El jefe del Ejército, Roberto Bendini, pidió su pase a retiro a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia lo procesara por peculado. Los camaristas consideraron que estaba probado que el general había manejado fondos de la Brigada Mecanizada XI por fuera de las cuentas oficiales. Bendini abandona el cargo en el que lo designó el presidente Néstor Kirchner en 2003, en medio de denuncias por malversación de fondos que involucran a 43 altos oficiales. Desde el Gobierno, señalaron que la Presidenta le aceptará la renuncia y que el nombre de su sucesor se conocerá entre hoy y mañana.

Apenas salió a la luz el procesamiento a Bendini –que fue firmado el martes, pero se conoció ayer–, la Presidenta llamó al jefe de Gabinete, Sergio Massa, y le pidió que saliera a informar que el general había presentado su renuncia. Massa dio entonces una conferencia de prensa breve en la que señaló que “ni le sorprende ni le deja de sorprender” el pedido del jefe del Ejército y que en su carta de renuncia el procesamiento “no está planteado expresamente en el pedido de pase a retiro”. “Fue una solicitud voluntaria del general Bendini”, aclaró.

Lo cierto es que Bendini además había perdido consenso interno en el Ejército desde que estallaron los nuevos casos de corrupción en la fuerza: se trata de una serie de contrataciones que involucran a 30 oficiales –a los que se sumaron luego otros 13– y 71 civiles. La Justicia los imputó por presuntas maniobras fraudulentas para favorecer a determinadas empresas en la contratación de servicios. En algunos casos, las empresas estaban vinculadas a los propios militares.

Ayer mismo Bendini tuvo un encuentro con varios generales, que le reprocharon cómo manejó esas denuncias y le dejaron en claro que no tenía su respaldo. La relación con la ministra de Defensa, Nilda Garré, también había alcanzado temperaturas cercanas al cero. Lo único que lo mantenía en el puesto fue la confianza que siempre le tuvo Kirchner y la fidelidad que le demostró, entre otras cosas, cuando obedeció su orden de descolgar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar de la Nación.

Jaqueado por diversos frentes, Bendini le pidió a Cristina Kirchner su pase a retiro, que será aceptado raudamente por la Presidenta, quien habló varias veces con Garré durante el día de ayer. En el Gobierno estimaban que entre hoy y mañana estará definido el sucesor. Anoche se barajaban varias opciones, pero las que más sonaban eran dos: pueden dejar al subjefe de Estado Mayor del Ejército, Luis Alberto Pozzi, y esperar a los ascensos de fin de año. Si eligen otro, deberán pasar a retiro una vez más a una docena de generales, como ocurrió cuando Kirchner eligió a Bendini. En ese caso, uno de los que suena es el general Daniel Camponovo, comandante de Operaciones del Estado Mayor.

Perfumes y botas

En mayo de 2004, Bendini fue denunciado por la Oficina Anticorrupción (OA) por la malversación de fondos públicos cuando conducía la brigada de Río Gallegos, el cargo anterior a encabezar el Ejército. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) había detectado que Bendini abrió una cuenta bancaria paralela a la oficial a la que desvió fondos entre marzo de 2002 y mayo de 2003. La cuenta, que estaba a nombre del jefe de las finanzas de la brigada, el teniente coronel Carlos Espósito, registró movimientos por 524 mil pesos sin el permiso del Tesoro nacional. Allí, la SIGEN encontró gastos no justificados: eran entre el 22 y el 55 por ciento del total, según el mes. Hubo también cuatro transferencias por un total de 22.815 mil pesos en favor de Alba Pérez, la mujer de Espósito, que tiene en Río Gallegos un taller de diseño. Bendini sostuvo que se hicieron esos giros para “reponer dinero adelantado” por la esposa de Espósito.

En la causa, Bendini también fue acusado de haber adulterado las facturas con las que buscaba justificar los gastos. La OA señaló que “la gran cantidad de comprobantes a nombre de terceras personas hace suponer que trataron de responder a los pedidos de la SIGEN con documentación facilitada por conocidos o generada a tal efecto”. Se refería a una serie de recibos de pagos de teléfonos celulares, gastos de supermercado, la compras a la casa de regalos “Flox”, la perfumería Moderna SCS y la joyería Luresmon. Los investigadores consideraron que resultaba extraño que los militares necesitaran gastar esos fondos en costosas arañas, vajilla, perfumes y joyas.

El fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, también denunció a Bendini por el cobro de 13 cheques por 150 mil pesos que no fueron ingresados en las cuentas oficiales. Un peritaje hecho por la Unidad Especial de Delitos Económicos de Gendarmería confirmó que existieron irregularidades en las facturas presentadas. El dinero que entraba a esa cuenta era de fondos “extrapresupuestarios”: eran pagos por servicios –asistencia social, transporte– que prestaba el Ejército al gobierno de Santa Cruz, que en ese momento conducía Kirchner.

El juez Gerardo Caamaño indagó a Bendini y luego dictaminó sorpresivamente que la causa debía ser investigada por la Justicia militar, con lo que se consiguió un pedido de juicio político de la Coalición Cívica. La Cámara de Comodoro Rivadavia le revocó la medida y le devolvió el expediente a Caamaño. El juez, en mayo del año pasado, le dictó la falta de mérito a Bendini.

La medida fue apelada por el fiscal de Río Gallegos, Miguel Segovia, y por el fiscal Garrido, quien insistió en que entre las facturas aparecían regalos de casamiento, como “la compra de una araña con luces para el enlace de Leticia Ommerbon e Ignacio Rimaudo (por la suma de 348 pesos), la compra de una vela cilíndrica blanca con planta cenicero para el enlace Camponovo y Saimoniello y la compra de una caja de té con lámina para encale García Blanco y Scortichi (por la suma total de 119,70 del mismo comercio), un cuchillo en el comercio Rincón Gaucho, por la suma de 80 pesos, y el pago por joyería Luresmon por 52 pesos”.

Finalmente, la Cámara de Comodoro Rivadavia revocó la falta de mérito y procesó a Bendini, Espósito y a su mujer. Los camaristas Javier Leal de Ibarra, Hebe Corchuelo de Huberman y Aldo Suárez no consideraron que esté probado que se haya llevado dinero para fines personales. Simplemente, señalaron que para que se configure el delito de peculado basta con que sustraigan los fondos de las cuentas oficiales, que están auditados por los organismos de control. Por un decreto de 1992, los organismos públicos deben manejarse por ley con una cuenta única en el Banco Nación. Los camaristas decidieron procesarlo sin prisión preventiva, aunque hay diversos criterios sobre si ese delito es excarcelable o no, porque su pena máxima es de diez años.