La Cámara de Diputados de San Juan destituyó ayer al gobernador Alfredo Avelín por administración deficiente y negligente y por no garantizar el derecho a la salud y la educación. La decisión no causó sorpresa ni mucho menos: en verdad, la suerte de Avelín estaba echada desde hace un mes cuando la misma Cámara baja provincial lo suspendió para dar curso al proceso de juicio político en su contra, en el cual el ahora ex mandatario ni siquiera se defendió con el argumento de que los diputados no tenían “autoridad moral” para juzgarlo. Avelín será reemplazado hasta el final de su mandato por el vicegobernador Wbaldino Acosta.
La denuncia que dio pie al juicio político que puso fin al gobierno de Avelín fue promovida por la Mesa Intersindical de gremios estatales sanjuaninos. Anteriormente hubo otros tres intentos para destituirlo por vía del enjuiciamiento pero ninguno prosperó.
Avelín fue denunciado en medio de la peor crisis en la historia de San Juan, a raíz de la falta de pago de los últimos cinco meses de sueldo a los trabajadores del sector público. Ante el primer atraso salarial, los estatales comenzaron con medidas de fuerza que se fueron endureciendo con el correr del tiempo y derivaron finalmente en la paralización de toda la administración pública provincial y más de 82 días sin clases en las escuelas.
La destitución de Avelín fue aprobada con 20 votos. A favor votaron los diputados del PJ, de distintas fuerzas departamentales y del radicalismo y el bloquismo, justamente los socios con los que Avelín accedió a la gobernación en 1999 como candidato de la Alianza. En su defensa sólo votaron los tres legisladores de su partido, Cruzada Renovadora.
De las cuatro imputaciones que los estatales le formularon a Avelín y que la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados sanjuanina había hecho propias, los diputados que integraron la Sala de Sentencia finalmente sólo tomaron en cuenta dos para ordenar su destitución: administración deficiente y negligente e incumplimiento de los servicios constitucionales de educación y de salud.
Avelín, en cambio, fue absuelto de los cargos que le hacían por la supuesta falta de pago de las retenciones sindicales y de los seguros de vida que se les hacen a los empleados públicos. La decisión de los diputados no es menor, ya que de ese modo Avelín evita ser juzgado por la Justicia criminal y la posibilidad de ser inhabilitado para ejercer cargos públicos en caso de ser encontrado culpable en esa instancia.
“Los diputados no tienen autoridad moral para juzgarme”, repitió Avelín no bien comenzó el proceso en su contra y anunció que no se defendería. Una vez que fue suspendido en sus funciones, se mostró ante los medios atendiendo su consultorio médico para dar la idea de que había regresado a sus actividades habituales y olvidado ya la gestión pública.
A lo largo de todo el proceso de juicio político, el mismo Avelín impidió a sus colaboradores que operaran en la Legislatura para frenar su enjuiciamiento. Ni siquiera recibió tampoco a la defensora oficial que se le nombró por sorteo, Virginia Guillén, para no colaborar en la estrategia de la defensa y no convalidar así el proceso que concluyó con su destitución.
Acosta, el bloquista que hace dos años acompañó a Avelín en la fórmula para la gobernación, lo reemplazará ahora hasta el final de su mandato.