carpintero aparecen en la causa como los expertos en hackeo que habrían distribuido información por su cuenta y también a través de Yofre, quien a su vez les hacía pedidos y habría devenido operador clave en la trama, según pudo saber PáginaI12 por allegados a la pesquisa.

El circuito se completaba con quienes adquirían el resultado del espionaje ilegal: empresarios, militares, políticos y poderosos del mundo del espectáculo. La lista judicial de los presuntos usuarios de estos servicios incluye nombres como el del empresario santiagueño de medios Néstor Ick, los Rodríguez Saá, Juan Carlos Blumberg, el ex jefe de Inteligencia del Ejército Osvaldo Montero, los coroneles del Ejército Alejandro Pelliza y Guillermo Abrahim, entre muchos otros, inclusive el periodista de chimentos Jorge Rial y hasta el difunto Bernardo Neustadt.

El Código Penal prevé penas no sólo para el que viola los secretos de Estado sino para el que los recibe. Castiga con 1 a 6 años de prisión “al que revelare secretos políticos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación” y también al que “obtuviere la revelación del secreto”.

La denuncia que removió el hormiguero fue presentada por la SIDE en agosto de 2006. El organismo de inteligencia había detectado movimientos que sugerían la existencia de la ciberbanda. Entre los primeros personajes que identificó en la trama figuraba el general Reimundes, ex secretario general del Ejército durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Como se le habría detectado un domicilio en zona norte, la causa judicial terminó en el Juzgado Federal de San Isidro. Velázquez y Carpintero fueron personal civil de Inteligencia del Ejército hasta 2006, cuando pasaron a la PSA, que dirige Marcelo Saín, que a su vez depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Antes, habían hecho trabajos aislados para la SIDE.

La jueza Arroyo Salgado lleva las riendas del caso con total hermetismo. La historia quedó sobre el tapete hace algunas semanas, cuando el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, denunció un intento de phishing (robo de datos) a su cuenta de correo electrónico del tribunal. Cuando el juez le pidió un informe a la empresa Telmex (que presta servicios informáticos a la Corte) se llevó una sorpresa: aunque lo hizo en forma extraoficial, la compañía vinculó la tentativa de hackeo con otro usuario, que sería Velázquez. Con el escándalo en aumento, tanto él como su coequiper renunciaron a la PSA y se refugiaron en Uruguay. Lorenzetti no sería la única víctima suprema: se suman Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.

Inspiración nazi

“Hoy es el cumpleaños del Führer”, decía uno de los incontables mensajes que, se presume, intercambiaban Yofre y Velázquez, a los que adjuntaban fotos de Hitler y otros exponentes del nazismo. Los investigadores, al parecer, dieron con las computadoras que ellos manejaban, a través de la dirección IP (un número que identifica a cada computadora conectada a la red). Con ese código se pueden ver todos los sitios por donde navega un usuario. Así, se habrían establecido la existencia de contactos fluidos de Yofre tanto con los agentes de la PSA como con Reimundes y Alderete. No necesariamente lo hacían desde casillas de mail separadas, sino que se dejaban mensajes en casillas compartidas con nombres de lo más elocuentes.

Una de las direcciones, por ejemplo, llevaba el nombre “kristalnacht45” (ver foto), por la Noche de los Cristales Rotos, como se denominó al primer pogrom antijudío del régimen nazi, en noviembre de 1938, donde se destruyeron vidrieras, propiedades y sinagogas. En ese correo se hallaron mensajes que reproducían e-mails del canciller Taiana, del ex vicecanciller Roberto García Moritán, del jefe de ministros Alberto Fernández y del embajador argentino en Naciones Unidas Jorge Argüello.

Hay sospechas de que Yofre habría centralizado el acopio de mails de Cristina Kirchner en sus tiempos de senadora y de sus colaboradores desde que llegó a la Presidencia. También los de Taiana y su segundo, así como los de la ministra de Defensa, Nilda Garré. El ex titular de la SIDE fue además, parece ser, no sólo un proveedor de Blumberg sino su gran soporte en el apogeo de su figura y su tiro de gracia cuando “se filtró” que no era ingeniero.

