Por Raúl Kollmann y Laura Vales

La Sala Uno de la Cámara Federal presentó una denuncia para que se investigue por coimas al juez Jorge Urso, a su secretario legal Oscar Aguirre y al abogado Víctor Stinfale. La trama que se devela en la denuncia es que le habrían pedido entre 10.000 pesos y 50.000 dólares a familiares de detenidos en una causa por adulteración de nafta. A cambio del dinero se dejaría en libertad a cada uno de los once detenidos otorgándoles una excarcelación, que mientras tanto estaba –según los abogados que intervienen en el caso– extrañamente demorada en el juzgado de Urso. Los datos sobre las coimas en el edificio de tribunales de Comodoro Py le llegaron al juez Gabriel Cavallo a través de uno de los familiares a los que les pidieron el dinero y que está patrocinado por el estudio que encabeza Luis Moreno Ocampo. Página/12 pudo verificar que hay otros familiares que aseguran que también les pidieron coimas, e incluso ofrecen los detalles: el dinero habría sido pedido por dos conocidos ex jueces federales y un ex secretario legal. Los familiares han pedido que no se publiquen sus nombres porque temen una represalia contra sus allegados que permanecen detenidos desde hace un mes en el penal de Villa Devoto.
La denuncia por coimas en la Justicia Federal quedó radicada en el juzgado de Claudio Bonadío. Hoy declarará ante el juez el abogado Ariel Garrido, quien junto con Hugo Wortman Jofre son los letrados del estudio Moreno Ocampo que se ocupan del caso. Hay rumores acerca de que existen, además del relato de los testigos, otras pruebas que sustentan la denuncia, aunque este diario no pudo verificar ese dato.
El texto de la denuncia de la Cámara Federal, que integran Cavallo y Horacio Vigliani, señala que “el abogado Stinfale habría solicitado a su defendido diez mil pesos para el secretario de la causa, el doctor Aguirre, al que según Stinfale se le entregó el dinero. La gestión igualmente habría resultado negativa debido a que el juez de la causa (se trata del doctor Jorge Urso) se habría dado cuenta y habría solicitado más dinero, razón por la cual el doctor Stinfale estaría haciendo una vaquita de no menos de cincuenta mil pesos por detenido con el objeto de entregárselos al juez de la causa y así obtener la libertad de los detenidos. Stinfale además les habría dicho a sus clientes que si esa gestión resultaba negativa tenía los suficientes contactos en la Sala I de la Cámara Federal para lograr el mismo resultado mediante el pago de una suma de dinero que no especificó”. En otra parte del texto de la denuncia, los jueces señalan que “Stinfale habría argumentado que en la Justicia Federal todo se arreglaba con plata y que los abogados que iban por derecha eran unos estúpidos porque no entendían cómo era la cuestión”.
En la denuncia, los camaristas Cavallo y Vigliani citan el relato que les hizo el abogado Garrido, del estudio Moreno Ocampo, aunque un familiar también se hizo presente en el despacho del juez Cavallo para ratificar lo relatado. Página/12 accedió en exclusiva al texto de la Cámara Federal, pero además consultó con otros abogados y familiares si hubo otros pedidos de dinero similares, no protagonizados por Stinfale. En la investigación realizada por este diario, varios familiares también aseguraron que les pidieron coimas para conseguir la libertad de su familiar detenido.
El caso de la adulteración de naftas tuvo mucha repercusión cuando se produjeron las detenciones, el 5 de setiembre pasado, y buena parte de la ciudadanía porteña puede recordar que los camiones secuestrados por el juez fueron estacionados sobre la avenida Juan B. Justo en una cola interminable (ver asimismo nota aparte). Ese día se hicieron decenas de allanamientos, los camiones secuestrados fueron más de 50 y quedaron detenidas cerca de cien personas: el cargo era fundamentalmente que en distintas destilerías de nafta sin marca se adulteraba el combustible, después se llevaba a varios depósitos y de allí a estaciones de servicio donde se vendía al público. Por ello fueron detenidos camioneros, dueños de depósitos, destilerías y estaciones de servicio. Según los letrados que defienden a los detenidos, el delito de adulteración de combustibles tiene una pena de uno a seis años de prisión y por ello es excarcelable. Sin embargo, de los 40 detenidos originales, hay once que siguen presos. Otros abogados sostienen que existen otros elementos extraños: pericias en las que no encaja el domicilio, la no convocatoria a peritos de parte y muestras en las que no se verifica la existencia de nafta pero el juez igual mantiene la detención. De todas maneras estos últimos son argumentos de los abogados defensores que buscan que sus clientes salgan en libertad. Las supuestas irregularidades empezaron casi al día siguiente de las detenciones:
- En los primeros días después de las detenciones, Stinfale le habría pedido 15.000 pesos al familiar de un detenido. El pedido –como se señala en la denuncia de la Cámara Federal– se habría elevado después a 50.000 pesos para arreglar con el juez.
- Un segundo detenido le habría pagado 20.000 pesos a un alto funcionario del juzgado de Urso. El compromiso era entregarle 40.000 pero finalmente sólo se entregaron 20.000. Salió en libertad.
- Un tercer familiar de detenido fue abordado en los pasillos del edificio de Comodoro Py 2002 por un abogado que le hizo la misma oferta: conseguir la excarcelación cambio de dinero. Ese mismo familiar fue abordado por un conocido que trabaja en la SIDE y que también le mencionó la posibilidad de conseguir la libertad de su allegado. Lo derivó a un estudio de Lanús donde le hicieron un pedido de dinero similar a los anteriores.
- Un cuarto familiar de detenido se habría encontrado con un conocidísimo ex juez en una confitería porteña. El ex magistrado supuestamente llegó acompañado de una persona de nombre o apellido Isaak y le pidieron 50.000 dólares para “sacarlo totalmente de la causa”.
- Los letrados de un quinto familiar de detenido señalaron que un conocido ex juez y un conocido ex secretario de un juzgado –ambos desplazados por gravísimas irregularidades– visitaron a su defendido en Devoto, aparentemente sin autorización. Allí le señalaron que podían conseguir su libertad.
De todos estos elementos, la base de la denuncia que presentó la Cámara Federal es la relatada por un familiar y el defensor Garrido, aunque habrá más de un testigo dispuesto a declarar. En breve diálogo con este diario, el abogado Stinfale señaló que “mi estudio, que actuó en este caso, no está de acuerdo con el fallo que emitió Urso, pero nunca nos pidieron plata en el juzgado. Rechazo la acusación que existe”.
A raíz de la denuncia, la Sala I de la Cámara Federal resolvió excusarse de intervenir en el caso y le pasó la competencia a la Sala II. Sin embargo, esta última rechazó la excusación, por lo cual la causa volvió ayer a la Sala I. Mientras tanto, la denuncia por las coimas en sí misma quedó radicada en el juzgado de Claudio Bonadío, donde hoy irá a declarar Garrido.
A los dos escándalos por las coimas en el Senado, ahora se suma la coima en la Justicia Federal.