El jefe Mauricio Macri analiza si interviene el Jardín Botánico, a raíz de una denuncia de dos ex empleados que aseguran que allí opera una banda que supuestamente cobra por hacer entierros clandestinos de restos óseos. La gestión PRO no hizo mucho para investigar esas denuncias cuando se originaron en abril. Al contrario: despidieron a uno de los denunciantes y al otro –de planta permanente– le iniciaron un sumario para echarlo, lo trasladaron y ordenaron que no se lo deje entrar al Jardín “para preservar el orden y las buenas costumbres”. Pero ahora volvió sobre el tema ante la difusión periodística del caso.

El anuncio que Macri haría hoy en una conferencia de prensa generó la respuesta del legislador Juan Cabandié, quien recibió las denuncias como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. “Hay tres meses de inacción por parte del gobierno de Macri. Echaron a los denunciantes o los sacaron del lugar. Ellos se juntaron con el director de Espacios Verdes (Julio César Waisman) y no hizo nada. Hay incumplimiento de deberes de funcionario público”, denunció el diputado kirchnerista.

Los denunciantes son dos ex empleados del Botánico: Alberto Barrientos, quien trabajó allí 37 años, y Juan Marcos Neyra, que fue contratado durante la gestión de Jorge Telerman. Barrientos afirmó, bajo juramento ante la Defensoría del Pueblo porteña, que “le consta por haberlo visto que es una práctica habitual por parte de personal del Jardín Botánico la de enterrar restos óseos en el Botánico, que se hace más o menos hace cuatro años. Y que en los últimos meses esa práctica se intensificó”. También dijo que “no sabe quiénes son las personas que vienen a enterrar los restos óseos y no sabe si los huesos que se entierran son de familiares de esas personas”. El empleado sindicó como autores del delito a dos grupos supuestamente vinculados al gremio Sutecba, que presuntamente cobraban para enterrar restos en el Jardín y –siempre según la denuncia– se repartían el dinero con el director del Botánico, Carlos Consentino.

“El que ingresaba los huesos es (Roberto) Logiudice (jefe del área operativa del Botánico). Los hacía enterrar y les mostraba a los familiares dónde estaban enterrados. Luego, en varias oportunidades, los sacaba y los tiraba a la basura. Los restos óseos a veces llegaban triturados y en otras oportunidades llegaban más grandes y Logiudice se encargaba de triturarlos”, detalló Barrientos.

El segundo denunciante afirmó que “vio huesos triturados en los últimos cinco meses esparcidos por el Botánico”. En diálogo con PáginaI12, Neyra explicó que la primera denuncia se radicó ante la Subsecretaría de Derechos Humanos porteña. El resultado, afirma, fue que lo despidieron y desde entonces recibe amenazas. “Me llaman al celular y me dicen: ‘Ya vas a ver, te metiste mal’. A Barrientos, Logiudice lo llamó a la casa y le dijo que le iba a poner una bomba”, contó Neyra a este diario.

Tanto Barrientos como Neyra denunciaron el caso ante la fiscal contravencional Marcela Dupuy. Ese mismo día, Consentino sancionó a Barrientos con cinco días de suspensión. Tres días más tarde, Waisman dispuso que fuera trasladado al Parque Roca y ordenó que “se le impida el ingreso al Jardín Botánico. En caso de negativa y de ser necesario, se recurra a la fuerza pública a los fines de preservar el orden y las buenas costumbres”. Posteriormente, el ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, le inició un sumario administrativo. En tanto, Neyra denunció que lo despidieron sin aviso. “Consentino me dijo: ‘Vos sos como todos los negros de mierda y como todos los judíos de mierda. Sos un traidor. Ni vos ni Barrientos van a volver a trabajar acá’”, relató Neyra.

En tanto, la Defensoría envió ayer un pedido de informes al director de Espacios Verdes en la que inquiere por qué se los separó del cargo y si se hizo una investigación. La fiscal Dupuy requirió a la Policía Federal que buscara restos óseos en el Botánico. El 2 de junio la policía le informó que no había encontrado nada y la fiscal archivó la causa, pero Cabandié hará ahora una nueva presentación ante la Justicia Federal.

“No es una contravención, sino que estamos hablando de entierros de cadáveres de los que desconocemos las causas de la muerte. Es un delito penal”, planteó Cabandié, quien pedirá que se investige si “son explotados los bienes de dominio público, no sólo para efectuar inhumaciones prohibidas, sino para facilitar actividades comerciales”. Ante la posible difusión en los medios (incluidas cámaras ocultas), Piccardo convocó a una reunión hoy a las 10 con Waisman y su gabinete, en la que analizarán si separan a las autoridades del Botánico. Para la oposición, llegan tres meses tarde.