Luego de una sesión que duró más de diecisiete horas y con una asistencia record de 254 legisladores, la Cámara de Diputados aprobó ayer al mediodía el dictamen del Frente para la Victoria que ratificó las retenciones móviles y reivindicó las facultades presidenciales para disponerlas. Obtuvo la mayoría absoluta de los votos, que son el requisito para la ley de coparticipación de impuestos. En los artículos siguientes el mismo proyecto estableció una serie de modificaciones tendientes a diferenciar entre los pequeños productores y los grandes capitales aplicados a la producción agropecuaria, fruto de varios días de negociaciones en las que el presidente del bloque, Agustín Rossi, actuó como intermediario entre los demás bloques legislativos y el gobierno nacional. El régimen creado tendrá validez sólo para esta campaña y vence el 31 de octubre próximo. En el mismo orden del día también se incluyeron, pero no llegaron a tratarse, otros dos proyectos complementarios tendientes a complacer a la Federación Agraria y separarla de la Sociedad Rural y las Confederaciones Rurales, que representan a los grandes propietarios y a los capitales especulativos. Esto obedece a la hipótesis de que expresan intereses distintos.

El voto y después

Los 129 votos con los que se dio media sanción al proyecto se lograron luego de que el gobierno nacional aceptara un gran número de cambios desde la firma de la resolución hasta ayer, con una flexibilidad que la oposición política y social no está dispuesta a reconocerle. Pero las fue soltando en forma gradual, como concesiones sucesivas, y no las organizó en torno de un eje definido que le permitiera celebrar alianzas con algún sector que ampliara su mayoría más allá de las fronteras de su propia fuerza. Las dos semanas de debates en comisiones y en el recinto fueron las más intensas que vivió el Congreso en muchos años y justificaron la apuesta presidencial de destrabar el conflicto abriendo el juego a la institución expresiva de la soberanía popular. El debate fue vibrante, con muchas intervenciones valiosas, algunas en la madrugada, por diputados poco conocidos, cuya calidad de argumentación excedió el nivel de la que llegó a la sociedad a través de los medios en los meses de conflicto. El jueves y el viernes Alfredo De Angeli convocó a través de varios canales de televisión a un cacerolazo nocturno para presionar a los diputados, pero no tuvo eco y frente al Congreso se congregaron miles de militantes kirchneristas. La noche anterior el ex gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, fue agredido por manifestantes que le gritaron montonero. Obeid era uno de los diputados disidentes con el proyecto oficial, lo cual muestra el componente ideológico que se intenta montar sobre el reclamo agropecuario. Los miembros de la Mesa de Enlace rechazaron la media sanción de Diputados pero nadie repitió la amenaza de cerrar el Congreso que había lanzado el Vicepresidente de CRA, Ricardo Buryaile. Por el contrario, Eduardo Buzzi dijo que tenían la esperanza de obtener un resultado distinto en el Senado. El domingo pasado, el diario La Nación anunció en un editorial que era inminente una “monumental crisis institucional”. El mismo día consultó sobre las retenciones a uno de los más conocidos especialistas en la solución expeditiva de problemas: “En el conflicto con el campo, el gobierno quiere imponer un sofisma, una falsedad bajo la apariencia de una verdad. Este problema requiere una solución inmediata que ni Néstor Kirchner ni su esposa, la presidenta, pueden dar. Se trata de una crisis artificial, creada por la tozudez del Gobierno”, contestó Carlos Robledo Puch, condenado a prisión perpetua por once homicidios. Agregó que no leía diarios pero estaba informado a través de la televisión. Es una incógnita si la votación legislativa calmará las demasías que permiten oponer semejante figura a la de la presidente, o actuará como un estimulante adicional.

Uno de los proyectos complementarios que se tratarán en la próxima sesión, crea un fondo de 150 millones de pesos para atender a pequeños productores en situaciones de emergencia agropecuaria debidos, al cambio climático o a fenómenos biológicos que pongan en riesgo la continuidad de los productores y afecten a las comunidades rurales. El otro regula los contratos de arrendamiento, que no podrán celebrarse por menos de cinco años, deberán ser por escrito, permitirán participación en las ganancias, recibirán desgravaciones impositivas cuando se trate de pequeños productores, promoverán buenas técnicas agrarias para proteger el medio ambiente y podrán rescindirse si alguna de las partes incurre en prácticas que deterioren los suelos. Los grandes capitales y los pools de siembra no podrán aspirar a las desgravaciones en IVA y ganancias. El proyecto de arrendamiento fue elaborado sobre la base de uno de la Federación Agraria. La Sociedad Rural se opuso a su tratamiento.

Las compensaciones

El pago de las compensaciones a los pequeños productores de soja o girasol de la cosecha 2007/2008 se extendió a aquellos que produzcan y comercialicen hasta 1500 toneladas, según una escala progresiva que Rossi y los diputados Alberto Cantero y Walter Agosto discutieron con sus interlocutores hasta minutos antes de iniciarse el debate. Quienes produzcan hasta 300 toneladas habrán pagado, una vez recibida la compensación, un derecho del 30 por ciento, es decir 5 por ciento menos que al 10 de marzo. De 301 a 750 toneladas la retención efectiva será del 35 por ciento y de 751 a 1500 pagarán un 35 por ciento por las primeras 750. Recién por encima de las 1501 toneladas regirá la escala dispuesta por el ministerio de Economía en marzo. También se ablandaron otros requisitos para optar a las compensaciones y la forma de pagarlas:

- se eliminó la exigencia de inscripción en el registro de comercializadores de granos. Bastará estar inscripto como contribuyente ante la AFIP;

