“Llegó la hora de la verdad, llegó el momento de dejar de sancionar a las víctimas. Es el momento de empezar a tratar a los enfermos”, dijo Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte, después de hacer un diagnóstico feroz y agobiante (se comprende su tono de agobio) sobre el impacto que produce la prohibición del consumo de drogas entre los sectores más jóvenes de la pobreza. A su lado, el camarista federal Horacio Cattani desarrolló la historia de la estigmatización social en el país amparada bajo la figura del consumo de drogas y golpeó las raíces del discurso prohibicionista. El juez del Tribunal Oral Federal marplatense, Roberto Falcone, atacó el sentido mismo del discurso llevado al absurdo de que “si a una mujer que compra en un supermercado le aplicaran la ley 23.737, se consideraría que lo que compró lo hizo para comercializarlo”. Por último, la diputada oficialista Diana Conti dio otra perspectiva cuando aseguró que para una ley que despenalice el consumo “no se puede contar con el Congreso, porque no hay interés o hay intereses ocultos”.

El panel “La ley penal y el consumidor” prometía ir al fondo, a la lógica profunda del sistema. Los nombres de los participantes hablaban por sí mismos. Ellos hablaron de las drogas, de otra droga, la de la prohibición, la adicción de sus agitadores, y los efectos adversos primero de la estigmatización y, ahora, con la salud defenestrada de lo más joven y pobre de la población. El ánimo, en conjunto del panel, fue el de sacar el problema del consumo del ámbito penal y trasladarlo al de salud.

Zaffaroni comenzó dando un panorama poco alentador. “Hace 31 años que vengo diciendo lo mismo”, bromeó sin bromear. Hizo una analogía entre vino y droga (ver recuadro), un recorrido entre la inspiración por prohibir y sus resultados adversos, entre el negocio y el discurso prohibitivo. Después, señaló que “el alcohol desinhibe, la marihuana es de la época de los hi-ppies, la cocaína es de la época en que había que estar brillante. Pero ahora nos ha llegado el tóxico de la miseria, que produce lesiones irreversibles”. Antes había dicho que la política de drogas, la prohibición, provoca una división por poder económico, y que los más pobres consumen drogas cuyos productores no tienen la menor intención de procesarlas con cierto control de calidad, son drogas baratas, que se hacen mal y que destrozan.

Aclaró que “la política prohibicionista es mundial, no vamos a ser nosotros los que podamos modificarla desde acá. Pero terminemos con el discurso absurdo de que con la prohibición vamos a hacer de-saparecer el consumo. Es el disparate más grande. Pero este disparate se consideró verdad. Es momento de dejar de sancionar a las víctimas. Es el momento de tratar a los enfermos. Que todo el esfuerzo que se dedica a perseguir a consumidores se dedique a perseguir a los traficantes de estos tóxicos baratos, terminemos con la política que desvía el esfuerzo estatal”. Y dijo que “a veces no sé si se hace de buena fe o es una fuente de formación de cajas”.

Cattani hizo una reseña sobre el recorrido o el origen del pensamiento prohibicionista en el país. “Para los penalistas es obvio que no se puede penalizar a la víctima –dijo–, pero para la sociedad, para los políticos no es tan obvio.” “En el ’91 (en el proyecto del Código Penal de 1891) no existía ninguna figura delictual relacionada con la drogadicción –señaló Cattani–. Pero en el ’24 tenemos una inmigración masiva. Fue el momento en que el diputado Leopoldo Bard (UCR) empezó a estigmatizar a los inmigrantes, agitando la idea de que no había una figura delictiva que sancionara el tráfico de drogas. En ese momento, no había un problema social, no había una necesidad de combatirlo como un problema, sino que se trataba de estigmatizar al inmigrante.” Leyó entonces el discurso de aquel momento, “parece escrito hoy por otros cruzados”, subrayó la curiosa (no sorprendente) similitud con el discurso de un “ex ministro de Justicia en 1994”, en alusión se supone que al ex ministro de Justicia y ex juez de la Corte menemista Rodolfo Barra. Cattani destacó que el agitamiento prohibicionista no fue propiedad de gobiernos dictatoriales y recordó que entre 1968 y 1973 se vivieron cinco años de desincriminación, paradójicamente con gobierno militar. Recordó después que en 1974 se sancionó la ley 20.771, conocida como la ley de estupefacientes, cuyo artículo 6º fue motivo de inconstitucionalidad en el histórico fallo de la Corte conocido como fallo Bazterrica, que mantuvo la idea de respeto a la libertad individual en el caso de tenencia y consumo personal, hasta el desembarco de la Corte menemista que lo sepultó bajo la alfombra roja. “En la 20.771 .. hiló Cattani.., se usa la misma palabra que se usaría más tarde, ‘aniquilamiento’.”

Siguió Falcone, con una seguidilla de párrafos que transformaban el discurso prohibicionista y la ley 23.737 en un absurdo, y atacó la idea de emparentar en un “binomio al vendedor y al comprador. Dicen que sin comprador no hay vendedor. Acaso cuando alguien va al supermercado se entiende que por comprar está comercializando”. Describió a la 23.737 como una ley esquizofrénica. “Si el adicto se cura, le extinguimos la aplicación de la ley penal, pero si es un adicto muy enfermo y no se cura, lo castigamos, sale y se lo vuelve a detener.” Defendió los derechos individuales, al Código Penal como un límite al poder del Estado, y sostuvo que el “derecho penal no tutela la moral, cuando nos metemos en lo moral nos enredamos”. Con un ejemplo sintetizó el nudo de la ley actual: “Si una madre, para cubrir a su hijo, oculta una bolsa de cocaína cuando viene la policía, y la descubren, esa madre es narcotraficante. Pero si el hijo, en lugar de la bolsa de droga le entrega un revólver, esa madre es encubridora”.

Después llegaría el turno de la diputada Conti. El momento en que dio un estado de situación parlamentario en relación con el impulso por la despenalización. Entonces, se hizo la noche: “No se puede contar con el Congreso –dijo–, hay una connivencia peligrosa con los que piensan por la criminalización”.