Los dirigentes del campo afirmaron ayer que no tienen previsto realizar mañana un acto que rivalice con la convocatoria del Gobierno a Plaza de Mayo. La consigna de las entidades rurales es que la ciudadanía se manifieste en cada localidad de la manera que considere más conveniente, tal como estaba previsto antes de que se conociera la realización del acto oficial. “Hagamos una jornada religiosa para dejar en claro que no queremos golpe de Estado ni estamos conspirando contra nadie”, aseguró anoche el productor Alfredo De Angeli en Gualeguaychú durante un nuevo cacerolazo. La comisión de enlace se pronunciaría hoy en términos similares. La estrategia es simple: mostrarse moderados en el discurso, pero mantener el boicot comercial y los cortes de rutas que amenazan el abastecimiento hasta que el Gobierno dé marcha atrás con las retenciones o ponga en riesgo su supervivencia en una disputa de consecuencias imprevisibles.

La posición empresaria aparece fortalecida además por la creciente adhesión que está logrando el reclamo entre los sectores medios urbanos de la Capital Federal y el interior del país que ayer salieron nuevamente a las calles a cacerolear. “Le pido a la Presidenta que escuche la voz del pueblo y nos reciba en una audiencia sin condicionamientos”, aseguró ayer el vicepresidente de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, mientras protagonizaba el cacerolazo en la puerta de la quinta presidencial de Olivos cerca de las 23.

“Le pedimos a la gente evitar a toda costa el conflicto y manifestarse pacíficamente”, agregó cuando lo consultaron sobre los reclamos que se harán mañana, los cuales a esa hora de la noche parecían haber quedado eclipsados por las recientes movilizaciones. Más temprano, el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, se expresó en términos similares. “No vamos a confrontar un acto con otro acto para no alimentar niveles de violencia e intolerancia”, sostuvo.

Los dirigentes del agro se encargaron de reafirmar en todo momento su supuesta vocación democrática, pero el lockout y los cortes de ruta que vienen protagonizando desde hace casi cien días han puesto en jaque al Gobierno de una forma que encuentra numerosas similitudes con la posición asumida por los empresarios chilenos en los días previos al golpe protagonizado contra Salvador Allende en septiembre de 1973.

“Ellos saben que ahora el Gobierno no puede modificar las retenciones porque licuaría su poder en pocos meses a manos de otros sectores que están esperando en la fila. Sin embargo, se mantienen firmes en ese punto y presionan con un lockout brutal dejando en evidencia una clara voluntad desestabilizadora”, afirmó ayer a PáginaI12 una fuente oficial.

Los dirigentes sostienen, en cambio, que su intención no es voltear al Gobierno. “Que se caiga Cristina no le conviene a nadie porque no hay una fuerza opositora consolidada que pueda hacerse cargo. Lo que tienen que hacer es cambiar”, señaló a este diario un dirigente del sector.

Otro productor agregó que una posibilidad para salir de esta encerrona sería otorgarles al menos algún incentivo a ganaderos, tamberos y trigueros. “No cedieron con las retenciones, pero tampoco les dieron nada a las otras actividades. El productor tiene que sembrar trigo y la posibilidad de recibir el precio pleno sigue siendo sólo una promesa. Durante la tregua se había avanzado en algunos acuerdos, pero luego todo quedó congelado”, afirmó. Entre las alternativas que proponen las entidades también está la propuesta de “aplanar la curva” de las retenciones a las exportaciones de soja para descomprimir el escenario actual sin tener que llegar al extremo de retrotraer la situación al 10 de marzo.

Sin embargo, luego de los cacerolazos de ayer por la noche una eventual mesa de negociación sectorial para analizar esas alternativas parece haber quedado definitivamente en un segundo plano. Si el kirchnerismo no realiza una demostración de fuerza en las próximas horas podría perder mucho más que los cuatro puntos adicionales de las retenciones que motivaron el conflicto. En caso de sobrevivir al embate empresario, su capital político quedaría jaqueado a tal punto que las entidades del campo estarían en condiciones de exigir un cambio radical de toda la política agropecuaria.