- se eliminó el requisito que negaba la compensación a quienes tuvieran deuda líquida y exigible por declaraciones juradas presentadas y por pago de impuestos. La compensación se imputará prioritariamente al pago de esa deuda. Las organizaciones gremiales visarán la declaración jurada de sus afiliados, junto con las autoridades provinciales o municipales;

- quedan excluidos del beneficio los propietarios que arriendan el campo y obtienen como pago soja o girasol;

- se suprimió el requisito de que el productor no trabajara más de 150 hectáreas en la región pampeana y 350 en el resto del país;

- el 10 por ciento del Fondo de Redistribución Social se dedicará al fortalecimiento de la agricultura familiar;

- se eliminó el requisito de que el beneficiario de las compensaciones tuviera el cultivo de soja o girasol como actividad principal;

- en las compensaciones al transporte de granos desde las provincias extrapampeanas hasta su destino dentro del territorio nacional se sumaron la provincia de La Pampa, siete departamentos del norte de Entre Ríos, cuatro del norte de Santa Fe, dieciséis del norte de la provincia de Córdoba y diez de la provincia de Buenos Aires;

- las compensaciones podrán cobrarse de inmediato, con un cupón descontable en el Banco Nación.

Doble discurso

El debate parlamentario hizo palidecer el doble discurso del presidente de la Federación Agraria. Lo superó con holgura el diputado bonaerense Felipe Solá, quien fustigó los actos de violencia a los que acuden miembros del sector agropecuario, atribuyó al “clima destituyente” un discurso soez de un oscuro diputado demócrata mendocino que agravió a la presidente. Solá también elogió las modificaciones introducidas por Rossi antes del debate que, confesó, acercaron el proyecto oficial al de su grupo. Pero luego cuestionó la inexistencia de una política agropecuaria y con ese argumento fundamentó el voto opuesto al proyecto de su bloque. Se alinearon con él Luis Barrionuevo, Graciela Camaño, y la ex ministra de Economía del vicepresidente Julio Cobos, un hombre ilusionado con un futuro mejor. Por la mañana, Solá había estado en la Casa Rosada con el propósito de llevar una propuesta que lo colocara como protagonista de la solución y demostrara qué grave error cometió el gobierno al no reconocer su talento designándolo presidente del bloque o de la Comisión de Agricultura. La presidente no lo recibió y quien desechó su plan fue el jefe de gabinete. Dos semanas antes, Solá le había dicho que tenía objeciones pero que no rompería el bloque, donde reiteró su juramento. En la madrugada de ayer, Rossi trató en vano de convencerlo de que, como mínimo, apoyara el proyecto en general y reservara su disidencia para la consideración en particular. También la jefa de la Coalición Cívica Libertadora rehusó sumarse al proyecto de Solá. Según La Nación, Elisa Carrió dijo a los miembros de su bloque: “Nosotros somos opositores, no golpistas. No se presten a ningún acuerdo entre Duhalde y Cobos. Ya en 2001 me invitaron a un gobierno de unidad nacional con la coartada de que había que detener los saqueos, y me negué. Ahora están en la misma maquinación con la excusa del campo”. Al comenzar la sesión, Solá había tomado a golpes a un asesor de la jefatura de gabinete que había impedido el paso a tres dirigentes de la Sociedad Rural que intentaban ingresar con una allegada a Solá.

La leche y el aceite

Mientras el Congreso debatía el proyecto de ratificación de las retenciones, la presidente CFK llegó a acuerdos efectivos con los complejos aceitero y lechero. El Estado dejará de pagar compensaciones a una actividad que es líder en el mundo (exporta entre el 65 por ciento y el 95 por ciento de la producción, según la oleaginosa), y las empresas se comprometen a abastecer el mercado local con una rebaja del 30 por ciento. Esta semana aparecieron las primeras botellas en las góndolas, con el precio estampado en el envase para que las cadenas comerciales no puedan hacer diferencia remarcándolo. Las compensaciones se pagarán de un fondo fiduciario constituido por las propias aceiteras, de modo que el subsidio al consumo interno se prorratee tanto entre las que colocan toda su producción en el exterior, que son la mayoría, como aquellas que además abastecen el consumo interno. Esta semana firmó un acuerdo con el sector lechero que lleva de 0,86 a 1,04 pesos el precio por litro que reciben los tamberos que producen hasta 6000 litros por día. Esto abarca al 97 por ciento de los productores de leche de la Argentina, casi todos en Santa Fe y Córdoba. Durante aquella ceremonia, la presidente reveló que su abuelo fue tambero, de ordeñe manual, al frío de la madrugada. También dijo que en 2003 el productor recibía por litro un tercio de lo que el consumidor pagaba en la góndola. Con el nuevo acuerdo superará la mitad. En los próximos dos meses se seguirá negociando para determinar el costo exacto del litro de leche, lo cual al mismo tiempo arrojará cuál es la unidad económica viable y permitirá organizar medidas de auxilio, como su agrupamiento en cooperativas que les mejoren la escala. Expuso además el objetivo de llegar a los 15.000 millones de litros de producción, mediante la articulación entre la producción y la industria. Pero también apareció junto a otros sectores de la sociedad: en una fábrica de cemento en Pico Truncado y una de autopartes en Chivilcoy, entregando la bandera argentina a la delegación que concurrirá a los juegos olímpicos de China y anunciando la construcción de 7000 viviendas para suboficiales del Ejército. También promulgó la ley de promoción de autopartes, que contempla la producción de 500 mil motores de automóviles y 700 mil de motocicletas. Nada de ello sería posible en una economía regida por los precios relativos de la producción agropecuaria, que las retenciones intentan atenuar.