Por R. K. y L. V.

“Sé que hubo pedidos de dinero a cuatro de los detenidos, como mínimo. No todos fueron por la misma vía: actuaron distintos abogados e incluso dos ex jueces federales se contactaron con familiares para ofrecer sus influencias. A mí, puntualmente, me propusieron que hiciera una oferta para comprar la libertad del pariente que tengo preso. ‘Yo tengo línea en ese juzgado, si querés resultados la tenés que poner’, me dijo uno de los abogados. ‘¿Cuánto tendría que pagar?’, le pregunté. ‘Vos ofrecé y ellos te dicen, es un juego de oferta y demanda’.”
El relato, tal como se transcribe, fue escuchado por Página/12 de boca de un familiar de uno de los once detenidos por orden del juez federal Jorge Urso en el caso de la nafta adulterada. El testigo pidió reserva de su nombre porque teme que el preso tenga problemas. Otras dos personas también aseguraron a este diario haber recibido exigencias de dinero a cambio de la libertad de los arrestados, o conocer su existencia. Sobre la base de tales relatos y de los datos aportados por cuatro abogados defensores se puede reconstruir lo siguiente:
- La denuncia que involucra a Víctor Stinfale acusa al abogado de haber solicitado dinero para arreglar al juzgado. “Hay que ponerse con Urso”, habría planteado Stinfale a su defendido. El familiar que formula esta acusación asegura que Stinfale había ofrecido inicialmente arreglar al secretario del juzgado con 15 mil dólares. Stinfale, por supuesto, niega todo.
Unos días más tarde habría mencionado que el juez estaba siguiendo de cerca la investigación, por lo que también había que darle una parte a él. El abogado habría sostenido asimismo tener influencias con el camarista Gabriel Cavallo, mención por la cual este magistrado, tras formular la denuncia para que se investigue, se excusó de entender en el expediente (ver nota central).
El denunciante detalló que Stinfale proponía “poner el dinero después de ver el resultado”, es decir hacer primero un acuerdo, esperar a que el detenido recuperara la libertad, y pagar lo pactado. “Total, si después no cumplís te hacen aparecer otra cosa y te vuelven a mandar adentro.”
- Un segundo detenido le habría pagado a un alto funcionario del juzgado a cargo de Urso 20 mil pesos. El mecanismo habría sido el siguiente: el preso, dueño de un depósito de combustible, tuvo que depositar una caución de 40 mil pesos en favor de dos de sus choferes, quienes habían sido arrestados junto con él. Cuando los camioneros fueron exculpados, el empresario recuperó el monto de la caución, pero habría entregado la mitad en el juzgado, tras lo cual recuperó la libertad.
- Un familiar de un tercer detenido fue abordado en los pasillos del juzgado por uno de los abogados que actúan en el caso. El abogado le comentó que estaban organizando una reunión conjunta, de varios defensores, para hacer una vaquita y soltar a los presos. Apuntó además que había conseguido “una línea para llegar al juez y arreglar la causa”.
A la misma familia llegó simultáneamente otro ofrecimiento, por intermedio de un empleado de la SIDE. El hombre de los servicios los puso en contacto con un estudio jurídico de Lanús, donde se repitió, en términos similares, la oferta de pago a cambio de libertad.
- En el cuarto caso se habría presentado como intermediador un ex juez federal, junto a un socio de nombre Isaac. Se reunieron con los allegados al preso en una confitería de la Capital Federal, donde les habrían pedido 50 mil dólares “para sacarlo completamente de la causa”.
La técnica de los abogados y ex jueces federales que realizaron los pedidos de dinero consistía en pintar un panorama negro de la situación judicial de los detenidos, e incluso amenazarlos con que otros de sus familiares podrían también caer presos. Los parientes dicen que fueron los que pagaron cauciones en efectivo quienes sufrieron las mayores presiones, y que en cambio a aquellos que como fianza ofrecieron inmuebles no loshostigaron de la misma manera. Es decir que los pedidos se hacían previo cálculo de las posibilidades concretas de hacerse de efectivo.
También relataron a este diario que existía simultáneamente un segundo frente de presiones. A principios de septiembre, cuando se hicieron los 31 procedimientos del megaoperativo por las naftas, junto con los dueños de las estaciones de servicio y de los depósitos de combustibles fueron arrestados sus empleados. Muchos de ellos fueron alojados en pabellones muy violentos. Los empleados, por supuesto, llamaban así en estado de desesperación desde el penal a la casa de sus empleadores, temerosos de que otros presos los pudieran agredir. Por supuesto, la sospecha es que también esos destinos de alojamientos estaban pensados para “ablandar” a los que pensaran en negarse a los arreglos.
Este temor subsiste aún entre los denunciantes. Ayer, cuando Página/12 se contactó con ellos todos subrayaron que sus padres o hermanos están en el penal de Devoto, donde no tienen manera de garantizarles condiciones de seguridad. En los tribunales federales dijeron que apenas trascendió la existencia de la denuncia firmada por la Cámara, recibieron pedidos para que se extremen las medidas de cuidado con respecto a los encarcelados.