El viernes próximo el teniente coronel retirado Héctor Mario Schwab, 62 años, tendrá que presentarse ante los tribunales de Tucumán. El juez federal subrogante Daniel Bejas intimó al militar a prestar declaración en la causa por la desaparición de Carlos Alberto Rocha. La cita original fue el pasado 11 de septiembre, pero Schwab eludió el trámite. Las coartadas se le van acabando a este hombre que actuó bajo las órdenes de Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. Schwab es un oscuro personaje que se ha reciclado como empresario de agencias de investigación y seguridad, como coleccionista de arte y como uno de los protectores–financistas de la lobbista castrense Cecilia Pando y su esposo, Rafael Mercado. Es uno de los cuarenta y seis represores con pedido de captura internacional dictada por el juez español Baltasar Garzón.

Las leyes de punto final y obediencia debida le permitieron a este oficial de infantería asimilarse a la vida civil a pesar de su tortuoso pasado durante la dictadura. La anulación de esas leyes reactivaron las causas y ahora el devenido empresario que combina la seguridad con la gastronomía tendrá que dejar su confortable piso de Arcos al 2200 para trasladarse a Tucumán. PáginaI12 informó en el 2006 que Schwab estaba siendo investigado por la desaparición de Rocha, empleado de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Durante la intervención de Bussi, Schwab fue director de Parques y Jardines de la capital tucumana. Rocha, obrero del área de ingeniería, fue secuestrado en la mañana del 27 de abril de 1977 cuando trabajaba en una demolición que estaba bajo la supervisión de Schwab. Se lo llevaron delante de sus compañeros. La denuncia original fue presentada por la hermana de Rocha, Susana. La mujer declaró ante la Justicia que el día posterior a la detención, el esposo de su madre, Carlos Virgilio González, fue a buscarlo a la obra donde estaba asignado. Allí le preguntó a Schwab qué había pasado y le contestó que él no tenía nada que ver, que había actuado la policía de la provincia. Ese mismo día, González fue a la Brigada de Investigaciones, donde pudo ver a Rocha, custodiado por soldados del Ejército. Cuando insistió con su reclamo ante Schwab, la respuesta fue: “Si sigue molestando, lo hago detener a usted y a toda su familia”.

Otro hermano de Carlos Rocha, Ramón, prestaba servicios en el Ejército en aquel momento. Por eso se animó a ir a la casa de Schwab para ver qué pasaba. Un testigo presencial de ese encuentro, Juan Enrique Rodríguez, confirmó que el entonces teniente le contestó que él lo había mandado a detener. Rocha sigue desaparecido.

Establishment represivo

El 24 de julio de 2003 llegó a la Argentina el pedido de captura internacional de cuarenta y seis represores argentinos firmado por Garzón. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral cumplió con el exhorto gestionado a través de la cancillería. Schwab fue uno de los apresados, pero el trámite de extradición no se completó porque se reabrieron los procesos judiciales en el país. Precavido, el ex secretario de la Unión de Promociones –la asociación de militares que se encarga de confortar a sus camaradas presos por delitos de lesa humanidad– optó por hacer un cambio de manos y puso a nombre de su esposa Ada María Palermo y de su hija María Pía la empresa de seguridad e investigaciones Scanner S.A. María Pía fue junto con Cecilia Pando una de las pioneras de la asociación que defiende a los “presos políticos” (así califican a los represores presos por delitos de lesa humanidad). En Scanner consiguió trabajo el esposo de Pando cuando lo pasaron a retiro en el Ejército.

En el 2001, Schwab como titular de esa empresa había sido denunciado por un grupo de ex empleados de Movicom que le habían iniciado juicio a la telefónica por irregularidades en la contratación. Para disuadir a los querellantes, según los testimonios acumulados en la causa tramitada en el juzgado de Instrucción Número 30 de la Ciudad de Buenos Aires, Schwab –contratado por Movicom– apelaba a seguimientos, escuchas y amenazas veladas. La democracia le permitía usar los métodos que había aprendido durante la dictadura. El estudio de Roberto Durrieu, ex subsecretario de Justicia de Jorge Rafael Videla, defendió al militar retirado en la causa por extorsión iniciada por los telefónicos. Después de años de trajín tribunalicio, el pleito terminó en una conciliación a pedido de Telefónica que había comprado Movicom y ahora como Movistar había heredado sus juicios.

En otra de las causas que Schwab tiene pendiente en Tucumán, los hijos del empresario Manuel Pérez denunciaron que su padre fue secuestrado el mismo 24 de marzo de 1976. Después de meses en un centro clandestino fue liberado luego de pagar un millón de dólares. El calvario no terminó ahí: los hijos testimoniaron que Schwab era la persona que se presentó cerca de treinta veces a exigirles plata. Los pagos se concretaron en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, el campo de concentración más grande de Tucumán, y en un paseo del Parque 9 de Julio.

Estas cuentas con el pasado inquietan al activo teniente coronel retirado que supo tejer un sólido vínculo con el ex obispo castrense Antonio Baseotto. Como empresario de seguridad también afianzó relaciones con el ex titular de Aerolíneas, el español Antonio Mata y ante sus íntimos se lamentaba de no poder disfrutar de los pasajes que le ofrecían por la espada de Damocles del pedido de captura internacional. Hasta ahora zafó de los tribunales argentinos, quizás esta semana le empiece a cambiar la suerte.