“La Justicia tiene un tremendo temor a la publicidad y en particular a la televisión. Si los jueces le temen, significa que algo bueno tiene la TV”, planteó Alberto Bovino. “El control del principio de publicidad en los juicios penales no puede quedar a cargo del propio juez porque, como funcionario, igual que un gobierno o un Parlamento, también él debe ser controlado. La publicidad es un principio constitucional y un juez es un funcionario. Si no le gusta, lo que puede hacer es renunciar”, explicó Gabriel Ignacio Anitua.

Las reflexiones de Bovino y Anitua, prestigiosos docentes de la Facultad de Derecho de la UBA, formaron parte ayer de la segunda jornada del seminario organizado por Abuelas de Plaza de Mayo y el departamento de Derecho Penal de esa casa de estudios y tienen un destinatario inequívoco: el Tribunal Oral Federal 5 que, a diferencia de sus pares del resto del país, prohíbe a los reporteros gráficos cubrir y a la sociedad acceder por su intermedio a las audiencias de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

La prohibición del tribunal que preside Guillermo Andrés Gordo fue objetada por el fiscal federal Félix Crous, por los querellantes, por organizaciones de prensa como Argra o Fatpren, por el Concejo Deliberante y el intendente de Morón, Martín Sabbatella, por prestigiosos jueces como Leopoldo Schiffrin, Carlos Rozansky y Jaime Díaz Gavier, y ahora también por académicos. Al debate, sin embargo, le sigue faltando una pata: el tribunal porteño que concentra la mayor parte de los juicios a represores apenas invocó el riesgo de atentar contra “la espontaneidad de los testigos” y no se pronunció sobre la posibilidad de transmitir alegatos y sentencias, como las que permitieron seguir la arenga de Menéndez, el llanto de Bussi o el desequilibrio de Cecilia Pando. Crous ya apeló la negativa, por “arbitrariedad manifiesta”, ante la Cámara de Casación.

“Es ridículo pensar que la publicidad se satisface con el ingreso a la sala de las partes y unas pocas personas”, consideró Anitua, que dedicó al tema su tesis doctoral. Entre las funciones que debe satisfacer la publicidad subrayó la de garantizar al imputado un juicio justo, “el derecho al grito de la víctima y de la sociedad” y “la posibilidad de controlar a los funcionarios judiciales” como ocurre en Estados Unidos, donde un canal de cable transmite juicios en vivo.

Anitua vinculó la decisión de Gordo “con la crisis actual de la Justicia” y subrayó que en los juicios vinculados con el terrorismo de Estado “la publicidad tiene la función esencial de fijar la memoria histórica”. Citó como antecedentes el juicio de Nuremberg, el Tribunal Penal Internacional que juzgó crímenes en la ex Yugoslavia y el Juicio a las Juntas. “Así como los aliados tuvieron especial interés en que los alemanes conocieran los hechos aberrantes de los campos de concentración, el TPI se planteó como prioridad la filmación y difusión del juicio en toda la ex Yugoslavia, para que la verdad tuviera efecto”, destacó. “La publicidad del Juicio a las Juntas, pese a que se transmitió sin sonido por el contexto de 1985, fue un gran acierto. Su efecto fundamental fue que sólo unos pocos locos siguieron reivindicando la dictadura militar”, agregó, y consideró que “no es casual” que a diferencia de Augusto Pinochet o Francisco Franco los jerarcas autóctonos fueron marginados por la sociedad.

Quienes reforman los códigos argentinos “no tienen televisión en la casa”, ironizó Bovino. “La Justicia es el más oscuro de los poderes, tiene diversos mecanismos para opacar sus actos”, dijo. Bovino refutó uno a uno los argumentos que suelen esbozarse para restringir la publicidad de un juicio. Sobre la afectación a la espontaneidad de los testigos invocada por Gordo explicó que “un testigo nunca puede ser espontáneo”, por varias razones: desde la advertencia sobre el castigo que recibirá si miente, pasando por la presencia indiferenciable de imputados y abogados, hasta “el estrado en las alturas, la cruz amenazante y toda una simbología de poder que oscurece” la posibilidad de declarar con espontaneidad. Bovino también destacó que “la TV tiene sentido en las salas si la organización de la actividad judicial es comprensible” y para ello es imprescindible que el lenguaje del micromundo judicial sea accesible a toda la sociedad.

Ambos profesores disintieron con la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia use sus facultades de superintendencia para pronunciarse sobre el tema y coincidieron en que debe ser el Congreso el que esclarezca por ley en qué casos puede acotarse la publicidad de un juicio. Organismos de derechos humanos y diputados ya trabajan en un proyecto para modificar el Código Procesal Penal con el fin de terminar con la discrecionalidad que permite a los magistrados actuar de espaldas a la sociedad.