El juez de Jujuy Mario Juárez Almaraz liberó a los 108 manifestantes detenidos el 20 de setiembre tras la marcha “para que se vayan todos”. Entre los presos estaba toda la comisión directiva del Sindicato de Empleados Municipales (SEOM) y los referentes de los desocupados de la Corriente Clasista y Combativa local. Los militantes llevaban dos semanas en el Penal Número 2 de la capital provincial, como parte de una decisión judicial que las organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos denuncian como un nuevo paso en la criminalización de la protesta social. Anoche todavía quedaba en la cárcel un desocupado, aunque los defensores dijeron que se debía a una cuestión previa, ajena a la movilización.
El oficio ordenando la libertad de los detenidos fue notificado por Juárez Almaraz a las 22 del viernes. Durante la madrugada se reunieron frente al penal unas doscientas personas entre familiares y militantes, esperando novedades. El primero de los detenidos salió a las cuatro de la mañana y el último cuando ya era de día, cerca de las 8. La CCC y la CTA habían anunciado una protesta nacional para este miércoles, con cortes de ruta y movilizaciones si no se liberaba a los presos.
Los disturbios por los que se abrió la causa judicial ocurrieron durante la jornada de protesta del viernes 20, en la que la CTA, la CCC, partidos de centroizquierda e izquierda, asambleas barriales y piqueteros reclamaron la caducidad de todos los mandatos con las consignas “Que se vayan todos” y “No a la trampa electoral”. Ese día, mientras en Buenos Aires se realizaba una movilización a la Plaza de Mayo, en Jujuy siete mil personas recorrieron el centro de la capital. La protesta fue pacífica. Cuando finalizaba, un furgón policial cruzó a los manifestantes. Iniciada la represión con gases y balas de goma, siguieron los disturbios.
La policía reportó 29 negocios, 15 automóviles y dos patrulleros dañados, allanó los barrios de los desocupados y se llevó a decenas de detenidos, entre militantes de la CCC, vendedores ambulantes y transeúntes. Fueron acusados por la fiscal a cargo de atentado contra la autoridad, daños agravados, instigación a cometer delitos y atentado contra el orden público. Esta última figura, correspondiente al artículo 213 bis del Código Penal, fue calificada por los juristas consultados por este diario como un “resabio de la dictadura” que permite “encuadrar como delitos a acciones de legítima protesta social” (ver recuadro).
Desde Jujuy, la abogada defensora Mariana Vargas señaló que “no hay pruebas de los delitos que se imputan” a los piqueteros, a la vez que “tampoco se identificó a los autores de otros delitos que sí existieron”, tales como los daños producidos en los locales. Tres comerciantes declararon que fue la propia policía quien rompió sus vidrieras.
La defensora anticipó que en los próximos días denunciarán a la Justicia episodios de brutalidad policial cometidos durante los allanamientos. Carlos “El Perro” Santillán relató que en la detención de Juan Carlos Bejarano, del Sindicato de Municipales, la policía “tiró abajo una de las paredes de su casa, mientras otros golpeaban la puerta y un tercer grupo entraba por la ventana y encañonaba a sus hijos de 8 y 10 años”. El secretario de prensa del SEOM, de apellido Rojas, sufrió un allanamiento similar. “Se metieron por el techo, rompieron un caño de luz y agarraron del cuello a uno de los hijos”, agregó Vargas.
Entre los detenidos hubo menores, mujeres o vecinos que no habían participado de la movilización. En esa lista figura un grupo de adolescentes de 14 años que salía de una fiesta de su colegio; Sandra Vargas (sordomuda) y su hermana, quien permaneció encarcelada con su bebé; Jorge Peña, quien estaba almorzando con su novia cuando escuchó los disparos de la represión y salió a ayudar; los choferes y camioneros que habían trasladado a la gente desde el interior de la provincia y diez militantes que se reunieron frente a la brigada de investigaciones para pedir la lista de detenidos. La libertad de los presos descomprimió un poco el clima de tensión social vivido en la provincia. De todas formas, en un gesto que sentó posición, el jefe de policía Carlos Carrizo Salvadori prohibió las movilizaciones por el centro.