Reimundes aparece en la causa judicial en poder de una gran cantidad de mails del embajador en Washington, Héctor Timerman, en especial de la época en que comenzó a aportar datos sobre la responsabilidad de civiles en la última dictadura militar durante el juicio al ex capellán Christian von Wernich. También están los mails de Alejo Ramos Padilla, que representaba a Timerman en el juicio.

Hay ciertos temas de interés recurrente en el repertorio de los hackers: la política en relación a las islas Malvinas, los juicios por violaciones a los derechos humanos, la relación con Venezuela. Cuando se metían en el mail de Alberto Fernández, lo hacían para obtener mensajes de su vida privada. Pero también le habrían sustraído las encuestas que recibía en los tiempos de la campaña electoral. Luego, como por arte de magia, la misma encuesta comenzaba a circular pero con los resultados alterados: por ejemplo, con Alberto Rodríguez Saá triunfante para una segunda vuelta.

El general Montero habría contado con los servicios de Velázquez en un intento por perjudicar a la ministra Garré, quien finalmente dispuso su pase a retiro en noviembre del año pasado, acusándolo de conspirar en su contra. Por aquellos días trascendió que Montero pretendía facilitar la llegada de Aníbal Fernández, por entonces titular de Interior, a la cartera de Defensa. Los rumores añadían que el general mantenía reuniones con la directora de Inteligencia Criminal de Interior, Verónica Fernández Sagari. “No lo conozco”, dijo entonces Fernández en relación a Montero. En uno de los allanamientos que se hicieron sobre el fin de semana, en la casa de Velázquez se encontró un sobre con el nombre “V. Fernández Sagari”, según informaron fuentes de la investigación.

¿Aníbal Fernández?

Entre el fárrago de correos electrónicos apareció un frondoso ida y vuelta de mensajes entre una cuenta que podría pertenecer al ministro de Justicia y Velázquez. Incluso algunos mensajes los firmaría un “Iván” y otros un “Aníbal”. Claro que siempre cabe la posibilidad de que alguien haya intervenido el sistema del funcionario para hacerse pasar por él. Sería de ciencia ficción, aunque no imposible en el perverso mundo de los espías ilegales.

Pero no es la única razón por la que el juzgado mira con atención el papel de Aníbal Fernández. Habría escuchas que lo comprometen en presuntos pedidos de información. La Justicia también analiza los mails de Saín, el titular de la Policía Aeroportuaria y jefe de Velázquez y su compinche Carpintero. Y se está estudiando si los agentes usaron para el hackeo computadoras de alguna dependencia de Seguridad Aeroportuaria.

Desde un comienzo, ante la consulta de este diario, en el ministerio eludieron el tema: “pregúntenle a la PSA”, fue siempre la respuesta. En la PSA atribuían el tema a una interna de la SIDE y “unos chicos raros” que “hacen un trabajo raro también”.

Cómo sigue

Los allanamientos recientes a las casas de Yofre –titular de la SIDE entre 1989 y 1990–, Velázquez, Carpintero, Alderete y Reimundes prenuncia la enorme posibilidad de que sean llamados a indagatoria. Para los ex agentes de la PSA, que dicen pedir asilo político en Uruguay, no sería extraño que recaiga un pedido de captura internacional. A partir del episodio de Lorenzetti, ambos mandaron una carta a los medios quejándose de una supuesta persecución. Desde Montevideo le dieron una entrevista al diario Perfil donde desmienten su vinculación con la red de espionaje. “Nosotros desarrollamos para la SIDE en su momento un software de recepción de correspondencia electrónica orientado hacia la lucha contra el terrorismo y lo hemos ido perfeccionando. Y cuando decidimos irnos de la SIDE fuimos a la PSA, hemos aportado esa tecnología y la hemos utilizado”, explicaron.

Otra pata de la investigación apunta a cómo y cuánto se recaudaba por la comercialización de e-mails ajenos. Habría pistas de que se manejaban valores de todo tipo, hasta 5000 pesos por envío. El delito de violación de secretos políticos es excarcelable, pero su repetición en incontables casos puede agravarlo y llevar a prisión.