El Club de París es casi tan argentino como el colectivo o el dulce de leche. Pero gorila. Tal vez no se pueda considerar al país como mentor de la idea, pero sí como el provocador de su creación. En 1956, el gobierno de Francia convocó a representantes de otros países acreedores de la Argentina para encarar, en forma conjunta, las negociaciones por la refinanciación de la deuda de ese país deudor, tal cual lo había solicitado el gobierno de facto que meses antes había derrocado al general Juan Domingo Perón. Desde entonces, se fue instalando como mecanismo permanente la convocatoria informal a los gobiernos acreedores de un mismo país, para renegociar en forma coordinada y conjunta con el deudor, en caso de dificultad de pago de este último. La Tesorería de Francia quedó designada como operadora permanente de las convocatorias.

En sentido estricto, el Club de París no es una entidad financiera ni un organismo internacional de crédito (OIC). Pero se ha constituido en una suerte de foro con 19 países integrantes: 14 son europeos, acompañados por el quinteto que conforman Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y Australia.

Justamente, esa condición de no ser –o mejor dicho, por carecer de la condición de ser– un OIC, obligará al Gobierno argentino a realizar algún firulete legal para poder disponer de las reservas internacionales y aplicarlas a la cancelación de la deuda con el club.

El mecanismo interno para “tomar” los fondos de la Reserva consiste en la emisión de una Letra de Tesorería (título de deuda) de parte del gobierno nacional, por el monto en dólares requerido. Ese papel de deuda se entrega al Banco Central junto a la instrucción de girar un monto equivalente a una cuenta del acreedor. En este caso, el Club de París. Así, el Gobierno cambia una deuda (externa) por otra (con el BCRA), mientras el Banco Central transforma un activo líquido (en divisas) por un crédito, a cobrar en equis años con los intereses que devengue en ese período. Ese es el mecanismo que se utilizó cuando se canceló la deuda con el Fondo, que podría repetirse ahora.

Es la segunda vez que el kirchnerismo usa la opción de pagar con reservas internacionales una deuda oficial. Y recibe críticas por derecha y por izquierda, pero más por izquierda. El eje del cuestionamiento es que privilegia el pago a acreedores sobre otras deudas sociales, como el pago de los retroactivos a jubilados. Pero las reservas del Banco Central no pueden utilizarse para pagos de transferencias o cancelaciones de deudas previsionales, ya que la Carta Orgánica del BCRA en su artículo 20 limita estrictamente su aplicación. Un pago no compite con otro, porque no son usos alternativos de una misma caja.

Después de saldar la deuda con el Fondo, por algo más de 9000 millones de dólares, el Banco Central tardó apenas nueve meses en recuperar el monto cedido. Esta vez la cifra es menor, pero las condiciones del mercado podrían hacerle más duro a la autoridad monetaria recorrer la cuesta ascendente.

Pero no son cuestiones técnicas, sino políticas, las que mueven al Gobierno a tomar decisiones como la anunciada ayer. La primera decisión es sacarse de encima la presión de los países acreedores para que Argentina se resigne a aceptar un monitoreo del FMI, como tutor de un refinanciamiento, tal cual lo exigía el Club de París. La segunda es, mediante un golpe de efecto, impactarles en el rostro a quienes siguen especulando, en el sistema financiero, con el fantasma del default o de un desequilibrio mayúsculo en las cuentas públicas. Ahora, el Gobierno no sólo rescata deuda (recompra títulos) semanalmente, sino que también de un solo golpe cancela un capítulo completo de la deuda externa.

El pago de la deuda al Club de París tuvo más repercusión política que financiera. Ayer, el mercado se exhibió escéptico, con escaso movimiento en el valor de los bonos, que deberían haber subido por efecto de la baja en el riesgo de incobrabilidad. Con más paciencia, que quizá se mida en semanas, el Gobierno espera recoger frutos a través de la reapertura del mercado internacional de créditos para el sector privado. Mientras tanto, seguirá recibiendo críticas internas y, tal vez, un renovado reclamo de los bonistas que quedaron afuera del canje en 2005.