Cristina Fernández hablaba por cadena nacional, desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. La escuchaban allí empresarios convocados para la celebración del Día de la Industria, junto a gobernadores y ministros. Todos esperaban anuncios de medidas de fomento a la actividad fabril, pero la Presidenta sorprendió con algo más, fuera de libreto, que sacudió la agenda política y económica: reveló que acababa de firmar un decreto para disponer la cancelación de la totalidad de la deuda con el Club de París, que el país dejó de pagar cuando declaró el default en 2002. Le respondieron con una ovación, parándose para aplaudir. El desembolso será de “aproximadamente 6706 millones de dólares”, continuó. El dinero saldrá de las reservas del Banco Central, que bajarán a alrededor de 40.500 millones.

La noticia logró el impacto buscado: una mayoría de empresarios y economistas elogiaron la decisión, la oposición expresó discrepancias más o menos profundas y el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado para señalar que se “complace” con la medida, aunque la consideró “un primer paso” hacia un arreglo con otros acreedores, en referencia a quienes quedaron fuera de la reestructuración de 2005.

El Club de París reúne a 19 países desarrollados cuya característica común es ser acreedores de naciones que en algún momento no pudieron cubrir vencimientos de préstamos efectuados por ellos, generalmente a través de sus bancos de promoción de inversiones. Le debe mucho a la Argentina, ya que nació en 1956 sólo por la necesidad de renegociar deudas que el país no podía afrontar (ver página 4). A mediados de los ’80 concentraba el 17 por ciento de los compromisos externos argentinos, luego del período de crecimiento explosivo de la deuda durante la última dictadura. La exposición fue bajando los años siguientes, pero sólo porque el menemismo apeló a otros financistas para seguir elevando el monto global de la deuda. Cuando esa burbuja estalló a fines de 2001, el Club de París quedó entre los acreedores alcanzados por el default.

Después del canje de 2005, que involucró a bonistas privados (el 76 por ciento aceptó la operación y el resto se quedó con títulos impagos), tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina manifestaron más de una vez su vocación de renegociar con el Club de París. Pero advirtieron que no aceptarían el requisito de llegar a un acuerdo previo con el FMI, como exige la institución. Hubo repetidas gestiones para evitar esa condición, siempre con el mismo resultado fallido. La última vez fue la semana pasada, ante el subsecretario para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Thomas Shannon. Sin embargo, el funcionario insistió en que el Club de París se mantenía inflexible en su reclamo de que antes de hablar con Argentina, el Gobierno debía firmar un convenio con el FMI sobre la política económica a aplicar.

Hacía más de veinte días que Cristina venía meditando una salida junto al jefe de Gabinete, Sergio Massa; el presidente del Banco Central, Martín Redrado, y el ministro de Economía, Carlos Fernández. Frente a la respuesta de Shannon, “se analizaron costos y beneficios y se terminó resolviendo que lo mejor era pagar todo de una vez y dar una fuerte señal de que el Gobierno tiene capacidad para pagar la deuda y que también tiene voluntad política de hacerlo”, explicó a este diario una alta fuente oficial.

El Gobierno intenta que el desembolso de más de 6700 millones de dólares despeje las dudas que se acumularon en los mercados financieros sobre la solvencia del país y su intención de cubrir sus compromisos. En parte, esas dudas surgieron por la reciente colocación de un bono a Venezuela a una tasa de interés exorbitante, de más de 15 por ciento. Pero también por el desprecio que Wall Street y buena parte de la city porteña sienten por el kirchnerismo. Cristina hizo referencia a ambas cuestiones en su discurso de ayer al mediodía. Dijo que la cancelación de esta deuda “reafirma una vez más la voluntad de pago de la Argentina de sus compromisos internacionales”. Y cerró con un pedido que aludió a la desconfianza que financistas y empresarios manifiestan hacia el Gobierno: “Les pido a todos los argentinos que miren con mejores ojos a su propio país, a su economía, a sus realidades”.

La Presidenta argumentó que la medida permitirá que el sector privado mejore su acceso al crédito internacional. “Este pago pone a las empresas en la pole position para conseguir financiamiento de estos países” que conforman el Club de París, afirmó. Otro punto central de su exposición fue que la cancelación “es otro paso fundamental en una política de Estado de desendeudamiento, que comenzó con la renegociación de la deuda con la quita más importante que se recuerde y tuvo un segundo paso con el pago al FMI”, señaló.

El decreto que firmaron la Presidenta, Massa y Fernández remarca que “la situación fiscal continúa dando signos de robustez, la permanencia de saldos comerciales favorables mantiene la sustentabilidad de las cuentas externas y el nivel actual de reservas supera con amplitud los márgenes necesarios para el sostenimiento de las políticas monetaria y cambiaria”.

El decreto aclara que las reservas que se utilizarán son las llamadas “de libre disponibilidad”, aquellas que exceden lo necesario para respaldar hasta el ciento por ciento de la base monetaria.

Sin embargo, Martín Redrado, presidente del Banco Central, planteó en privado sus discrepancias con la solución adoptada. El funcionario no estuvo en la Casa Rosada cuando se formuló el anuncio y las segundas líneas del Central se sorprendieron con la noticia. El banquero considera que el costo de la señal a los mercados es demasiado elevado y que era preferible seguir avanzando por la vía de una renegociación a largo plazo.

El carácter sorpresivo del anuncio quedó de manifiesto en que todavía no está cerrado el esquema operativo para realizar el pago ni las características del bono del Tesoro que el Central recibirá como contrapartida del desembolso. Massa y Redrado estuvieron reunidos ayer a la tarde para avanzar en esas cuestiones. El jefe de Gabinete admitió que le pareció “bueno” que la medida haya sido considerada como positiva por el gobierno de Estados Unidos.