A las denuncias de los ex empleados del Jardín Botánico de que una banda cobraba por hacer allí presuntos entierros clandestinos, se sumaron anoche las cámaras ocultas de un programa de televisión, en la que se ve a los mismos acusados de hacer las supuestas inhumaciones cobrando coimas por habilitar ese paseo como locación para publicidades o bien “alquilando” los bancos verdes de plaza. A raíz de esas imágenes, el gobierno porteño hizo una denuncia penal y los dos trabajadores del Botánico que aparecen en las imágenes fueron detenidos. En tanto, el ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, confirmó en el cargo al director del Botánico, Carlos Consentino, quien negó tener conocimiento de las coimas (ver aparte).

Piccardo y el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, hicieron una denuncia penal contra los empleados. Fueron al Botánico e incautaron las computadoras y los documentos de la oficina en la que trabajaban. También les abrieron un sumario administrativo. Los dos fueron arrestados cuando intentaban irse de su trabajo: son el jefe del área operativa del Botánico, Roberto Logiudice –quien también es delegado de Sutecba–, y su secretaria, Graciela Baultrin.

Las cámaras ocultas del programa GPS, que conduce Rolando Graña, entraron al Botánico haciéndose pasar por una productora que buscaba hacer una publicidad para un shampoo. Los atendió Logiudice, quien los envió a hablar con Baultrin. “No creo que haya problema. Este es un lugar cerrado, no un paseo público. Esto lo manejan el director y mi jefe”, dijo ella, sin saber que estaba siendo filmada.

“Nosotros acostumbramos a pedir una colaboración de acuerdo con la locación. Se lo puede hacer en insumos o en efectivo”, le planteó Baultrin, y sugirió que una cifra correcta serían 500 pesos. Más tarde, Logiudice insistió: “Tienen que dejar una colaboración para el Jardín. Es acorde a la locación. Vos no podés venir a filmar acá y traernos una botella de shampoo. ¿Está claro?”, dijo el delegado de Sutecba, quien detalló que les iban a proveer un lugar para cambiarse, el equipo electrógeno y hasta un catering. “Si un día de filmación sale tres lucas, tenés que dejar una colaboración acorde al lugar”, advirtió. Finalmente, recibieron 400 pesos.

Ambos empleados también fueron filmados mientras arreglaban para “alquilarles” un banco de la plaza. “¿Querés que te preste un banco? Avisame y te lo mando con la camioneta de acá. Así no gastan”, ofreció Baultrin. Y así fue: las cámaras registraron una camioneta con el logo del Gobierno de la Ciudad que les entregó dos bancos del Botánico. Nunca les exigieron que los devolvieran.

Como informó PáginaI12, Alberto Barrientos y Juan Marcos Neyra son los dos ex empleados del Botánico que denunciaron que un grupo cobraba por hacer presuntos entierros clandestinos, por sesiones de fotos y hasta para vender los bancos. Como respuesta, la gestión PRO echó a Neyra y le inició un sumario a Barrientos. Entre los acusados por ellos estaban Logiudice y Baultrin. En GPS, Barrientos volvió a denunciar los presuntos entierros y detalló que “cobran entre mil y mil quinientos pesos” por las parcelas y que son “más caras sobre Santa Fe. Sobre Las Heras es más barato”. “Lo hablé con Consentino. Me miró y me dio la espalda”, relató.

Piccardo aseguró a este diario que “Consentino está confirmado, por lo menos, por el tema de los huesos”. El ministro explicó que las denuncias y el despido de los denunciantes “son dos hechos separados”. “Si hay una denuncia, se investiga. Si hay inconducta personal, también se investiga. A los dos jardineros se los separó por faltas de comportamiento y de inconducta laboral”, afirmó. El 28 de mayo, el ministro de Espacio Público ordenó en el mismo acto administrativo sumariar a Barrientos e investigar lo que él denunciaba. Sin embargo, a las denuncias no les dieron demasiada entidad. “Lo de los huesos no existe. Se hizo la investigación a través de la policía y cerraron la causa el 2 de junio”, argumentó Piccardo.

“La policía no llevó al denunciante y fue sin saber en qué lugar concreto estaban los restos. Hacía tres meses que estaban al tanto y ni la Justicia ni el Ejecutivo hicieron nada”, respondió Carlos Pisoni, director de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, que preside Juan Cabandié. El diputado K presentó un pedido de informes y hoy hará otra denuncia penal por los supuestos entierros.