Tras la feria, los tribunales se sacudieron con la ratificación de la denuncia de la ministra de Defensa, Nilda Garré, contra 31 militares y más de cuarenta civiles por asociación ilícita y cohecho. El fiscal Eduardo Taiano quedará a cargo de la instrucción, pero recién esta semana se hará con la documentación y decidirá las medidas procesales. En el Edificio Libertador, el revuelo recién empieza: el jefe del Ejército, Roberto Bendini, trató de aceitar sus contactos con los “pingüinos” para conjurar un desplazamiento. Su suerte depende del derrotero de la causa en Comodoro Py puesto que, en principio, fueron pasados a disponibilidad cuatro generales –dos en actividad– de su máxima confianza y cinco coroneles. El minucioso trabajo de la Dirección de Auditoría Interna de Defensa también encendió las luces de alerta en las otras fuerzas.

La presentación correspondió por sorteo al juez Rodolfo Canicoba Corral y se basó en el análisis de veinticinco contrataciones realizadas en 2007 en tres dependencias del Ejército: el Comando de Operaciones Terrestres, el Batallón de Intendencias 601 y la Dirección de Asuntos Históricos. Las maniobras fraudulentas implicaban desdoblamientos de contrataciones de los mismos bienes y servicios para efectuar compras de menores montos y evitar controles; falsificación de firmas, adulteración de documentos públicos y adjudicaciones sin los correspondientes dictámenes técnicos, entre otras. Según algunas estimaciones, el monto del fraude ascendería a unos 40 millones de pesos. Otras fuentes duplican ese drenaje.

El coronel Néstor Korbs, dependiente del área de Intendencia, fue pasado a disponibilidad junto con su jefe, el general Eduardo Salvador Gibelli. Más allá del derrotero de la causa en la Justicia, en Defensa siguen acumulando información y llama la atención la cantidad de viajes al exterior de Korbs: en siete años realizó más de cincuenta. El coronel, aseguran entre los uniformados, mantenía una estrecha relación con el general Osvaldo Montero, ex jefe de Inteligencia que fue pasado a retiro a fines del año pasado acusado de conspirar contra la ministra Garré y también denunciado ante la Oficina Anticorrupción por manejos non sanctos en licitaciones y ventas de edificios.

Otro de los generales en actividad desplazados es el director de Personal del Estado Mayor, general Mario Fernando Troncoso. Por su cargo, Troncoso debía autorizar todas las contrataciones superiores a 70 mil pesos. El descabezamiento incluyó al director de Estudios Históricos, general Héctor Mario Giralda, que estaba en retiro, pero había sido convocado a la actividad por el artículo 62 de la ley orgánica del personal. De Giralda dependen todos los museos y archivos de la fuerza. Además de la documentación relevada que prueba maniobras para eludir licitaciones desdoblando compras y contratando, además, a grupos de proveedores vinculados entre sí, hay serias sospechas sobre el uso del edificio del Museo Histórico del Ejército, en la calle México al 200. El alquiler del predio para locaciones de películas o publicidad y del quincho para asados empresarios habría sido realizado en forma irregular sin que mediaran controles sobre montos y destinos de la recaudación.

El comandante de Operaciones Terrestres, general Raúl Horacio Gallardo, también fue pasado a disponibilidad. Gallardo se desempeñó como director del Colegio Militar y en marzo de 2004 marcó sus diferencias con la orden del ex presidente Néstor Kirchner de descolgar los retratos de los represores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone. Gallardo está acusado ante la Justicia de Catamarca por tres secuestros y desapariciones. El general Bendini ha intercedido para que se postergara la declaración indagatoria de su subordinado.

Bendini, a quien la Justicia de Santa Cruz le dictó falta de mérito en una causa por malversación de fondos mientras revistaba en esa provincia, está preocupado por su futuro. Llamó al ministro de Planificación, Julio De Vido, a quien conoció mientras cumplía funciones en el sur, con el fin de sondear apoyos ante el avance de una causa que puede más que salpicarlo. De los 31 militares denunciados, 23 estaban en actividad, es decir que respondían a su mando.