La causa judicial que dio origen a esta denuncia comenzó a principios de setiembre cuando 40 personas quedaron detenidas por adulteración de combustibles. El juez Jorge Urso acusó a once de ellos, todos empresarios, por “infracción a la ley de combustibles”, y tras dictarles prisión preventiva por considerar que los delitos se realizaban “con habitualidad” quedaron detenidos en la cárcel de Devoto.
Si bien los 40 detenidos no conformaban una banda, se había establecido una cadena de delitos. Primero, los llamados piratas del asfalto roban camiones cisterna que transportan los combustibles, aunque entre los detenidos no hay ninguno al que se haya acusado por robo o piratería del asfalto. También las naftas se obtienen comprándolas a empresas petroleras. El siguiente paso es la mezcla con solventes, tinturas y otros componentes químicos, que se lleva a cabo en depósitos clandestinos. Los productos utilizados para adulterar los combustibles, como el tolueno, xilenos y aromáticos pesados, están exentos de impuestos y por ello se agranda la cantidad de nafta a vender a un precio más bajo. Esta mezcla, denominada “sopa”, se incorpora a las naftas para aumentar su volumen y no modifica su aspecto. Por último, los combustibles son vendidos al público.
Los cuarenta detenidos, empleados administrativos, operarios, camioneros y propietarios de estaciones de servicio fueron acusados en un primer momento por los delitos de evasión impositiva, falsificación de marcas y defraudación. Sin embargo, la mayoría quedó en libertad porque el juez Urso dictó falta de mérito. Sólo los once empresarios y comerciantes quedaron presos por la distribución y venta de nafta adulterada. Urso también los embargó por 500 mil pesos y los acusó de “infracción a la ley de combustibles”. Si bien los delitos son excarcelables, Urso consideró que se realizaban “con habitualidad”. Por esta causa también quedó complicada la situación legal de la petrolera Rhasa, a la que “se debe seguir investigando”, señaló el magistrado.
La investigación, que supuestamente duró seis meses, concluyó con una serie de 31 allanamientos a depósitos, refinerías y estaciones de servicio, en los que se secuestraron 1.700.000 litros de la llamada sopa. Asimismo, se clausuraron diez estaciones de servicio, algunas de ellas no pertenecientes a ninguna cadena multinacional y otras, en su mayoría, denominadas “estaciones de bandera blanca”. “Cualquier estacionero que compre combustible a menor precio sabe que su procedencia no es lícita”, señaló el Jefe de la División de Investigaciones de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, comisario Osvaldo Mateo. De todas maneras, es obvio que por el volumen y la magnitud del negocio, la adulteración de nafta es un negocio ilegal que cuenta con protecciones de todo tipo.
La cadena compuesta por 10 estaciones de servicio, 15 depósitos y cinco destilerías situadas en el sur y el oeste del conurbano bonaerense produciría unas pérdidas de unos 30.000 litros de nafta por semana, un volumen que las petroleras dejan de vender y que provienen del robo.
Las principales empresas de comercialización de combustible aseguran que ellos se encargan de controlar a las estaciones de servicio, con las que establecieron un régimen de franquicia, a través del monitoreo de la cantidad de nafta que ingresa y se vende. Por supuesto, señalan a las llamadas estaciones blancas, las que no tienen marca, a las que acusan de vender el combustible truchado.
Otro de los delitos relacionados con la adulteración de combustibles es el robo cisterna y la mayoría de estos delitos se registran en el conurbano bonaerense. Es más, fuentes del sector petrolero aseguran que cada empresa pierde en promedio un camión cargado con 30 mil litros de nafta por semana.