La discusión sobre la Resolución 125 (las famosas retenciones móviles) y los otros proyectos complementarios –tanto del oficialismo como de la oposición– dieron su puntapié inicial en el Congreso. Ayer sesionó el plenario de la Comisión de Agricultura y Presupuesto de Diputados, juntamente con las cuatro entidades agropecuarias como invitadas, que estarán trabajando toda la semana una agenda con diferentes proyectos de ley: el precio pleno del trigo, la promoción de la lechería, el proyecto del Ejecutivo sobre la ratificación de la Resolución 125, el fomento a la producción de la carne y la ampliación de las facultades de la actual Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), según la enumeración que realizó el titular de la comisión de Agricultura, Alberto Cantero (FpV). Cada una de las entidades, a la hora de tomar la palabra, rescató la vuelta al diálogo pero pidió que antes de discutir cualquier proyecto complementario se rechace el proyecto del Ejecutivo y se dejen sin efecto las retenciones móviles.

El plenario de Diputados estaba convocado para las cinco de la tarde, pero cambió su horario para las ocho de la noche por la reunión que mantuvieron ayer mismo las entidades agropecuarias con la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner (ver aparte). Por las expectativas generadas, la sala 229 del edificio anexo de Diputados quedó colmada. Los legisladores se pasaban las sillas sobre la cabeza para hacerse un huequito en el ámbito de discusión. En el salón estaban dispuestas dos grandes mesas en U (una en el medio de la otra). Si hubiese estado Mauricio Macri, habría dictado alguna contravención por la gran cantidad de diputados, asesores, camarógrafos, periodistas y curiosos amontonados en la sala.

A las 20.15 ya estaba todo para empezar mientras Alfredo De Angeli hablaba ante una cámara de televisión. Cinco minutos después, Cantero dio la bienvenida y abrió el juego. El primer diputado que quiso tomar la palabra, antes que las entidades, fue Pedro Morini (UCR). “Antes que hablar de cualquier otro proyecto de ley, tenemos que tratar el meollo de la cuestión. Es decir, el principal problema por el cual hoy estamos acá y que es la Resolución 125”, indicó el diputado, que recibió los primeros aplausos de la noche. El segundo legislador en querer hablar fue el vicepresidente de la Cxomisión de Agricultura, Christian Gribaudo (PRO). Mientras que la diputada Patricia Fader (FpV) le gritaba “¡venimos a escuchar a las entidades!”, el legislador de PRO también solicitaba el tratamiento de las retenciones móviles antes que cualquier cosa. Sus palabras le dieron pie a Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria, que fue el primer ruralista en hablar.

“Esta reunión (y la que mantuvimos con la Presidenta) restituye un diálogo que era pedido por toda la sociedad. Prueba de ello fueron los cacerolazos de hace una semana atrás”, arremetió Buzzi, para agregar inmediatamente: “Hay que suspender la Resolución 125 mientras se discute en el Congreso. Según nos dijo la Presidenta, está en los legisladores ratificar o no el tema de las retenciones”. Luego, el dirigente enumeró todos los temas que deberían tratarse, una vez resuelta la 125, entre ellos la promoción de lechería, la carne, las economías regionales y una ley de arrendamiento que evite la predominancia de los pools de siembra.

La estrategia del oficialismo es darle marco legal a muchos de los acuerdos ya establecidos con las entidades agropecuarias: el sistema de compensaciones para el trigo, la soja, maíz, el subsidio a los fletes, las exportaciones de carne, entre otros. Como una jugada bien estudiada, las entidades se repartieron el libreto y criticaron cada uno de estos acuerdos. Fernando Gioino, presidente de Coninagro, pidió extender el límite de las 150 hectáreas (en la zona pampeana) para recibir las compensaciones de la soja. “Nos preocupa que los chacareros dejen de pensar productivamente y quieran alquilar sus campos”, aseguró.

Mario Llambías, titular de CRA, pidió por los Mercados a Término (a pesar de que el Gobierno haya modificado el precio máximo de la curva de las retenciones móviles) que, al decir de este dirigente, son el ámbito que utilizan los pequeños productores para financiarse. “Las Presidenta nos dijo que la única ley que no se abrió en el Congreso fue el Código Civil de Vélez Sarsfield. No habrá proyecto del Bicentenario, si no resolvemos la coyuntura”, vaticinó Llambías.

Una vez que hablaron los presidentes y vice de las entidades, De Angeli tomó la palabra. Pidió que se suspenda la Resolución 125 por el término de 60 a 90 días para que los productores puedan vender su cosecha. “Esta es la forma de contener a los productores, no fue fácil sacarlos de las rutas, se bajaron con la condición de modificar las retenciones móviles”, señaló De Angeli. Tanto protagonismo le hace decir a De Angeli cosas por las que luego tiene que pedir perdón. La semana pasada dijo que había que enseñarle a legislar a los diputados. En la sesión de ayer, el inconsciente también le jugó una mala pasada. “Venimos a colaborar, no a destripar...”, se interrumpió él mismo, ante la risa de varios legisladores, para arreglar su frase: “Venimos a colaborar, no a confrontar”, cerró De Angeli.

En síntesis, los ruralistas criticaron todo lo que el Gobierno hizo hasta el momento. Bajo la excusa de corregir “los efectos no deseados” de las retenciones móviles, las cuatro entidades presionarán en el Congreso para que se sancionen aquellos proyectos que defiendan sus intereses sectoriales (y políticos).

Pero la discusión recién comienza. Ambas comisiones trabajaran en sesión permanente toda la semana. Hoy están invitados el Frente Nacional Campesino, el Foro de Agricultura Familiar y el sindicato UATRE. El miércoles será el turno de los intendentes, la Cámara Argentina de Fabricantes Agrícolas y la Coordinadora de Productores Alimenticios. Para el jueves están convocadas las bolsas cerealeras, la Cámara de Exportadores y organismos públicos, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Secretaría de Agricultura y la Oncca.

El viernes, por último, asistirán las diferentes cámaras del transporte, la Secretaría de Medio Ambiente junto a entidades ambientalistas, que seguramente argumentarán en contra del monocultivo de la soja y la deforestación que se produce por la extensión de la frontera sojera.

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Alfredo De Angeli (FAA E.R.)

“Pedimos que se suspenda la Resolución 125 por 60 o 90 días, hasta que podamos trabajar todos los proyectos: carne, leche y economías regionales.”

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Alberto Cantero (FPV)

“La idea es que haya una participación activa y amplia de las distintas organizaciones en el tratamiento de los proyectos en su integridad.”

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Eduardo Buzzi (FAA)

“Nos preocupa la transferencia de recursos de los productores a los exportadores y la gran concentración en el uso de la tierra.”

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Christian Gribaudo (PRO)

“No se puede tratar una agenda tan amplia de temas, que además no está consensuada, sin resolver primero la Resolución 125.”