Raúl Guglielminetti, Samuel Miara, Roberto Rosa y Julio Héctor Simón son algunos de los quince represores de los centros clandestinos El Atlético, Banco y El Olimpo que serán juzgados el año próximo por el secuestro y tortura de casi 200 personas. El juez federal Daniel Rafecas elevó ayer a juicio oral el tramo más importante de la megacausa en la que se investigan los crímenes cometidos durante la última dictadura en el Primer Cuerpo de Ejército.

El Atlético, Banco y Olimpo compartieron represores, víctimas y hasta parte del mobiliario o, como dijo el magistrado en su resolución, “un centro que mutó de nombre y ubicación pero no de detenidos, guardias y elementos de suplicio”.

El Atlético funcionó hasta diciembre de 1977 en la División Suministros de la Policía Federal, en Paseo Colón y Cochabamba. Ese edificio fue demolido porque estaba en la traza de la autopista 25 de Mayo. Represores y secuestrados fueron llevados a El Banco, en Ricchieri y Camino de Cintura, hasta que se terminó de “acondicionar”, en Lacarra y Ramón Falcón, El Olimpo, que funcionó hasta fines de 1979, cuando Carlos “Pajarito” Suárez Mason dejó de ser jefe del Primer Cuerpo de Ejército.

Algunos de los acusados en esta causa son personajes conocidos. Guglielminetti actuó como represor en al menos seis centros clandestinos. También hizo carrera en democracia: fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín y se dedicó a los secuestros extorsivos. El subcomisario Miara es el apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa, ubicados por las Abuelas de Plaza de Mayo en 1985. Simón, conocido como “El Turco Julián”, relató su experiencia como torturador ante las cámaras de televisión y ya tiene dos condenas en su haber: una por la desaparición de la familia Poblete y otra por los secuestros de un grupo de militantes montoneros que volvieron al país en el marco de la operación de Contraofensiva. Roberto Rosa, alias “Clavel”, saltó a la fama por su vinculación con el juez Norberto Oyarbide en el escándalo sobre la protección de prostíbulos.

Los otros nombres pueden pasar más desapercibidos: Oscar Augusto Rolón, Raúl González, Juan Carlos Avena, Eufenio Jorge Uballes, Eduardo Emilio Kalinec, Juan Carlos Falcón, Juan Luis Donocik, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui, Enrique Del Pino y Eduardo Taddei. Eran secuestradores, torturadores. Como señaló el juez Rafecas cuando los procesó, “oficiales de carrera, profesionales, formados en el seno de instituciones históricas de nuestro país”.

“¿No sería más feliz –citó en esa ocasión el juez al filósofo Zygmunt Bauman– si hubiera podido demostrarse que todos los que lo hicieron estaban locos?, pregunta Raoul Hilberg, el gran historiador del Holocausto. Sin embargo, esto es, precisamente lo que es incapaz de demostrar. La verdad que saca a la luz no proporciona ningún consuelo. Lo más probable es que no haga feliz a nadie. Fueron hombres de su tiempo y educados. Este es el quid de la cuestión cada vez que reflexionamos sobre el significado de la civilización occidental después de Auschwitz.”

Los acusados deberán responder por los tormentos y desapariciones de cerca de 200 personas. Todas ellas, señaló Rafecas , fueron sometidas a condiciones infrahumanas de vida: “La derivación al centro clandestino implicaba que las formas de maltrato o mortificaciones, los procedimientos coaccionantes, la intensidad de los padecimientos, el trato cruel con fines de menoscabo físico y psíquico, el completo aislamiento, la violación de su dignidad y respeto a su condición esencial de ser humano irían en una alarmante escala ascendente”.

Agregó el juez que “la variedad y cantidad de personas que dan cuenta de las condiciones inhumanas de vida, los tratos degradantes y la tortura muestran que no son meros ejemplos de un evento aislado, sino que los centros clandestinos estaban diseñados, desde su mismo levantamiento material, para proporcionar ese trato de manera estructural y sistemática”.